Un
grupo de personas ocupa durante unas horas el vestíbulo del edificio
de la Junta Municipal de Usera en Madrid. Son muy pocos. Hacen algo
de ruido. Revuelta lee en público un texto de denuncia y fuerza una
reunión con la concejal del Distrito (PP) No dura mucho y cuando
termina resume en apenas un gesto y un par de frases lo que ya
sabemos, que desde el Ayuntamiento no harán nada por resolver los
graves problemas de la gente que es expulsada de su casas. A mi me
pide la documentación un policía municipal por hacer fotos del
grupo…,y por estar allí, supongo; es lo que hay.
Mercedes
Revuelta viene del 15M. Es a partir de entonces -me dice- que tomó
conciencia de la barbarie de los desahucios. Sigue en primera línea.
La
vivienda es un derecho. Puede parecer un recurso manido, pero es
acaso el mejor marco de referencia: Dice la Constitución en su
artículo 47 “Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos”
No es muy
original nuestra Constitución puesto que al reconocer el derecho a
la vivienda se atiene al artículo 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Es tras el reconocimiento de tal derecho que
los poderes públicos quedan mandatados para hacerlo sustantivo; de
dos maneras: promoviendo condiciones y normas (nuestra Carta Magna es
incluso más específica en lo que respecta a la especulación) y
haciendo partícipe a la comunidad en su conjunto de las plusvalías
y beneficios de cuanto los entes públicos hagan al respecto.
Es
obvio que el
Estado español
no
cumple
estos mandatos.
Juan
A. Cabrera (JC) ¿La
cesión o venta de viviendas de propiedad pública al sector privado
podría
considerarse
inconstitucional si no se hace respetando al menos durante un
razonablemente
largo
periodo de tiempo las condiciones de uso que estableció la
Administración en origen? ¿Porqué
cree que el expolio de patrimonio público no se persigue con la
dureza que cabría esperar?
Mercedes
Revuelta (MR)
Así debería ser, sí. La
venta de vivienda pública
o que
se ha construido
sobre
suelo
público,
ha
de
estar blindada
y sujeta
a plazos muy largos de carencia, mucho más que esos siete o diez
años que son los períodos contemplados hasta ahora. Es de sentido
común: se trata de muy
cuantiosas
inversiones de dinero y de esfuerzo públicos que deben ser
rentabilizados socialmente. Y, además, deben ser destinadas
exclusivamente al alquiler.
De
no hacerlo así, vemos que quienes resultan beneficiados son los
promotores, primero en la venta especulativa
misma
y luego
porque de un modo u otro están detrás de las entidades que compran
una
vez que las administraciones públicas se las venden a precios muy
por debajo de mercado.
No
se persiguen estas conductas con la celeridad y la contundencia que
sería de desear porque
quienes
venden son
políticos
que están
totalmente conchabados
con los compradores. Lo hemos visto en Madrid en donde
la ex
alcaldesa Ana Botella
vendió
unos paquetes de
vivienda
y detrás
del comprador, unas
veces directamente y otras de manera interpuesta,
estaba
su hijo formando parte de la cúpula
directiva del fondo de inversión
Cerverus que
es el propietario final.
Es de
una
desvergüenza
abrumadora.
La
corrupción llega al punto de que el entramado de normas y cambios en
las políticas de vivienda parecen hechos deliberadamente para
favorecer y beneficiar a esos fondos.
JC.-
Parece que es insuficiente a todas luces el parque de viviendas de
titularidad publica, en sus diferentes modalidades, disponibles en
España tanto en venta como en alquiler. Según
el Ministerio de Fomento y con datos de 2018, en España solo se
entregaron en ese año 4.938
pisos sociales en toda España cuando
cerca de medio millón de personas esperaban
por una casa asequible. Un
dato que a mi, sinceramente, me ha sorprendido: en 2018 el volumen de
vivienda publica
construido es el mismo que en 1950 ¿Cual
sería la situación en términos comparativos en Europa?
MR.-
En
los ochenta
en España se construía más vivienda que en Francia,
Reino
Unido
y Alemania juntas, tal
vez del orden de 100.000 viviendas anuales, pero los datos oficiales
nos dicen que en los últimos años se
ha construido
una media de 350 viviendas sociales al año. Esos
datos hablan por sí solos y explican un desequilibrio
enorme
que no
se explica en un país
del peso económico y
demográfico de
España.
En
Europa hay de todo, claro,
pero
si
nos referenciamos a países de nuestro rango, desde
luego estamos en la cola. En
Francia
la vivienda pública disponible es del 20 por ciento sobre el total,
en Alemania es un 30 por ciento y en Holanda un 40. Pero hay muchas
ciudades en las que este parque sobrepasa el 60 por ciento. Da
incluso vergüenza decirlo, pero en España este porcentaje es del
1,5 por ciento.
JC.-
Usted
ha manifestado en muchas ocasiones que nuestro país necesita un gran
pacto de estado que entiendo abarca en primer lugar el acceso a la
vivienda tanto en propiedad como en alquiler, pero
también la atención a quienes por una razón u otra pierden su
casa. ¿Cómo hacer esto en un país en donde las competencias en
vivienda y
también en asistencia social
están muy descentralizadas?
Y
sobre todo ¿como revertir una tendencia que nos habla de todo lo
contrario?: El estudio El
parque público y protegido de viviendas en España: un análisis
desde el contexto europeo,
de Carme Trilla y Jordi Bosch, muestra cómo la disponibilidad
de
vivienda protegida creció
durante la crisis de
principios
de los noventa
compensando
la caída de la vivienda libre, pero
tras
el estallido de la burbuja en 2008, ocurrió
a revés y no
ha hecho sino bajar tanto la construcción
como la cuota (que
se impone a las constructoras) de
la VPO por
obra terminada,
esto
es, la intervención publica se desentendió
e incluso actuó en contra puesto que, al
contrario
de lo que sucedió en muchos otros países de la UE, el gasto en
ayudas directas descendió.
Y
en esos años gobernaron PP y
PSOE.
MR.-
Como
resulta obvio, la descentralización favorece el buen funcionamiento
por cercanía al destinatario de los servicios. Ese es un principio
general pero no necesariamente de aplicación en este ámbito.
Necesitamos
el gran pacto
de estado porque
es el gobierno quien gestiona los presupuestos generales aunque,
efectivamente, la mayor parte de las competencias estén transferidas
a las comunidades y los ayuntamientos. Es
imprescindible una estrecha coordinación entre las tres
administraciones bajo el prisma de que la vivienda es una necesidad y
es un derecho. Y
necesitamos ese Pacto porque a lo que asistimos en este momento es a
una verdadera
emergencia.
¿Cómo
hacer las cosas? Tal vez la mejor explicación es verlo directamente:
animo a
que
sus lectores vean
programa que ‘Enviado
Especial’ de La Sexta emitió hace unos días
sobre cómo
enfocan este asunto en Austria y en particular en Viena y que podría
ser perfectamente
extrapolable a España. Se entenderá muy
bien como
se debe abordar algo que tiene un evidente componente social de
primer orden:
Aquí en
España sólo se habla de propiedad privada, de mercancía, de
negocio y mucho menos de racionalidad, de bienestar, de ciudadanía;
y nada de eso debería estar reñido con que un promotor gane lo que
corresponda. Aquí hubo constructoras que ganaron mucho dinero a base
de pelotazos y quebraron en cuanto estalló la burbuja. Una locura.
En España llevamos no menos de 10 años de retraso en el desarrollo
y aplicación de políticas que, simplemente, cumplan el mandato
constitucional.
Ha gobernado
el PP o el PSOE en estos años, sí. No ha habido diferencia.
JC.-
El
número de desahucios por impago de hipotecas ha disminuido en el
último año y medio aproximadamente, pero ha crecido el número de
lanzamientos por impago de alquileres. ¿Puede explicar porqué
sucede así? ¿Hay
datos sobre la dimensión del parque de viviendas públicas en origen
que ha pasado a manos de los fondos buitres?
MR.-
El
número de desahucios en España no
para
de aumentar. En 2018 creció un 6,5 por
ciento
en la Comunidad de Madrid y un 3 por ciento de media en toda
España. Efectivamente ahora se desahucia más por impago de
alquileres y,
en concreto, este tipo de lanzamientos son el 65 por ciento del
total; es
natural, digamos que después de la sangría de hace unos años ya
hay menos gente amenazada por impago de hipotecas. Eso
en lo que respecta a las cifras oficiales, es decir, a los
procedimientos formales, aquellos en los que interviene un juzgado,
pero en España también se echa a la gente a la calle por las
bravas; hay edificios enteros en donde la gente es expulsada de sus
hogares porque una vez los compran fondos de inversión, presionan de
muy distintas formas hasta conseguir que se vayan para, a
continuación, subir los alquiles a precios que esa gente no puede
pagar..ni,
por cierto, está en disposición de pleitear porque bastante tiene
con intentar sobrevivir.
Hay pequeños propietarios que, a rebufo de la situación, hacen lo
mismo.
No tenemos
cifras oficiales sobre cuantas viviendas de origen público han
pasado a pertenecer a los fondos buitres; no hay información, pero
estas cesiones, realizadas casi siempre en fraude de ley y en todo
caso en perjuicio del patrimonio publico,se vienen practicando desde
hace mucho tiempo; así nos lo reconocen en las propias
administraciones. En Madrid ocurrió en tiempos de Gallardón al
frente de la Comunidad, con Botella en el Ayuntamiento y ya de un
modo grosero y sin medida, en tiempos de Ignacio González. Hace no
mucho mantuvimos una reunión con Marta Higueras, la que fue primera
teniente de alcalde con Carmena, y nos informó de que, según sus
cálculos, habían salido del patrimonio municipal unas 21.000
viviendas, aunque en vista de la total opacidad tan corriente en este
ámbito, es posible que estas enajenaciones incluyan también casos
de compras por particulares que ejercitaron la opción de compra
cuando estaba contemplada en su contrato.
JC.- La
PAH hace algún seguimiento de las familias que sufren desahucios?
MR.-
La PAH hace lo que puede con sus más que escasos recursos. Sí le
puedo asegurar que trabajamos de lunes a domingo, sin descanso. Y,
como es fácil suponer, estas personas tienen multitud de problemas
de todo tipo que derivan de la precariedad: de salud, de atención a
los hijos...de supervivencia en definitiva. Damos cuanto apoyo
podemos con nuestra cercanía, buscando especialistas y profesionales
que son solidarios y prestan su concurso de manera desinteresada:
abogados, psicólogos, etc.
Pero créame
que nos enfrentamos a una situación tremenda. En España apenas hay
datos oficiales sobre nada que tenga que ver con el efecto que sobre
las familias tienen los problemas de vivienda. En esas condiciones es
muy complicado armar estrategias, planificar actuaciones, etc.
Nuestra fuente de información es el día a día, las asambleas
semanales que celebramos, etc. Sabemos muy bien del sufrimiento que
genera todo esto en las familias.
JC.-
Al
margen de los grandes planes ¿no son interesantes soluciones tal
vez de emergencia pero más
sencillas?
MR.-
Efectivamente
hay soluciones
parciales
y
de
emergencia
que podrían implementarse, por ejemplo que el Estado compre
viviendas de la SAREB y las ponga a disposición. La
SAREB
se creó
para limpiar
los activos tóxicos
de la banca; pues, ningún
problema,
estamos
dispuestos a intoxicarnos
con
esos activos inmobiliarios que permitirían ofrecer alquileres
sociales. Se puede empezar a cobrar a Bankia la deuda que tiene con
el Estado y que la pague en especie, en lugar de permitir que haga
grandes paquetes de viviendas que
vende
a fondos de inversión de los que el propio banco es partícipe como
sigue haciendo.
Convendría tomarse en serio la gestión de las agencias de alquiler
público que en su día se pusieron en marcha con más pena que
gloria. Se puede llegar a acuerdos con la banca como los que en otro
tiempo se tuvieron con el Banco Sabadell o La Caixa que también
tienen pisos a los que han de dar salida y
tal vez estarían en favorable disposición puesto que la vivienda no
es su negocio y les resulta a veces onerosa la gestión de esos
activos.
Es útil la cesión de terrenos públicos a cooperativas o la
recuperación de promociones que se quedaron a medio hacer cuando
quebraron los promotores y cuyas viviendas se deterioran sin que
nadie haga
nada por evitarlo
¡como si sobraran pisos en España!
Hace
unos tres años, el Ayuntamiento de Madrid planteó la posibilidad de
habilitar terrenos en diferentes barrios, ocho parcelas en total,
para instalar en cada una
70 viviendas prefabricadas, 560 pues. Tuvimos ocasión de visitar los
pilotos y eran unas casas de una calidad extraordinaria, eficientes
desde el punto de vista energético, un proyecto estupendo que pudo
quedar operativo en menos de nueve meses; la derecha se lo cargó
aduciendo que no querían construir barracones...
JC.-
¿Cuantos
desahucios se han producido desde 2007 derivados de la situación de
precariedad de las familias?
MR.-
La
cifra inicial en estos últimos
años de gran crisis de alrededor de 700.000 desahucios.
Yo creo que son muchos más
acorde con lo que ya dije antes...inquilinos expulsados, etc. Con
la dificultad que tiene la falta de transparencia,
nuestros cálculos son que en
la actualidad
se producen más de 200 desahucios cada día.
JC.-
El
futuro cercano: en un contexto de desaceleración
económica y quien sabe si de recesión, los
bancos vuelven a dar crédito e hipotecas
por el
cien por cien del valor.
El
Euríbor ha vuelto a datos positivos
tras ocho años en mínimos históricos. El precio
medio del metro cuadrado en España,
se sitúa en 1.235
euros
en
diciembre de 2018. Es decir, una casa de 100 metros, cuesta
123.500 euros. El precio
medio del alquiler en España
está
en unos desproporcionados
859 euros,
para una superficie media de 115
metros cuadrados.
¿Estamos
repitiendo la situación que se produjo tras el pinchazo de la
burbuja con el agravante de que ahora también afectará a los
alquileres?
¿Debe
el Estado intervenir en el
mercado del alquiler?
MR.-
Por
el final: desde luego
que el estado debe intervenir
en el mercado
del
alquiler
Qué
nivel
de la Administración
lo haga da igual. Se está haciendo ya en toda Europa. Una
forma de intervención
de
urgencia, inmediata,
es por
ejemplo, prohibir
por ley que alguien pueda
cobrar
200 o 300 euros más al siguiente
inquilino.
No
soy experta, pero no creo que en lo que respecta a la compra-venta de
viviendas se esté repitiendo el escenario previo a la burbuja. A
pesar de lo que usted dice, no nos llega a la PAH la impresión de
que ese mercado se esté reactivando de
manera significativa.
Pero eso no hace menos grave la situación porque, efectivamente, en
lo que respecta al alquiler, es peor que una burbuja: a lo que
asistimos es al abuso de grandes empresas que recibieron patrimonio
público y ahora se enriquecen forzando una relación de fuerzas
artificial que falsea el mercado y que amenaza, por
ejemplo, con desplazar la vida del centro de las ciudades con
las repercusiones que eso tiene a muchos efectos que quizás ahora no
es ocasión de comentar.
Al
margen de medidas directas
de control de precios, necesarias a mi juicio en situación de
emergencia como es la que vivimos, solo
una intervención decidida del Estado incorporando vivienda pública
al mercado
-da igual que lo haga el Gobierno de España, una Comunidad Autónoma
o un Ayuntamiento- bien construyendo o recuperando lo perdido o
ambas cosas,
puede modificar a
medio plazo
la oferta y, por tanto, influir eficazmente en el control de los
precios.
Tengo
que decir que soy pesimista. En la ciudad de Madrid, que es la
que mejor conozco, el actual Equipo de Gobierno anuncia la
construcción de 15.000 viviendas en cuatro años; es mentira,
pudieron hacerlo y, por el contrario, se dedicaron malvender el
patrimonio de todos. No hay ninguna voluntad política en general;
esa
es la pura verdad. Y
salvo algunas
iniciativas
ejemplares en el País Vasco y últimamente
en Barcelona, poco más hay en el conjunto del Estado.
Pero
en compensación con esa visión poco halagüeña del futuro, sí he
de decir que el movimiento de vivienda está muy organizado y vamos a
seguir dando la batalla. La PAH y
el Movimiento Sotp Desahucios
siguen
siendo muy activos,
como lo es el Sindicato de Inquilinos. Si alguien necesita ayuda debe
saber que no está solo.
la PAH paralizando un desahucio en Argumosa, 11, Madrid
