A finales de 2011 había en el mundo
26,4 millones de desplazados (por razones económicas, políticas, de seguridad,
etc) de sus lugares de origen. En una década, el 40% de la población española
podría ser pobre de solemnidad.
¿Que qué tiene que ver una cosa
con la otra? Ya lo creo que tiene que ver. Y a eso voy si me aguantan unos
cuantos párrafos.
A ustedes, lectores, lo más
probable es que no les suene de nada la Convención de Kampala. Es natural. Por aquí
ya tenemos bastantes preocupaciones como para estar pendientes de cosas que
pasan muy lejos de nuestra casa, más cuando, si no media catástrofe
natural, genocidio, o cataclismo
similar, los medios de comunicación olvidan el drama que viene representándose
desde hace generaciones en muchos lugares del mundo y, particularmente, en
África.
La Convención de Kampala –adoptada
en 2009, que las cosas van despacio en esto de atender las miserias de este
mundo- ha entrado en vigor a principios de diciembre de este 2012 y establece que incumbe a los
Estados la responsabilidad primordial con respecto a sus ciudadanos desplazados
internamente, pero también insta a acciones nacionales y regionales para
prevenir el desplazamiento interno y asegurar que las personas desplazadas sean
protegidas y asistidas. Acnur, que ha colaborado en la redacción final de la
Convención, puede brindar apoyo a los gobiernos en la adopción de medidas
concretas.
Finalizando el año 2011, como se ha
dicho, había 26,4 millones de personas desplazadas internamente en todo el
mundo; los refugiados (personas que han cruzado una frontera internacional)
eran 15,2 millones. En toda África, hay 9,7 millones de personas desplazadas
internamente de las cuales 6,97 millones reciben asistencia del Acnur, más que
en cualquier otro continente. Los países con el mayor número de desplazados
internos en África son Somalia (1,36 millones), Sudán (2,4 millones) y la
República Democrática del Congo (según estimaciones diversas, más de 2 millones).
Sin duda Kampala es un esfuerzo
destacable, fundamentalmente porque es el primer instrumento internacional legalmente
obligatorio en materia de protección y asistencia de desplazados internos que
engloba a todo un continente. Pero claro, faltará que el marco normativo se
acomode a la realidad concreta. Como escribe Prisca Kamung "Más allá de las buenas intenciones: implementar la Convención de Kampala" en RMF http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF34/53-55.pdf), estudiosa de la Universidad
de Witwatersrand, Sudáfrica: “En la
mayoría de los países africanos, las buenas leyes suelen volverse inocuas a causa
de una cultura política en la que reina la impunidad. Los que violan los derechos
humanos suelen ser intocables: gente poderosa en el Gobierno, en la economía y
en otros sectores influyentes. El poder de su control e influencia mina la
sociedad civil. Este hecho desemboca en un entorno político hostil –peligroso
incluso– para las víctimas y los defensores que abogan por encontrar soluciones
duraderas. Asimismo, se traduce en situaciones de desplazamiento prolongado, lo
que sugiere que el desplazamiento en la mayoría de países africanos es un
problema político que requiere de mucho más que soluciones jurídicas”
Texto
completo de la convención de Kampala:
El problema
de las poblaciones desplazadas es sin duda trágico y tiene dimensiones difíciles de concebir para nuestra mentalidad
de occidentales. Pero…conviene que nos vayamos acostumbrando.
Por supuesto
que no es comparable. Puede que haya quienes vean en el paralelismo que haré
enseguida una impostura. Y tal vez lo sea. Poco me importa, la verdad. Sospecho
que para quienes están al borde la exclusión o ya han empezado a descender por
la pendiente del precipicio, la semblanza no les parecerá tan atrevida. Cuesta
trabajo ponerse en la piel de aquellos a quienes ha desplazado el desastre de
sus vidas, sí. También resulta difícil, sentir qué sienten aquellos que lo han
perdido todo…habiéndolo tenido casi todo. Tengo la sensación de que son dos
problemas en las antípodas que, por eso mismo, se parecen: esos movimientos
genocidas son el resultado en parte de la inexistencia de marcos normativos de
protección, de una cultura del bienestar bien asentada, de un proyecto de
sociedad. Lo que está pasando en Europa, particularmente en el sur, es como el
proceso inverso: la destrucción de todo eso que acabo de decir con resultado de
exclusión creciente para una parte muy significativa de la población.
Me estoy refiriendo, para lo que más cerca nos toca, a las escalofriantes previsiones
para España de Intermón Oxfan (http://www.intermonoxfam.org/es)
en el informe presentado la semana
pasada y titulado “Crisis, desigualdad y pobreza”
Esta
organización lanza el siguiente aviso: “España podría
alcanzar los 18 millones de pobres (¡casi el 40% de la población!) en una
década si se mantienen las medidas de austeridad y los recortes sociales” Correlato:
“España podría tardar 25 años en recuperar el nivel de bienestar social
anterior a la crisis” “Estamos volviendo a la España de Cuéntame, una España dual, de ricos y pobres, más pobre, más
desigual, con menos derechos sociales, y que da la espalda a los más
vulnerables al castigar de forma desproporcionada la cooperación para el
desarrollo y las políticas sociales”
El informe analiza la respuesta a las crisis de América
Latina y el Este Asiático en las décadas de los 80 y 90 y la desigualdad y
pobreza que generaron sobre la población, comparándolas con las políticas de
austeridad y los recortes sociales que se están aplicando en nuestro país. Y, aunque el punto de partida de España con respecto al
modelo cuando comenzaron sus crisis es diferente, las medidas aplicadas hoy en
nuestro país, asegura Intermón, son las mismas que generaron grandes bolsas de
pobreza y abismales niveles de desigualdad en aquellos países. De libro: la
actual espiral de menos crecimiento, menos impuestos recaudados, elevada
evasión fiscal, salida masiva de capitales, deuda cada vez más cara (que devora
los presupuestos) y una reducción brutal de las políticas públicas esenciales,
incrementa los niveles de pobreza y desigualdad. Tras cuatro años de crisis ya,
España encabeza el nivel de desigualdad en la Unión Europea.
“Las respuestas a las crisis son opciones políticas y
España y la UE están tomando un camino equivocado, que de no rectificar, nos
abocarán a un nuevo contrato social
entre los poderes y la ciudadanía. En este nuevo equilibrio de fuerzas, la
participación ciudadana en las políticas públicas se restringe aceleradamente y
el poder del Estado cede espacio frente a los mercados”, afirmaba Vera en
el acto de presentación de este Informe.
La destrucción de las políticas sociales es un drama que
afecta de forma desproporcionada a las personas más vulnerables del planeta,
independientemente de dónde vivan. “La cooperación al desarrollo es una parte
esencial de esa política para luchar contra la desigualdad y la pobreza a nivel
global. Un mundo dual, en el que unos pocos ricos sean cada vez más ricos y
muchos pobres sean cada vez más pobres conformará un mundo cada vez más
injusto”, manifestaba José María Vera,
director General de la ONG, en el acto de presentación del Informe.
Así es que, ítem más: si consideramos que España sigue
siendo hoy uno de los países con mayor nivel de desarrollo, con una renta 50
veces mayor que la de cualquier país de la región africana del Sahel, por
ejemplo, en un mundo interconectado e interdependiente, nuestro empobrecimiento
afectará también exponencialmente (ya ha empezado con las políticas de recortes
drásticos en materia de cooperación) a la cooperación y ayuda al desarrollo.
¿Qué hacer? A menudo escuchamos que las políticas que se
están aplicando en Europa solo nos hundirán más y más; pero no es frecuente
encontrar junto a ese juicio –que pocos discuten ya- una lista de propuestas.
Intermón Oxfan, si ofrece algunas recetas: el informe incluye recomendaciones
alternativas a los recortes para propiciar un cambio de rumbo en esta grave
situación en la que nos encontramos.
Las principales medidas propuestas se basan en tres
grandes ámbitos que son recaudar con justicia, blindar los derechos sociales y
fortalecer la democracia:
“Es necesario aumentar la recaudación y la justicia
fiscal, luchando contra los paraísos y la evasión fiscal, estableciendo medidas
de recaudación progresivas que incluyan una tasa a las transacciones
financieras internacionales y que financien la lucha contra la pobreza
doméstica y fuera de nuestras fronteras. Asimismo, es imprescindible blindar
las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo ante los constantes
ajustes fiscales que se realizan. Y, finalmente, adoptar medidas de mejora y
regeneración democrática, impulsando la transparencia (con una ley específica
de acceso a la información homologable a las del entorno europeo, mucho más
allá del actual borrador en discusión en el Congreso), y apostando por una
ciudadanía activa, algo que parece ignorar el actual borrador de nueva ley de
educación”
Informe completo:
Algunos datos de interés:
¿Debemos reflexionar sobre todo esto? Me parece
imprescindible desde luego. Pero, en realidad creo que hay una percepción
social creciente que es la responsable de tantos y tantos movimientos de
protesta en tantos y tantos órdenes de la vida social española y europea. No
deberían escudarse las clases dirigentes (no solo los políticos) en la ausencia
de una articulación formal para esos movimientos. Puede llegar a ser
extremadamente peligroso, si también aquí acabamos no teniendo nada que perder y, a lo que parece, vamos camino
