La Filosofía también es un arma cargada de futuro con que te apunto al pecho

La Filosofía es la responsable de todos los hallazgos de la Revolución francesa según dejó dicho Hegel. Y ¿debemos creer a Hegel? Ayer en un acto de la Universidad Complutense de Madrid me reía porque el profesor Carlos Fernández Líria afirmó que “si lo dijo Hegel, punto redondo”

Pero aparte las risas, recordemos, por ejemplo, otros argumentos de autoridad: Bruno Bauer (1809-1882) que fue profesor de un joven Marx, hablaba de la naturaleza jacobina del pensamiento de Hegel e incluso hacía chistes sobre los heglerianos, asegurando que, más que alemanes, eran revolucionarios franceses. Nietzsche pensaba, y así lo escribió en varias ocasiones, que Hegel era el representante más fiel en el campo filosófico de la Revolución Francesa; decía que había “tanto esprit francés en Hegel que era difícil definirlo como un verdadero alemán”

No le demos más vueltas, yo sí creo a Georg Wilhelm Friedrich Hegel; me basta con saber que es suya la siguiente frase que es en sí misma una explicación y un propósito: “La historia es el progreso de la conciencia de la libertad” (Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, 1830; Alianza Ensayo tiene una edición muy cuidada) pero si, además, tipos más listos que yo lo dicen, santa palabra: es la Filosofía (no la Ciencia, ni la Teología y, por supuesto, no la Economía) la responsable de algo que empieza con la toma de la Bastilla y se mantiene y se engrosa con hallazgos en el tiempo hasta impregnar nuestra vida cotidiana. ¿Cuales son tales hallazgos? No hará falta que los enumere supongo -aunque en estos tiempos de involución cualquiera sabe- bastará con recordar la separación de poderes o eso que damos en llamar el estado de derecho o las libertades ciudadanas, o los derechos ciudadanos; sí, también la propiedad privada y la iniciativa individual; sí, también eso que en la era de la especialización (“pompas de mierda” decía Francis Picabía con cruel sarcasmo que son los especialistas y los profesionales) resulta para no pocos una cosa rancia: los saberes enciclopédicos.

¿Que a qué viene este exordio?¿A que hoy es el tercer jueves del mes de noviembre y, por tanto, según Naciones Unidas, el Día Mundial de la Filosofía? Pues sí, pero ya verán que hay algo más y es cercano, concreto.

A mi lo de celebrar el día mundial de esto y de lo otro, la verdad es que no me motiva demasiado pero viene al caso que les diga, por si no lo saben, que la Unesco decidió marcar esta efemérides por algunas razones que merece la pena recordar. En la documentación elaborada al efecto por la Agencia en 2005 se dice: “Muchos pensadores afirman que el ‘asombro’ es la raíz de la Filosofía. De hecho, la Filosofía proviene de la tendencia natural de los seres humanos de sentirse asombrados por sí mismos y por el mundo que les rodea. La Filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la Filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo” Para 2021 la Unesco propuso abrir “el debate sobre las diferentes interacciones de los seres humanos con su entorno social, cultural, geográfico y político, con el objetivo subyacente de comprender mejor la contribución de la filosofía en unas sociedades contemporáneas que se enfrentan a serios desafíos. Más concretamente, el desafío de la pandemia. La filosofía, y más aún la filosofía intercultural, se preocupa por el contexto y, por tanto, en su esencia misma, de la transformación de la sociedad”

Si a ustedes les parece que las anteriores alusiones tienen un cierto aroma rancio, ahí va lo más de lo más, las cosas que dice el Marc Márquez del pensamiento, Markus Gabriel, el chico de moda de la Filosofía mundial, autor de “Ética para tiempos oscuros. Valores universales para el siglo XXI” (Traficantes de Suelos 2021) Estuvo en la Fundación Juan March (El suplemento El Cultural hizo una buena crónica de su intervención que les recomiendo: https://elcultural.com/markus-gabriel-el-trato-que-recibe-la-filosofia-en-espana-es-un-crimen-contra-la-humanidad) a principios de este mes y nos previno de que "la humanidad entera está viviendo una situación extremadamente filosófica, pues nos encontramos en crisis a varios niveles. La pandemia, la crisis climática, la crisis geopolítica en Occidente, la crisis del humanismo frente a la inteligencia artificial, la crisis del saber, la de la esfera pública…” Retos inmensos que en España, dice Gabriel, no nos estamos tomando en serio hasta el punto de que “...la Ley de Educación arrincona y desprecia la Filosofía y el resto de las Humanidades. Lo que me han contado que ocurre en España con la Filosofía en el mundo educativo es simple y llanamente un crimen contra la humanidad. Y estoy hablando en serio” Toma y toma.

Pero ¿a qué todo este alboroto sobre un problema cardinal que en realidad no existe puesto que las televisiones no se ocupan de ello? No me imagino yo a Antonio García Ferreras cerrando su circense magazin diario cambiando su carismático “más periodismo” por “más Filosofía, seguimos, resistimos” para dar paso al Informativo de mediodía ¿Qué es lo que tiene encampanados a los filósofos españoles (a los que están conservados en formol, no) entonces, tanto que ya anuncian movilizaciones -sí, los filósofos también saldrán a la calle tras una pancarta- para el mes que viene? Pues la, a su juicio, escasa presencia de la asignatura de Filosofía en el currículo que prepara el Ministerio de Educación para la Educación Secundaria Obligatoria en desarrollo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE o Ley Celaá. Aclarar, aunque es solo una cuestión formal, que la norma no sustituye a la Ley Wert ya que no hace falta porque esta quedó paralizada en su desarrollo por el adelanto electoral de 2018; es por tanto modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006.

En honor a la verdad, en la Proposición no de Ley de 2018 que está en el origen de la LOMLOE, los partidos que apoyan al Gobierno acordaron que en el desarrollo de la futura Ley Orgánica habría un ciclo completo de Filosofía en la ESO y en Bachillerato. Ahora tal tratamiento desaparece en la Secundaria. Como este asunto parece que interesa a poca gente, no se habla del malestar (otro más) de UP en el seno del Gobierno, pero haberlo, lo hay. Al acto En Defensa de la Filosofía de la Complutense que mencioné al principio estaban invitados representantes de todos los partidos políticos; solo estuvieron los de Unidas Podemos y Más País.

La propuesta de curriculum del Ministerio incluye Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato como obligatoria, pero propone Filosofía en 4º de la ESO como optativa si es que cada Comunidad Autónoma decide que lo sea (si no, no la hay, es su prerrogativa) y una asignatura nueva que se llama “Valores Cívicos y éticos” en la que algunos ven un remedo de sobaquillo de la desafortunada Educación para la Ciudadanía. Que no es que no sea necesario enseñar en valores ciudadanos, dicen los profesores con los que he hablado, “pero sin hacer trampas y sin rebajar la entidad de la Ética, Filosofía finalmente”. Dicen estos profesores que casa muy mal el hecho de que en la propia Ley Orgánica se mencione en varias ocasiones la necesidad de fomentar la reflexión y el espíritu crítico y luego se devalúen las herramientas que sirven para eso, precisamente cuando los chicos y chicas tienen 16 años, el momento clave para que tomen conciencia y aprendan qué es ser un ciudadano responsable; temen que si esas personas no continúan sus estudios en el Bachillerato, ya no tendrán posibilidad de formarse como tales ciudadanos.

Hay quien, incluso, más que incompetencia, ve fantasmas que tal vez no lo sean tanto. Hay quien, a sabiendas de que el tiempo dedicado a formar y formarse es limitado, si se produce una descompensación en la adquisición de conocimientos, eso es así porque obedece a razones ideológicas. ¿Qué quiere decir que se dediquen, por ejemplo, más horas lectivas al emprendimiento que a la capacidad de discernir la moralidad o no de algunas prácticas empresariales? El profesor Fernández Liria lo dijo ayer con gracia malvada: ¿Qué es un emprendedor sino un obrero en pelotas, sin sindicatos, sin protección social...? No hubo nadie para desmentir todo esto porque, como ya dije, los políticos salvo dos no estuvieron en la Facultad ayer. No se extrañen, comentó alguien, la Filosofía les parece algo inútil y es paradógico, porque negar su utilidad, ya es en sí mismo una filosofía.

Doctores tiene la Iglesia. Por eso me abstendré de opinar sobre todo esto, salvo para decir que el problema no es baladí. A ustedes, lectores, les corresponde tomar posición sobre este problema aunque apenas lo vean reflejado en los medios de comunicación; les concierne, ya lo creo que les concierne, a ustedes y a sus hijos. Tal vez nos ayude a todos a la hora de comprender la dimensión del problema algo muy simple como suelen ser las grandes aportaciones del pensamiento. En el acto de ayer estaba Adela Cortina, esa mujer menuda a la que tanto admito. Ella tuvo una breve intervención brillante como todas las suyas, para decir que a lo largo de su ya larga vida ha visto cómo la Filosofía entra y sale del curriculum y siempre se ha preguntado porqué; tal vez sea -dejó caer como quien no quiere la cosa- que la Filosofía sirve, precisamente para estar preguntando y preguntándose siempre porqué.

Polonia-Bielorrusia, amenaza híbrida

Antes de la Covid19 solía apuntarme a algún curso. En 2018 me llamó la atención uno de la Universidad de Verano de la Complutense de Madrid titulado “La amenaza híbrida” algo de lo que hasta entonces no había oído hablar. Como el tema parecía atractivo y el curso se impartía en el Colegio María Cristina de San Lorenzo de El Escorial, un lugar verdaderamente hermoso, me vine de mi paraíso asturiano al horno que aquel mes de Julio era Madrid. Los ponentes eran militares participantes en misiones internacionales, expertos en ciberseguridad, analistas del Centro Superior de Estudios de la Defensa y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. También dictó una ponencia Iñaki Gabilondo y participó en una mesa redonda otro periodista, Alfonso Merlos. Los asistentes al curso, eran sobre todo militares y guardias civiles de alta graduación, ¿Periodistas o profesionales de la comunicación entre el público? Sí, uno, yo.

La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles y de la información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores del propio estado como por agentes extranjeros. El concepto comenzó a utilizarse entre los especialistas, sobre todo de la Defensa, tras el choque entre Israel y Hezbolá en 2006, según explica el profesor Colom Piella en su ensayo “El conflicto en el siglo XXI. La amenaza híbrida: mitos, leyendas y realidades” para designar “la integración de tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado”

Durante los tres días en San Lorenzo de El Escorial, se habló de ciberataques y de estrategia militar, pero también de ética de los medios de comunicación, de postverdad, de disrrupción y desinformación, de redes sociales, de intromisión en procesos electorales, bien violentando el voto electrónico o tratando de hacerlo con la voluntad de los electores mediante la difusión de bulos, etc.

En la pausa de la mañana del primer día, paseando por el espléndido jardín del Colegio María Cristina, pregunté al director del curso, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, la razón de que el asunto suscitara tan poco interés entre los comunicadores y, tan sorprendido como yo, no supo responderme.

Sigo sin tener respuesta. Aunque, vista la penosa involución de la comunicación periodística, explicación puede que haya. La amenaza híbrida es algo que acontece en lo que se ha dado en llamar la “zona gris” Si se ponen a buscar definiciones se volverán tarumbas porque conspicuos analistas llevan dándole vueltas desde hace tiempo ya. No se devanen los sesos, el gris es lo que dice la obviedad que es: lo que está entre el blanco y el negro, es decir, lo que resulta ambiguo, lo que no tiene una explicación sencilla. No es, claro está, un espacio físico.

Si echan cuenta de tantos y tantos profesionales del periodismo, especialmente en radio y televisión, que todo el rato están pidiendo “titulares” o respuestas de sí o no, a expertos, comentaristas, corresponsales sobre el terreno, etc, se harán ya una idea de porqué digo que tal vez haya una explicación. Pero por poner un anclaje que un sociólogo llamaría técnico: dado que el concepto de “zona gris” se origina en el ámbito de los conflictos entre los estados (también dentro de los estados puede darse) la zona blanca sería el ámbito geopolítico en el que se desarrolla, por ejemplo, la diplomacia, y la zona negra, el desarrollo de la guerra convencional en ese mismo espacio, así es que la gris no es ni lo uno ni lo otro. Por poner un ejemplo de este tiempo: la actual presión migratoria sobre Polonia (frontera Este de la UE) desde Bielorrusia, o la entrada masiva de menores (8.000 en solo dos días) el pasado mes de mayo por Ceuta (Frontera Sur de la UE) desde Marruecos, ocurren en la zona gris y ambas son instrumentos de la amenaza híbrida. No hay una acción beligerante que pueda merecer una respuesta armada contundente, ni siquiera una réplica diplomática airada, pero sí hay una agresión; en los dos ejemplos que he puesto tal ataque es a la UE y ambos agresores dicen tener sus motivos, pero sobre todo tienen cierta capacidad de presión, ya sea el suministro de gas a Europa o intereses por zonas en conflicto (el Sáhara Occidental)

Hay dos artículos hoy en El País que les recomiendo porque ayudan a entender un asunto tan poliédrico. El primero (https://elpais.com/internacional/2021-11-14/el-ataque-bielorruso-marca-el-camino-de-los-conflictos-del-siglo-xxi.html) lo firma Andrea Rizzi y en él indica cómo son la Inmigración, la Información, la Educación, el Sabotaje y los Recursos Estratégicos (el gas, por ejemplo, como acabo de comentar) los ámbitos principales -no los únicos- en donde se hace sustantiva la amenaza híbrida; parafraseando a terceros que no cita, Rizzi los llama “armas de perturbación masiva en un espacio que vuela las dicotomías clásicas del pensamiento occidental: guerra o paz, legal o ilegal, militar o civil, público o privado...” La respuesta a estos desafíos, dice Rizzi, está en estudio en Bruselas, pero “la tarea no es fácil y los enemigos confían en que no logren cuadrar el círculo entre seguridad y principios” A mi juicio van perdiendo los buenos y si no ya me dirán cómo se puede entender que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (sí, el que se quedó a verlas venir ante la ofensa protocolaria de Erdogan a Úrsula Von der Layen, ya se acuerdan) no descarte de plano la idea de construir un muro en la frontera entre Polonia y Bielorrusia...”pero con puertas” ha dicho haciendo alarde de la -con perdón- tontuna tan belga.

El segundo artículo que les recomiendo (https://elpais.com/ideas/2021-11-11/cielos-una-agresion-hibrida.html) también está en El País de hoy, en el Suplemento Ideas. Es de Íñigo Domínguez y se titula “Cielos, una agresión híbrida” Tiene un sentido del humor que puede resultar algo cargante para quienes piensan que es preferible no bromear con según que cosas; seguro que son los mismos que difunden relatos lineales y esquemáticos sobre lo que está sucediendo en la frontera Este de Europa. A mi hay una idea que me parece fundamental. Escribe Domiguez “...una muchedumbre de temibles adultos y niños muertos de hambre y frio. La UE se ha inventado un concepto encantador: no es gente pobre, eso obligaría a alguna reacción humana, no, son una amenaza híbrida y forman parte de un plan aunque sea como instrumentos...esas personas ya no se sabe bien si son una especie de torpedos humanos o extras a la fuerza de un reality...están siendo utilizados por un señor bigotudo…pero, ¿acaso esperaban algo bueno de un deleznable dictador..?” Es que “denunciar que Bielorrusia pisotea los derechos humanos y que luego Polonia (UE) se pase por el forro la Convención de Ginebra cazando inmigrantes por el bosque para echarlos del país, queda un poco raro”

En aquel tórrido mes de julio de 2018 yo estaba un tanto perplejo por las cosas que escuchaba de aquellos especialistas, francamente todo me sonaba a la invasión de los cuerpos, el abrazo del oso ruso y el peligro amarillo; téngase en cuenta que aquel ambiente de estrellas y galones acojonaba un poco, la verdad. Luego vino Trump, la gestión del miedo en la Sindemia y ahora Ayuso, por citar solo tres amenazas híbridas evidentes en mi corto juicio, y empecé a comprender. Poca broma. Si el virus no nos pone de nuevo ante el espejo de nuestra estupidez, recomendaría a quienes organizaron aquel curso que lo repitan; yo volvería y estoy seguro de que ahora habría periodistas, por lo menos Rizzi y Domínguez seguro que se apuntan y puede que alguno más de televisión deseosos de entender la realidad sobre la que desinforman con tanto desparpajo. 

Margarita Del Val y el pangolín

 

Ocupados y preocupados como estamos con la maldita sindemia, no tenemos tiempo ni ganas de prestar atención a otros asuntos, algunos menores comparados con el azote de esta era y otros quizás de más enjundia para el futuro del planeta. Yo propondría que nos limitemos escuchar las cosas tan sensatas que dice siempre Margarita del Val y pasemos de tertulias, circos varios y pseudo periodistas, al fin y al cabo lo sustancial ya lo sabemos: que cada perro ha de lamerse su cipote si quiere sobrevivir, porque ni el estado compuesto este nuestro ni la Unión Europea y sus cataplasmas de fondos sin retorno que ya tardan, y créditos que ya veremos si pagamos, cambiarán su errónea estrategia de convivir, en permanente y estéril batalla, con el virus; eso, y ponerse la vacuna en cuanto esté al alcance de cada cual.

A los que nos ha mirado un tuerto y padecemos un Gobierno regional tan depredador como criminalóide y a la postre, espero, suicida, nos asiste la suerte de poder observar de cerca un espectáculo que no sabría calificar. Aquel choricete que tenía -o tiene, no se- un ático lujoso en Marbella, presidió la Comunidad de Madrid en 2013 y visitó la cárcel un rato, Ignacio González, vendió en 2013 a EnCasa Cibeles por 213 millones 3.000 viviendas públicas. El comprador es un fondo buitre (nunca entenderé porqué hay que manchar el buen nombre de tan útil volátil, con la que no obstante conviene tomar distancia porque podría ser transmisora de la gripe aviar, como pajarraco que es) propiedad de Goldman Sach, sobre cuyas hazañas financieras no me extenderé para no aburrirles; les sonará porque en su nómina ha tenido a gente tan principal y necesaria para la humanidad toda como Romano Prodi, Mario Draghi, que ahora manda en Italia porque necesitan un tipo listo, o nuestro Luis de Guindos. Una curiosidad por si no se han dado cuenta: dividan 3.000 por 213 y les saldrán 71.000 euros por piso; no me alargaré aquí sobre las características de las casas pero ya se hacen una idea de que, aún añadiendo el importe de las comisiones oportunas, EnCasa Cibeles hizo un gran negocio.

El caso es que esa enajenación de viviendas sociales fue declarada nula por los tribunales en 2018 y la Comunidad de Madrid, consciente supongo de que es desagradable tener que devolver lo cobrado a los amiguetes y ocuparse de la pesadísima tarea de recomponer el destrozo, con gente necesitada y tal de por medio dando la turra (las viviendas tienen inquilinos), pues lleva intentando retrasar el cumplimiento del mandato judicial desde entonces aunque el consejero de vivienda, David Pérez (fue alcalde de Alcorcón; pregunten allí por él y verán que risa) no ha parado de decir eso tan bonito de “acatamos las resoluciones judiciales como no podía ser de otro modo” Lo último es que un Juzgado de Madrid insta al Gobierno de Ayuso -bueno, de Lasquetti, López y Rodríguez, ya me entienden- a que hagan de una buena vez lo que les mandan. Como si en plena sindemia no tuvieran los próceres otra cosa que hacer que ocuparse de las necesidades pedestres de los madrileños cuando lo que cumple es mirar al horizonte alzando la barbilla e hinchando el pecho y construir Zendales y cosas grandes, que hay que estar preparados para lo que haya de venir.

Porque vendrán. Como dice Margarita del Val, habrá más pandemias. En eso es en lo que se traduce esa maldita costumbre de que todo lo que corre, nada o vuela, a la cazuela, que tienen los chinos y, nos acabamos de enterar esta semana por El País que también los de Costa de Marfil, aficionados al estofado de rata con berenjenas o a la caldereta de murciélago. Y, adivinen: al pangolín a la plancha.

Es una siniestra paradoja porque en Costa de Marfil la Covid19 ha provocado ya, aparte de muchos muertos y mucha desesperanza porque verán las vacunas cuando las ranas tengan pelo, una dura crisis económica y eso es lo que ha disparado el furtivismo en la caza de animales salvajes, reservorio como sabemos de virus de todo tipo; incluida seguramente la rana a la que me acabo de referir. Por descontado que nuestra ministra de exteriores y nuestro compatriota al mando de la cosa en Europa, que hablan lenguas, estarán ya sobre el problema intentando que los chinos y sobre todo los marfileños, que pueden aparecer en Canarias a bordo de la miseria, dejen de comer porquerías y se pasen a la dieta mediterránea.

Sobre lo que no ha dicho nada Margarita del Val (esa mujer no puede estar en todo) es sobre el núcleo macizo del planeta y eso pone en evidencia a nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, siempre algo lento de reflejos, acaso un efecto secundario de la falta de gravedad.

Ya se sabía desde que fue descubierto en 1936 por la sismóloga danesa Inge Lehmann, después de analizar los datos recogidos en los sismógrafos de su país tras una serie de terremotos ocurridos en Nueva Zelanda, pero ahora se vuelve a hablar del asunto a partir de unas investigaciones que se publican esta semana en el Journal of Geophysical Research y han sido realizadas por un equipo comandado por la doctora Joanne Stephenson, de la Universidad Nacional de Australia.

No es que la doctora Stephenson haya viajado como Verne al centro de la tierra para probar lo que dice; eso no es necesario porque hoy disponemos de algoritmos más listos que Dios que permiten no solo conocer sus secretos deseos de usted, sino cibersondear el centro de la tierra hasta cambiar la imagen que desde niños teníamos de las interioridades de nuestro planeta, una masa viscosa como un bombón relleno de praliné incandescente.

¿Para qué sirve el descubrimiento de ese meollo duro y apretado? Ni lo se yo ni lo saben los científicos, pero eso no es óbice para seguir investigando; mira lo que sabíamos hasta antes de ayer del pangolín o el murciélago de Wuhan o sabemos ahora mismo de la rata marfileña o la rana calva. Casi nada. Y la que tenemos liada.

El que avisa no es traidor.

Los Derechos Humanos se vulneran sistemáticamente en la Frontera Sur de Europa

 

Hace escasos días se presentó públicamente “Vulneraciones de derechos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla” un prolijo y crítico informe elaborado por el instituto Iridia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos y apoyado por 50 organizaciones sociales, que será presentado proximamente ante el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Migrantes así como al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. El Informe, que contiene recomendaciones al Relator de Naciones Unidas, así como al Defensor del Pueblo, el Gobierno de España, los Grupos Políticos con representación en el Congreso, al Ministerio Fiscal y a la Comisión Europea, puede ser consultado completo aquí: INFORME-DDHH-FRONTERA-SUR-2021.pdf (iridia.cat)

Estas son sus conclusiones:

“Las políticas de la Unión Europea y de sus Estados miembros han creado zonas donde las personas quedan prácticamente inmovilizadas. La contención se realiza a través del desarrollo de trabas burocráticas, limitaciones en la libertad de movimiento, vallas, fosas, controles, procedimientos interminables, detenciones y deportaciones junto a un amplio abanico de diferentes obstáculos que van construyendo una tela de araña de la que es difícil escapar. Durante los últimos 20 años estos espacios se han visibilizado principalmente en algunas islas del continente europeo, debido a que su geografía favorece la contención. Ejemplo de ello son Lampedusa, las islas griegas y las islas Canarias, pero también las regiones del sur de Italia, los Balcanes, las ciudades de Ceuta y Melilla, Marruecos, Egipto o el Líbano. En estos momentos se está produciendo un proceso de intensificación de las políticas de contención en la Frontera Sur de España. El bloqueo tiene un fuerte impacto en la salud mental de las personas migrantes que se enfrentan, incluso durante años, a condiciones indignas y a altos niveles de incertidumbre. Además, estos espacios de contención facilitan la proliferación de discursos racistas y xenófobos, tal y como se ha podido observar en los últimos años en los territorios contiguos a las fronteras europeas. La situación de pandemia producida por la COVID-19 ha intensificado y legitimado los mecanismos más represivos del control de fronteras. La dificultad en la gestión de la movilidad durante la situación de emergencia sanitaria ha favorecido la improvisación de medidas que, en ocasiones, han tenido graves consecuencias en la afectación de los derechos fundamentales de las personas. 

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la Comisión Europea en septiembre de 2020 no plantea soluciones nuevas a las dificultades derivadas de la recepción de personas, sino que acentúa los aspectos que ya eran parte de la estructura de la Unión. El nuevo pacto pretende intensificar la cooperación con terceros países sobre todo en lo referente a la facilitación del retorno y de la readmisión. Esta cooperación queda negativamente condicionada a la obtención de visas y a acuerdos de readmisión. Además, plantea la solidaridad entre Estados en materia de retorno y de externalización de fronteras y deja de lado la solidaridad en la acogida y la defensa de los derechos fundamentales.

Dos factores recientes han influido en el contexto migratorio actual en los países de origen, ambos derivados de la pandemia de la COVID-19: la crisis económica y el cierre de fronteras. Con respecto al primero, se estima que la contracción de la actividad económica supondrá un incremento de entre 40 y 60 millones en el número de personas viviendo en el umbral de la pobreza extrema, el primer aumento de pobreza a nivel global desde 1998. África subsahariana emerge como la región mundial más afectada por esta problemática. Según un informe reciente de la Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal (ANSD en sus siglas en inglés), un 85 por ciento de los hogares consultados ha sufrido una disminución de los ingresos como consecuencia de la pandemia. El impacto ha sido especialmente grave en el sector informal, muy extendido en la región y que emplea al 80,3 por ciento de trabajadores mayores de 25 años y al 93,4 de trabajadores de entre 15 y 24 años. Por lo que se refiere al cierre de fronteras, las políticas de restricción de la movilidad llevadas a cabo por los diferentes Estados han afectado al 90 por cien de la población mundial. Las rutas migratorias africanas convergentes en el Mediterráneo se han visto fuertemente afectadas y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) estima que entre enero y abril de 2020 se ha producido un descenso del 48 por ciento en los movimientos en algunas de estas rutas, como las que atraviesan Camerún, Malí, Níger y Nigeria.

El cierre de las fronteras ha reactivado el tránsito de rutas más peligrosas, como es la ruta hacia las islas Canarias, en la que ACNUR estima que las salidas de personas migrantes desde el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Gambia se han multiplicado por seis. Al contexto actual en los países de origen cabe sumarle la situación en España como país receptor, donde se vive una radicalización del discurso racista que forma parte de un proceso global con consecuencias directas en los discursos políticos, en los medios de comunicación y entre la población. Las personas llegadas por vía terrestre a los enclaves de Ceuta y Melilla durante 2020 (1.755 llegadas) han descendido más del 70 por ciento en comparación con el mismo período de 2019 (6.346 llegadas). Según el Balance de la Inmigración Ilegal del Ministerio del Interior, también se ha observado un decrecimiento en las llegadas por vía marítima a estos dos enclaves: ha habido un 95 por ciento menos de llegadas a Melilla (898 personas en 2019 y 43 en 2020) y casi un 35 por ciento menos a Ceuta (655 llegadas en 2019 en comparación con las 430 llegadas en 2020). Por lo que se refiere a las llegadas a la Península y Baleares por vía marítima, estas también se han reducido, aunque no tan drásticamente: en 2020 llegaron 16.610 personas, un 25 por cien menos que en 2019. Según el informe “Derecho a la Vida 2020” de la ONG Caminando Fronteras, el total de víctimas mortales de migrantes que han intentado alcanzar las costas españolas ha ascendido hasta 2.170 personas. La ruta canaria se ha confirmado como la más mortífera de todas, y ha dejado un total de 45 naufragios y 1.851 víctimas mortales, de las cuales sólo 67 están confirmadas. Esta cifra corresponde al 85 por ciento del total de víctimas y, según los datos que ofrece el colectivo, esta ruta presenta una tasa de mortalidad del 32,1 por cien, es decir, tres de cada diez personas que cruzan la ruta atlántica mueren. Al contexto actual en los países de origen cabe sumarle la situación en España como país receptor, donde se vive una radicalización del discurso racista que forma parte de un proceso global con consecuencias directas en los discursos políticos, en los medios de comunicación y entre la población. Desde el momento en que las personas rescatadas por Salvamento Marítimo desembarcan, quedan detenidas por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía para su identificación, chequeo sanitario e iniciación del procedimiento de devolución. 

Aunque durante el primer momento de llegada intervienen actores sociosanitarios como Cruz Roja, este proceso se produce en un marco de privación de la libertad de movimiento. Por otro lado, cualquier actividad que las personas desembarcadas realizan debe ser autorizada por los agentes custodios. Tras haber superado una travesía de entre 2 y 8 días potencialmente traumática al no producirse en condiciones de seguridad, en las que se pone en riesgo la vida y, en la cual, han podido fallecer personas de la misma embarcación o se han podido enfrentar a una avería o un naufragio, se prioriza la actuación policial frente a la atención humanitaria. Dicho proceso de detención se ha llevado a cabo en Gran Canaria en diferentes espacios en los últimos años, normalmente en calabozos de dependencias policiales que no estaban preparadas para asumir dicha función.

A pesar de ser un lugar de llegada habitual de entrada de personas migrantes por vías marítimas informales e inseguras, el Ministerio del Interior no ha priorizado generar un espacio estable y digno para llevar a cabo dicha detención a lo largo de estos años. En la segunda mitad del año 2020 se han utilizado dos espacios como centros de detención para este procedimiento por parte del CNP en Gran Canaria: el muelle de Arguineguín y el CATE de Barranco Seco. Aunque nos encontremos en el contexto de emergencia sanitaria producida por la COVID-19, los derechos fundamentales de las personas en el marco de una detención están plenamente vigentes así como también lo debe estar la normativa en la materia. No obstante, hemos visto que el Ministerio del Interior y el CNP han generado situaciones en las que se han flexibilizado, sin amparo legal, tanto las condiciones como los tiempos de la detención. Este hecho ha generado espacios y situaciones excepcionales en los que entendemos que no sólo existen vulneraciones de los derechos de las personas migrantes sino también podría entenderse que existen indicios de delito que deben ser investigados en profundidad. Cabe destacar que la creación y mantenimiento durante 4 meses de un espacio de detención como es el muelle de Arguineguín supone una grave violación de los derechos humanos que contraviene de manera flagrante la normativa internacional relativa a derechos de las personas detenidas. 

Las condiciones de detención que se produjeron (hacinamiento, estancia a la intemperie, condiciones higiénicas y sanitarias, así como la deficiente alimentación y la falta de espacios para el descanso) podrían considerarse contrarias al Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al constituir un trato cruel, inhumano o degradante. También se han producido diferentes irregularidades en lo referente al acceso a la información y a la asistencia letrada durante la utilización del muelle de Arguineguín. Muchas de las personas migrantes que habían llegado hasta el 11 de noviembre de 2020 no habían tenido entrevista con sus abogados/as debido a la falta de condiciones en el muelle: los abogados eran citados en comisaría, a kilómetros de donde se encontraba la persona detenida ya que las instalaciones del muelle no cumplían la normativa referente a la COVID-19. La detención no puede superar el plazo de 72 horas. Sin embargo y, a pesar de la negativa del Ministro del Interior, diferentes organizaciones como Human Rights Watch o CEAR, cargos políticos locales e incluso el Juez de vigilancia del CIE de Las Palmas aseguran que en el muelle de Arguineguín se produjeron irregularidades en este sentido. Se habrían detectado casos de personas que han superado los 10 e incluso los 20 días detenidas. En el caso de confirmarse dichas situaciones, no hay duda de que nos encontraríamos ante una grave vulneración de derechos humanos. Sin lugar a dudas, el muelle de Arguineguín era un centro de detención y las personas que se hallaban en su interior estaban privadas de libertad. El acceso al muelle era controlado en todo momento por agentes del CNP y los movimientos en el interior del muelle tenían que ser autorizados o supervisados por agentes del CNP. Si las autoridades hubieran necesitado crear espacios de no privación de libertad con carácter excepcional para la atención temporal de las personas migrantes con carácter anterior al traslado a plazas de acogida, se podrían haber generado dos zonas diferenciadas en el muelle. Por un lado, una zona custodiada como centro de detención y, por otro lado, otro espacio de emergencia previo a la derivación a otros recursos en el que las personas no se encontrasen restringidas de su libertad deambulatoria. 

El Ministerio del Interior y el CNP han tenido alternativas para que la legalidad fuera respetada en todo momento. Sin embargo, no se han generado dichas alternativas y se ha entendido el muelle de Arguineguín como un centro de detención. Es por eso que se considera imprescindible la depuración de responsabilidades tanto dentro del Gobierno y del CNP como en el seno de los órganos jurisdiccionales. Las condiciones de vida en el CATE de Barranco Seco no respetan los derechos de las personas detenidas, tanto en referencia a las condiciones de alojamiento en tiendas de campaña (que no aíslan del frío ni de la humedad) como a las medidas higiénicas y sanitarias. Asimismo, se han detectado situaciones de personas que han superado las 72 horas de detención y no se garantiza una asistencia letrada individualizada en un espacio adecuado. También se ha detectado la presencia durante más de 72 horas de menores de edad. Exigimos también la depuración de responsabilidades tanto dentro del Gobierno y del CNP como en el seno de los órganos jurisdiccionales. El Gobierno de España, tras el aumento de llegadas a las islas Canarias durante la segunda mitad de 2020 ha implementado una política de contención de personas migrantes. Esta práctica continúa a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos (como CEAR o Amnistía Internacional) han solicitado que se lleve a cabo el traslado de las personas migrantes desde las islas a la península a partir de un reparto proporcional y planificado entre las plazas de acogida de diferentes territorios, tanto para personas solicitantes de protección internacional como para personas que no sean solicitantes.

Desde el mes de septiembre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó hoteles afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria en la zona de Maspalomas y Mogán para el traslado y la acogida de las personas que se encontraban en el muelle de Arguineguín. En todo caso, es importante remarcar que, si bien esta fue una actuación improvisada debido a que no se contaba con soluciones estables en las islas, cabe valorar la firma de acuerdos con empresarios hoteleros que han ofrecido una solución temporal en este contexto excepcional. Ante la implementación del Plan Canarias y tras la aprobación de 7.000 plazas de estancia en condiciones precarias para las personas migrantes, se ha perdido la oportunidad de realizar una transición y traslado amplios y efectivos desde los hoteles hacia plazas de acogida menos precarias en la península, a través de un reparto equitativo entre comunidades. Sorprende el carácter pretendidamente estable de las plazas de acogida cuando cerca del 50 por ciento de las plazas de nueva creación están previstas en tiendas exteriores. La ubicación de tiendas de campaña en estos espacios supone una infraestructura provisional y, por lo tanto, cabe preguntarse cuánto tiempo se utilizarán y se mantendrá a las personas en estos espacios a la espera del acceso a una plaza de acogida digna. 

Según varias organizaciones locales, cabe destacar que hasta julio de 2020 las personas solicitantes de protección internacional no tenían problema para viajar a la península con su documentación. Sin embargo, en el marco actual de readaptación hacia el desarrollo de una política de bloqueo en las islas Canarias y a pesar de la sentencia mencionada del Tribunal Supremo (que reafirma la libertad deambulatoria de las personas solicitantes de asilo) han aumentado los casos de personas a las que se les impide viajar con dicha documentación. Estas negaciones se llevan a cabo a través de controles realizados por el CNP en los aeropuertos canarios. Las denuncias emitidas por parte de algunos medios de comunicación y partidos políticos en referencia a que el Gobierno podría estar realizando traslados masivos a península, generó una reacción en el Ministerio del Interior que consistió en la extensión de los controles en los aeropuertos impidiendo, de una manera completamente discriminatoria, el viaje de personas migrantes sin permiso de residencia y trabajo. El nuevo sistema de vallado fronterizo en Melilla aumenta, en muchos puntos, la altura de la valla hasta los 10 metros. La estructura se corona con un cilindro anti trepado y con peines invertidos que puede suponer un aumento en la lesividad en los saltos y cruces, a pesar de la retirada de las concertinas en el lado español de la frontera.

Desde el año 2018 se han producido decenas de devoluciones sumarias de personas que han accedido a Melilla por vías no regularizadas, ya sea tras saltar la valla o habiendo llegado a las islas Chafarinas. También ha aumentado la práctica de las devoluciones exprés, que supone el retorno de las personas hacia Marruecos en menos de 72 horas, tras llevarlas a comisaría y notificarles un procedimiento de devolución con asistencia letrada. La situación provocada por la pandemia ha sido aprovechada para intensificar la política de bloqueo de personas migrantes en Melilla, a pesar del alto grado de hacinamiento en el que se ha encontrado el CETI durante todo el año, así como otros recursos complementarios que se han abierto y activado excepcionalmente. Tanto las personas que sufren el bloqueo en Melilla como las organizaciones entrevistadas realizan declaraciones sobre el fuerte impacto y la incertidumbre que provoca la contención y la posible salida de Melilla. La preocupación por el futuro, la percepción de falta de empatía por parte del entorno, la desconfianza hacia los cauces administrativos así como hacia las instituciones (que no facilitan una respuesta ni una solución), la depresión y la desesperación son algunas de las principales consecuencias que manifiestan. Referencian haber detectado casos de personas con pensamientos autolíticos en relación a esta situación.

El CETI de Melilla cuenta con una capacidad para 780 personas. Sin embargo, a lo largo del año 2020 ha estado habitado por más de 1.600 personas, y 200 de ellas fueron niños, niñas y adolescentes menores de edad que realizaron el recorrido migratorio junto a sus familias. Dada la situación de hacinamiento, era imposible cumplir las medidas de distancia social planteadas al resto de la población en el marco del confinamiento domiciliario. El complejo del V Pino ha albergado a unos 200 hombres y a una mujer, sin ventilación ni climatización. Con las lluvias de abril y mayo, las carpas se llenaron de goteras que caían directamente en las literas. Especialmente destacable era la situación de los aseos: tres váteres y una ducha en mal estado para unas 200 personas. Frente a estas malas condiciones, muchas de ellas preferían orinar en botellas. Además, las camas, tipo literas, carecían de colchón, sábanas o almohadas. Tampoco había servicio de lavandería, las personas referían escasez de comida y agua –1,5 litros por persona y día antes de ramadán- y no había conexión a internet o teléfono para comunicarse con el exterior. Preocupaba especialmente la atención sanitaria, ya que los equipos médicos no acudían con regularidad. Las personas que estaban en el espacio de la Plaza de Toros se hallaban en condiciones muy poco dignas e higiénicamente muy deficientes. Asimismo, afirman que existía un alto grado de hacinamiento y no había un espacio destinado para que las personas recién llegadas pudieran hacer cuarentena separadas del resto del grupo. Una persona que estuvo residiendo tanto en el V Pino como en Plaza de Toros nos indicaba que tan sólo había un baño para todas las personas que se encontraban allí e indicaba que el acceso al agua era muy limitado. Asimismo, manifestó que no se garantizaba que cada persona tuviera un vaso individual para beber agua, y que el agua se entregaba junto a las comidas en grandes garrafas. En España, las llegadas de personas de nacionalidad tunecina aumentaron a partir del 2018. En 2019, 1.238 personas tunecinas (4 por ciento) llegaron a España por mar y por tierra. Sin embargo, este porcentaje aumenta si nos fijamos en las entradas a Melilla. En 2018, las llegadas de tunecinos sólo constituían el 9 por cien del total. En el año 2019, el número de llegadas de personas tunecinas a Melilla es la más numerosas, constituyendo el 22 por cien del total. Desde el verano de 2019, el bloqueo en Melilla ha afectado de manera específica y devastadora al menos a unas 760 personas de nacionalidad tunecina que se encuentran retenidas en Melilla, concretamente en el CETI , a quienes se ha impuesto una orden de expulsión. Entre estas personas bloqueadas se encuentran niños, niñas, adolescentes que están sufriendo una situación especialmente dura. 30. 31. Los niños, niñas y adolescentes menores de edad no acompañados que llegan a Melilla también sufren desde hace años una política de bloqueo en una ciudad que, para la gran mayoría, es una etapa más dentro de un proyecto migratorio de más largo alcance. La situación se agrava cuando al cumplir la mayoría de edad muchos de ellos no cuentan con la situación regularizada o la pierden antes de poderse trasladar a la península. 

Aunque la opacidad, la informalidad y la falta de transparencia son características fundamentales del proceso de deportación, España continúa con su política de alcanzar y ampliar acuerdos para la deportación y readmisión de personas migrantes, siguiendo el modelo de implementación del Plan África con el que, en 2006, respondió ante la llamada crisis de los cayucos y que sirvió de modelo para el resto de países comunitarios. En este contexto, el Gobierno español ha reforzado sus acuerdos con Senegal, Mauritania y Marruecos con el objetivo de reactivar las deportaciones. Las deportaciones a países de tránsito como Mauritania o Marruecos es una práctica habitual en la política migratoria del Gobierno español. Estas deberían ser una herramienta en base al principio de no devolución y no deberían vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes"

Juan A. Cabrera

La jaula de grillos

 

Sin duda Antonia estuvo escuchando la tertulia de las mañanas de la SER dedicada en gran parte a comentar lo que se ha dado en llamar “17 Navidades distintas” una especie de bucle muy del gusto de ciertos periodistas y expertos en lo que haga falta. Consciente creo de que Barceló no es una ciudadana corriente y sí una comunicadora de campanillas que tiene a su disposición un instrumento muy potente, Antonia escribió el siguiente post: “A ver Ángels ¿hay que dártelo masticado? En Noche Buena yo voy a cenar con mi marido; ni hijos ni nietos. Ya está”

¿Se ha equivocado el Gobierno con sus recomendaciones? Sí, a mi juicio sí. Pienso en el sentido común de Antonia y creo que todo este rollo de si han de ser seis o diez, si podemos reunirnos con allegados (a propósito, ninguna confusión sobre qué son; para eso está el Diccionario) si el toque de queda debe ser más pronto o más tarde...es absurdo. Como es sabido el exceso de información es desinformación. Ya sabemos todos cómo se transmite el virus. Hubiera bastado con recomendar que no nos reunamos a cenar sino los convivientes y si, excepcionalmente, ha de incorporarse alguien más, observar medidas sencillas, las que todo el mundo conoce ya: mascarilla, distancia, ventilación y no compartir menaje. Plantear recomendaciones que sabemos se van a interpretar como normas cuyo cumplimiento es incontrolable solo sirve para confundir.

En eso se ha equivocado, sí. No en que ahora tengamos ante nosotros un manual con 17 catálogos de medidas. En Alemania, estado federal, no hay tal cosa, pero porque los gobernantes de los länder han entendido desde el primer instante que no se hace política con la pandemia y aquí tenemos una derecha silvestre y una cierta presunta izquierda bastante lerda que no lo ha entendido.

¿Se imaginan de nuevo el calvario de tener que volver a pasar por el Congreso y soportar la lentitud y la deslealtad de la oposición para aprobar un nuevo decreto de alarma que permitiera un mando único para tomar medidas similares a las de marzo. ¿Y para qué? ¿Para que luego algunos gobiernos regionales buscaran todo tipo de triquiñuelas a fin saltarse las normas? ¿Para que esa gentuza utilizaran como instrumento de erosión política, miserable y criminaloide, en la línea de seguir cuestionando la legitimidad del Gobierno de Coalición? Si hace porque hace y si no hace porque no hace ¡Pero si están diciendo ahora mismo que el Gobierno ha eludido sus responsabilidades, cuando actúa acorde a lo que exige un estado compuesto como el nuestro...como el alemán!

El Gobierno ha convocado cuantas veces ha sido necesario al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano colegiado competente y en donde está representado el Gobierno de la Nación y los Consejeros de Salud de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. El Artículo 14 de su Reglamento dice: “Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”

¿Y qué es “consenso”? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos” ¿Y qué es “unanimidad” Pues es “sin discrepancia” que en términos democráticos significa, como sabe hasta el más tonto, que todos votan lo mismo. De manera que “consenso” es algo conceptual y “unanimidad” algo más bien instrumental.

Imagino las reuniones del Consejo como una especie de tortura con el Gobierno de la Comunidad de Madrid oponiéndose siempre o respondiendo “ya si tal” a cualquier cosa que proponga el Gobierno central, como todos hemos podido ver. ¿Su presunta coartada? Que las decisiones no se toman por consenso -el mismo que ellos impiden sistemáticamente confundiéndolo a posta con unanimidad- sino por mayoría y eso, dice, va contra el Reglamento y, por tanto, es ilegal.

En ese Consejo y por la actitud del Gobierno Ayuso y solo por eso, el acuerdo es imposible, de modo que el Gobierno del Estado solo hace lo que puede: unas recomendaciones genéricas (equivocadas por prolijas en mi opinión, como he dicho) y certificar lo que la Constitución dice: que las competencias en materia sanitaria corresponden a las Comunidades Autónomas ¿Resultado? Pues 17 navidades distintas y a correr.

Vacunas

 

Un antivacunas es un ser acientífico, básicamente un gran ignorante que, o bien muestra los rasgos paranoides habituales en quien está predispuesto a creer en toda clase de conspiraciones y manos negras, o desconoce que las vacunas son directamente responsables de la practica erradicación de enfermedades muy graves como la viruela y el control de otras como el sarampión, el dengue y muchas más que, sin vacuna, causarían una gran mortalidad. Entre las tonterías que hay que escuchar, hace fortuna la comparación entre la gripe común y la covid19 (lo que enseguida deriva a una conversación absurda sobre si fulano o mengana que no se vacunan cada año nunca enferman, sin embargo, de influenza) pero no hay comparación posible: aparte de otras consideraciones, el virus de la gripe mata mucha gente cada año, sí, pero es estacional; el sars-cov2 es mucho más contagioso, más letal y no entiende de estaciones.

Pero no perdamos el tiempo aunque este exordio sirva para introducir el tema. No quería yo hablar propiamente de estos especímenes conocidos como los antivacunas, sino más bien de asuntos que nos conciernen a la gente normal.

Hay un principio básico por obvio: es natural que haya desconfianza. Nadie sobre la capa de la tierra tiene experiencia sobre una epidemia de la dimensión como la que padecemos. Nadie. Ni la ciencia, ni los políticos, ni las autoridades sanitarias, ni la gente corriente. Tampoco sabíamos nada, evidentemente, sobre las vacunas que pretenden combatirla impidiendo o minimizando -eso es lo que hacen las vacunas- el contagio. Hemos sabido que el proceso de elaboración de una vacuna es lento y el de las que se están preparando se ha acelerado de forma extraordinaria; esto se debe a tres factores: la urgencia médica (en el mundo y al ritmo que vamos, estaremos en dos millones de muertos ocasionados directamente por la covid19 en breve; aparte los que mueren como consecuencia de la saturación de los sistemas sanitarios, tal vez muchos más pues solo cabe pensar en lo que sucede en occidente para deducir qué estará ocurriendo en lugares en donde las infraestructuras son mucho más precarias) la tremenda crisis económica asociada, y la formidable oportunidad de negocio que supone para los grandes laboratorios; ya noto que las personas de bien tuercen el gesto al pensar en los motivos de las grandes corporaciones farmacéuticas, pero es lo que hay.

¿Serán seguras las vacunas? Pues, como es natural, yo no lo se. Por tanto tendré que fiarme del criterio científico...y de algo más: los gobiernos y las organizaciones supra estatales van a controlar que lo sean o se tendrían que enfrentar a algo parecido al Armagedón en forma de desastre sanitario y económico globales y, en ese horizonte, ni que decir tiene cuanto se juega la nada altruista industria farmacéutica si sus vacunas acaban siendo un fiasco. ¿Que son argumentos conceptualmente algo endebles? Ya, vivir es inseguro en más de un sentido. Y, sobre todo ¿cual es la alternativa a las vacunas, más allá del mantenimiento de algunos hábitos de higiene y prevención y, sobre todo, la introducción de cambios de calado pero de lenta asimilación en nuestro estilo de vida? Yo no la conozco.

“Yo no me vacunaré hasta que no vea cómo les va a los demás" Es una frase que ustedes como yo habrán escuchado más de una vez. Ya les auguro: la mayor parte de quienes así se expresan, van a perder el culo para ir a vacunarse en cuanto tengan oportunidad (quizás creen que sí, pero a medio y largo plazo no tienen alternativa) Pero esa actitud merece un comentario.

Sucede muchas veces que el egoísmo es la antesala de la estupidez. La pandemia no es una excepción. Resulta absurdo el acaparamiento de la producción de vacunas por parte de los los países ricos siendo así que, una vez acantonados en la fortaleza de cartón de la presunta inmunidad, tendrían que levantar otra clase de muros mucho más resistentes para evitar la movilidad, algo que choca con la economía global; no se pueden poner puertas al viento y aquí, o hay vacunas para todos o palma hasta el apuntador.

Igual pasa en las actitudes personales: no tiene sentido preocuparse si uno puede ponerse a salvo o no a titulo individual y pasando de los demás ante un problema mundial de salud pública; eso es de una insolidaridad absolutamente irresponsable ¿acaso quienes decidan no vacunarse renunciarán a que el Estado, es decir, la sociedad entera, corra con los gastos de su hospitalización si tiene la desgracia de contraer la enfermedad? ¿Que harán para evitar el contagio? ¿Recluirse sin contacto con el exterior y con la mascarilla puesta hasta que escampe aunque eso dure años? ¿Y cómo sabrán que ya no hay riesgo? Como es obvio, además de asocial, el egoísmo es poco práctico, también por la razón que sigue.

¿Vacunación obligatoria? A mi juicio, no debería serlo. Pero no crean, hay países en que la protección ante algunas enfermedades y en determinadas circunstancias, sí lo es. ¿En Cuba? ¿Venezuela? ¿Tal vez China? No, sorpresa: 11 de los 27 países de la Unión Europea tienen calendarios de vacunación obligatoria y también los tienen algunos estados USA y en Australia por ejemplo. Insisto, no creo que deba ser obligatoria y debería quedar a la mera responsabilidad de cada cual, pero comprenderé perfectamente que los Estados se protejan y traten de proteger a sus ciudadanos, por ejemplo: obligando a hacer cuarentena a quien queriendo viajar no pueda demostrar que está vacunado; exigiendo la vacunación de algunas unidades del Ejercito o a integrantes de profesiones esenciales con especial peligro de contagio hacia la población en su conjunto o a grupos de riesgo, etc.

Presentada ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno por falta de acción climática

"Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón dan un paso más para evidenciar la falta de ambición climática del Gobierno y las consecuencias que conlleva. Medio centenar de organizaciones y más de 24.000 personas se han sumado ya al primer proceso judicial por el clima en España. Mientras la UE ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España propone solo un 23% para el mismo periodo.  Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática. Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas. La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%.  “La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.  Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, e incluyen las conclusiones de dos informes periciales: uno sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país; y un segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos. Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda, destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético. Un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire.  España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las organizaciones, el Gobierno está ahora obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones, para posibilitar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar una vida en condiciones dignas.  “Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no podrán emitir ni una partícula de carbono para su desarrollo ni para llevar a cabo una transición ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy lejana”, ha subrayado Ruiz-Huerta. Precedentes internacionales La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado 30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este trámite y recibido el expediente administrativo del Gobierno, el Tribunal emplazó a las organizaciones para que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que esta mañana se ha presentado a través de la plataforma telemática LexNet.  Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos: desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno holandés a contribuir con su “parte mínima justa” a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático –con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados– y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.   “Los casos que ya se han resuelto han dado como resultado una serie de normas incipientes que ‘revolucionan’ el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora”, ha concluido Ruiz-Huerta"