Zaldivar es una bomba...y no dimite nadie

El vertedero de Zaldibar es un desastre medioambiental y un ejemplo de cómo no deben gestionarse los residuos a pesar de que el Gobierno Vasco trate de minimizar este grave problema.

El de Zaldibar es el principal vertedero de residuos industriales del País Vasco. Su instalación en la ladera del monte Montía, con dos centenares de metros de desnivel y enormes pendientes, es un sinsentido.

El vertido incontrolado de residuos industriales ha colmatado el vertedero de vida útil de 35 años en solo 10 y el vertido de residuos de la construcción con amianto no ha cumplido la normativa estatal sobre vertederos en ningún momento al no depositarse en una celda especial y estanca, que no podría contener otros tipos de residuos.

Ecologistas en Acción considera necesario desmontar los restos del actual vertedero, vaciarlo y planificar una restauración ambiental de la vaguada y el entorno, asegurando mientras tanto los controles ambientales para proteger la salud humana y de los ecosistemas.

En el desastre que está teniendo lugar en el vertedero de Zaldibar y que está poniendo en riesgo la salud de la población de Ermua, Zaldibar y Eibar, y la de sus ecosistemas, se dan un conjunto de circunstancias que llaman poderosamente la atención por lo singular de la situación.

En primer lugar, situar un vertedero en la ladera de una montaña con pendientes de 45º es una auténtica locura. Para sujetar los residuos se construyó un dique de 230 metros de longitud y 100 metros de altura. Esa autorización de 2007 jamás debió haberse concedido por la autoridad ambiental.

En segundo lugar, el vertedero tenía una capacidad de 2,74 millones de metros cúbicos y una vida útil de 35 años. Eso supone un vertido de unas 80.000 metros cúbicos y unas 118.000 toneladas anuales. Teniendo en cuenta que el vertido comenzó en 2011 y que en 2017 se vertieron 380.000 toneladas, en 2018 540.000 toneladas y en 2019 510.000 toneladas, se estaba sobrepasando entre tres y cuatro veces el vertido autorizado anualmente. Un exceso que colmataría el vertedero rápidamente como de hecho ha ocurrido. En nueve años ya había ocupado más de la mitad del volumen total previsto.

En tercer lugar, la Autorización Ambiental Integrada, de 2007 concedida por el Gobierno Vasco, permitía el vertido de residuos de la construcción con amianto, junto con un lista de decenas de tipos de residuos. Los residuos de construcción que contienen amianto son enormemente peligrosos, pues unas pocas fibras del mismo pueden producir un cáncer de pleura en unos años. El Real Decreto 1481/2001 que regula el depósito de residuos en vertederos permite el vertido de residuos con amianto en vertederos de residuos no peligrosos en determinadas condiciones: ha de depositarse en una celda especial y estanca, que no contenga otro tipo de residuos, que se cubra diariamente y que no produzcan dispersiones de las fibras de amianto.

En este caso cuando se produjo el derrumbe del vertedero no se sabía dónde se había depositado el amianto, razón por la cual se interrumpieron las labores de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos. Ahora sabemos que el amianto no estaba recluido en un celda especial, sino que se encontraba en la parte alta y baja del vertedero, mezclado con otro tipo de residuos. Se depositaron 2.954 toneladas en 2017, 2.592 toneladas en 2018 y 4.235 toneladas en 2019.

De cara al futuro con los restos de lo que queda del vertedero, ya que han desaparecido las balsas de lixiviados y los sistemas de desgasificación, Ekologistak Martxan, federación de Ecologistas en Acción en Euskal Herria, subraya que se ha de planificar la clausura y el desmantelamiento de este vertedero, su vaciado y recuperación, el reciclaje de los residuos y la restauración ambiental del entorno. Mientras tanto, se deben establecer unas medidas provisionales, como cubrir toda la superficie del vertedero con una lámina impermeable para evitar la entrada del agua de lluvia y la generación de lixiviados. Asimismo se han de establecer unos controles ambientales severos de la calidad del aire, de las aguas superficiales y de las subterráneas para garantizar la salud de la población y ecosistemas.
Ha costado la vida a dos personas cuyos cadáveres aún no han sido recuperados y quién sabe cuales serán las consecuencias para la salud de los habitantes de la zona en los próximos años.Y no dimite ni Dios. 

El más que dudoso compromiso de FITUR con la sostenibilidad

Fitur, la Feria Internacional de Turismo, afirma que la sostenibilidad es un tema central en la edición actual de esta feria dedicada a un sector intensivo en la emisión de gases de efecto invernadero.

El avión es el medio más usado por el turismo y un gran responsable de esta huella ecológica.

Para Ecologistas en Acción, la reducción del número de vuelos resulta fundamental para frenar el cambio climático y avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible y justo.

Fitur afirma este año que la feria internacional de turismo se centra en la sostenibilidad. Ante esta declaración, Ecologistas en Acción ha recordado que el turismo es un sector en el que la huella de carbono creció de 3,9 a 4,5 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO₂) entre 2009 y 2013, una cifra que supone el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.

Según la organización ecologista, no parece que Fitur tenga un compromiso real con la sostenibilidad. Un ejemplo es lo que sucede con el transporte aéreo, que representa la mayor parte de la huella de carbono del sector. Por ello, Ecologistas en Acción ha enfatizado que las aerolíneas deben dejar de lado sus actuales medidas cosméticas de lavado verde (Iberia se presenta en Fitur con un estand de papel) y comprometerse a aplicar medidas concretas y ambiciosas de reducción de su huella de carbono.

Hay que tener en cuenta que la expansión de la aviación y el crecimiento masivo del turismo están estrechamente ligados. En 2017 el 57 por ciento) de todos los desplazamientos por turismo fueron realizados en avión, según datos de la Organización Mundial del Turismo. Y, según dicha entidad, en 2018 el número de viajes internacionales se situó por encima de los 1.400 millones superando las previsiones que el propio sector manejaba.

El aumento del número de vuelos en los últimos años ha supuesto un crecimiento exponencial de las emisiones de GEI del sector. Mientras que las emisiones mundiales de CO2 aumentaron un 25 por ciento entre 1990 y 2010, las de la aviación se incrementaron en más de un 70 en el mismo período.

Además, las previsiones son realmente preocupantes: en un informe de 2015 para el Parlamento Europeo, el grupo de investigación Öko-Institut ya advirtió de que las emisiones de CO2 de la aviación internacional podrían alcanzar el 22 por ciento de las emisiones mundiales en 2050.

Por otro lado, los impactos de la aviación como medio de transporte no se limitan únicamente al ámbito ambiental. Desde una perspectiva social y económica, Ecologistas en Acción ha recordado que el avión constituye el medio de transporte más injusto. En primer lugar, por ser elitista: se estima que menos del 10 por ciento de la población mundial ha cogido o cogerá alguna vez un avión. A pesar de ello, los impactos ambientales de la aviación afectan al conjunto del planeta y, especialmente, a los países y comunidades más vulnerables.

En segundo lugar, la aviación afecta de manera directa al bienestar de las personas que viven cerca de infraestructuras aeroportuarias: estas sufren más enfermedades derivadas de la mala calidad del aire y el ruido, y, en numerosas ocasiones, comunidades enteras son despojadas de sus tierras para la construcción de aeropuertos. En la actualidad hay cartografiados más de 1.200 proyectos de construcción o expansión de infraestructuras de este tipo a nivel global.

Por último, la industria de la aviación vive en un sistema de privilegios que explica en gran parte su posición dominante frente a otros medios de transporte más sostenibles. Las múltiples ventajas fiscales (como la exención de impuestos al combustible o tipos reducidos de IVA) de las que disfrutan, así como las subvenciones millonarias que aerolíneas e infraestructuras aeroportuarias reciben para mantener artificialmente su rentabilidad, ponen en una injusta situación de ventaja al avión respecto al tren o al autobús.

Frente a este modelo de movilidad y de turismo insostenible y destructivo, que desafía los límites del planeta y se centra únicamente en satisfacer las pautas de consumo de una minoría a nivel global, Ecologistas en Acción defiende un paradigma de turismo de distancias más cortas. Un turismo de tiempos más largos y más manejable, con sistemas de transporte más limpios.

Dentro de ese modelo, la reducción del número de vuelos resulta una condición fundamental. Para ello, deben ponerse en marcha políticas que desmonten los privilegios de la industria de la aviación y que fomenten alternativas de transporte más sostenible, fundamentalmente a través de la mejora de las infraestructuras ferroviarias y de la recuperación de líneas de tren nocturno.

685.000 firmas contra los tribunales privados, un escollo para la transición ecológica

Comunicado de Ecologistas en acción: 

· Coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos 2020, la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados, 685.000 firmas recogidas durante 2019 por la iniciativa europea ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.

· Con estas firmas se pide la eliminación de todos los tratados de comercio e inversiones que contengan el mecanismo ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS). Este sistema de tribunales privados pone trabas a la transición ecológica justa y es usado por las multinacionales para intimidar a los gobiernos.

· La campaña exige, entre otros, la salida del Tratado sobre la Carta de Energía, por el que España (el segundo país del mundo con más demandas recibidas bajo este sistema de tribunales privados) ha recibido 47 demandas.

· En su lugar, la iniciativa europea exige un tratado internacional vinculante que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han entregado las firmas de la petición a sus representantes políticos en toda Europa. Lo han hecho coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, justo un año después del inicio de la iniciativa.

En el Estado español, la entrega de las firmas se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios y al autodenominado ‘gobierno progresista’ que escuche las demandas de las miles de personas que exigen el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela ISDS. También se ha exigido la creación de una normativa para controlar que las empresas españolas no vulneren los derechos humanos y destruyan el medio ambiente.

El ISDS es un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislación que pueda afectar sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los Estados. Esta herramienta se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) o el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam, aprobado ayer por la comisión de comercio del Parlamento Europeo.

El Estado español es el primer país de la Unión Europea, y el segundo a nivel mundial, que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), un total de 51, de las cuales 47 se han llevado a cabo en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía.

Aunque dichas demandas se han producido en el contexto del recorte de España a las renovables, ya existen casos que muestran cómo este tratado puede ser utilizado contra Estados que adopten necesarias y urgentes medidas de transición ecológica. Sirva como ejemplo las demandas anunciadas recientemente por las compañías Uniper/Fortum y TWE contra Holanda por aprobar una ley que prohíbe la quema de carbón en la la producción de electricidad.

Las organizaciones promotoras de la campaña han señalado que estas demandas, presentes y futuras, se traducirán en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores, en vez de dedicarse a medidas sociales de transición justa. Por ello, la emergencia climática hace necesaria más que nunca la salida de España del TCE, y la terminación de cualquier tratado que contenga dicho mecanismo.

Normativa para acabar con los crímenes corporativos

En lugar de los ISDS, la iniciativa exige un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, acompañado de legislación a nivel europeo y estatal, que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.

En 2018, 321 personas que defendían los derechos humanos y ambientales fueron asesinadas por oponerse a abusos corporativos. A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia.

Desde el 2014 se está negociando un tratado vinculante de las Naciones Unidas. Sin embargo, tal y como señalan los portavoces de la campaña, “los lobbies empresariales y algunos países e instituciones, la UE entre ellas, llevan todo este tiempo obstaculizando la adopción de un tratado fuerte que se traduzca en medidas reales y efectivas para parar los pies a la impunidad corporativa”.

A nivel de los Estados, Francia lleva la delantera, con la adopción en 2017 de una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas. La ley ha sido recientemente utilizada contra la multinacional francesa Total por no incluir en su plan de vigilancia el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero y por no respetar los derechos humanos y el medioambiente en Uganda. Si bien esta ley supone un enorme paso adelante, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar su aplicación efectiva.

Durante la entrega de firmas, Ecologistas en Acción ha recalcado que el nuevo Gobierno español debe priorizar la protección de los derechos humanos y del medioambiente allí donde operen sus multinacionales. Para ello, le ha pedido que se implique de forma constructiva y proactiva en el proceso de elaboración de un Tratado Vinculante de la ONU y promover de manera inmediata la elaboración de una ley a nivel estatal a semejanza de la francesa. 

Hay gobierno y es de izquierdas

Pues sí. Resulta que vamos a tener un gobierno en el que las izquierdas se han concertado

por primera vez desde la II República y, en el caso de Podemos, tras aguantar lo que nadie ha debido soportar jamás en democracia; en ninguna parte. Ya son lo de menos sus crisis internas y sus errores bien naturales; lo demás, desde la guerra sucia a dificultades de todo tipo hasta llegar aquí. 

Lo cierto es que Podemos (con su peculiar estructura dispersa y variopinta, con IU y con parte de Equo, ciertamente) estará gobernando apenas cinco años después de su creación. Van a gobernar acorde a un programa que es genuinamente socialdemócrata al modo tradicional, nada radical, que tiene de revolucionario y anticapitalista o antisistema lo que yo de sacristán; basta leerlo.

A eso ha respondido la derecha tildando tal gobierno de ilegítimo, utilizando en sus ataques dislocados a las victimas del terrorismo, a la patria y al Rey, amenazando diputados, llamando incluso a la insurrección y mintiendo, mintiendo mucho, mintiendo todo el tiempo y sobre cualquier cosa. En la Investidura, ni una palabra sobre el acuerdo PSOE-UP; ni siquiera sobre la literalidad de lo firmado con PNV y ERC, solo suposiciones, falsedades o medias verdades sobre la letra y el espíritu de los acuerdos, anuncios del Armagedón catalán e insultos varios al presidente del Gobierno en funciones. España es un país en el que sale gratis llamar traidor a quién ostenta la representación de uno de los poderes del Estado.

No se si es histórico porque da pudor usar ese adjetivo en vista de que los muy devaluados medios de comunicación españoles han manoseado y trivializado el adjetivo hasta la náusea. Sí se que en unos días habrá gobierno y que eso levanta no pocas esperanzas en mucha gente. El Partido Popular (el resto de la derecha o está camino de desaparecer o es puro fascismo) debiera darse cuenta de que hoy no hay alternativa y solo de ellos depende que la haya en el futuro si, como dice Casado, esa es su vocación. Ciudadanos no existe y VOX debe ser combatido; sí, sobre todo por el PP. O será devorado.

Debieran acallarse las voces que desde el propio PSOE y sus aledaños (algunos barones, viejos roqueros, socialistas que dicen ser pata negra y otras faunas) han oficiado una especie de quintacolumnismo de eso tan raro que llaman “sanchismo”. También ellos han perdido; háganse a un lado y no estorben.

Ojalá desaparezca de nuestro lenguaje para siempre la palabra “constitucionalista”, mendaz denominación que sirve para designar precisamente a quienes no les interesa la Constitución más que para sus fines cortoplacistas, romos, muy poco patrióticos. Para eso y para dividir, estigmatizar y agredir. 

Gobierne pues el Gobierno y hágalo con la determinación que corresponde a su magistratura y su misión. Sin aspavientos pero, llegado el caso, con la firmeza que exige el cumplimiento del mandato que ha recibido de la voluntad popular. Habrá mucho ruido, va a ser difícil, pero el Gobierno dispone de las herramientas necesarias para laminar si hace falta a quien busque el modo de torcer esa voluntad.

Suerte. Nosotros, la gente corriente, nos jugamos mucho. 

COP25: la gente estamos preparados para afrontar la emergencia climática, pero nos gobiernan suicidas

Como en otras ocasiones, cedo encantado este espacio para difundir informaciones que me parecen de gran interés. En esta ocasión se trata del  

Comunicado final de la Cumbre Social por el Clima sobre COP25

La Cumbre Social por el Clima (CSxC) ha constituido un espacio fundamental de contestación social a la COP25. Desde que recibimos el testigo no deseado de intentar levantar este espacio en un tiempo récord, nos comprometimos a funcionar como un altavoz de las demandas de las comunidades del Sur Global y, en particular, de los movimientos sociales latinoamericanos y chilenos, cuya voz pretendía silenciarse. A pesar del reto logístico y humano que implicaba organizar todo en tan poco tiempo, siempre quisimos cuidar la coordinación con los diferentes espacios sociales chilenos que ya estaban en marcha, particularmente la Minga Indígena, la Cumbre de los Pueblos y la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC). Estos espacios mantuvieron sus actividades en Chile, pero era fundamental la presencia tanto de sus mensajes como de sus delegaciones en la CSxC. Elementos como la denuncia del extractivismo, la violación de los derechos humanos, las demandas relativas a la justicia social y a los pueblos originarios han estado desde el principio en el centro de nuestras reivindicaciones. Con plazos muy apretados (y gracias a la contribución de la Universidad complutense de Madrid y UGT) se ha logrado el reto de habilitar el espacio físico y humano para la celebración de la CSxC. Hemos canalizado más de 370 peticiones de actividades estructuradas en torno a diferentes ejes temáticos: límites planetarios, sistema económico y financiero, justicia social, sistemas políticos, democracia y derecho humanos, interseccionalidad y soluciones verdaderas. Más de 15.000 personas y 300 organizaciones, redes, colectivos y movimientos sociales de todos los continentes se han dado cita estos días en la CSxC para hablar, intercambiar ideas y hacer propuestas sobre ecofeminismo, migraciones, neocolonialismo, indigenismo, empleo, agroecología, energía, transiciones, democracia o cultura regenerativa, entre otros. Frente a los decepcionantes debates en la negociación oficial, que giraban en torno a los mercados de carbono o las compensaciones, la CSxC se ha encargado de abrir el espacio a un debate mucho más rico y diverso sobre las verdaderas soluciones. Pero, por encima de todo, el espacio de la CSxC ha servido para continuar tejiendo la red social y comunitaria que nos hará más fuertes para el escenario de crisis ecológica, social y climática que enfrentamos. 

Durante las asambleas plenarias de cada día, en algunas de las cuales han llegado a participar cerca del millar de personas, hemos tenido la ocasión de escuchar a decenas de compañeras y compañeros de comunidades muy diversas que han compartido sus luchas y cómo están confrontando en primera línea las agresiones extractivistas y los impactos climáticos. Compartir estas dos semanas con personas de pueblos indígenas ha sido una de las experiencias más constructivas, enriquecedoras y emotivas de la CSxC. Como dicen en la carta entregada a la Presidencia de la COP25, los pueblos indígenas son los “guardianes de la vida en los territorios más biodiversos del planeta”, quienes trabajan por “el buen vivir, la vida, la naturaleza y la humanidad, sean indígenas o no”. Estos pueblos y naciones indígenas (que defienden el territorio de las multinacionales, del extractivismo, de la mercantilización del planeta), han dejado claro que la tierra es esencial para el sustento de los seres humanos y no humanos y que es importante el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Desde su concepción de la Madre Tierra como un ser vivo y desde sus conocimientos tradicionales, han aportado muy valiosas visiones hacia la transición ecológica necesaria. Nos unimos a estos pueblos y naciones denunciando el papel de las multinacionales, principalmente las españolas, exigiendo el fin de la criminalización y persecución que sufren por proteger los ecosistemas, declarando a la Madre Tierra como un ser vivo sujeto de derecho y demandando que se mantengan los combustibles fósiles bajo el suelo, fuera de los actos del extractivismo colonialista.

Si algo hemos aprendido de los pueblos indígenas es que el colonialismo continúa, no solo en las grandes empresas, sino también en nuestras maneras de pensar y actuar. Durante estas dos semanas hemos cometido errores fruto de un pensamiento que, pese a la buena voluntad, no cuestiona suficientemente el poder de las personas blancas. Errores que han generado dolor. Queremos disculparnos por ello. Y queremos aprender de estos errores. El camino de la descolonización es largo, pero queremos recorrerlo porque, como termina la carta presentada por la Minga Indígena a la COP25 “es el momento de unir todos los esfuerzos del mundo y dejar de lado nuestras diferencias”.

Queremos destacar también la persecución que sufren especialmente las mujeres y el pueblo mapuche (cuya represión es una práctica histórica de todos los gobiernos hasta la fecha). Por eso apoyamos su lucha y exigimos el cese de la represión y la liberación de las presas políticas. De la misma manera, apoyamos a todos los pueblos en lucha por la defensa de sus territorios y rememoramos a quienes han sido asesinadas en el ejercicio de este derecho. Ha sido un honor contar en la cumbre con Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, asesinada por el gobierno de Honduras por defender su territorio.

Nuestra mirada tampoco ha dejado de estar en las recientes movilizaciones de Chile, cuya población sale diariamente a las calles para luchar por el cambio. Hemos denunciado las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Piñera, que asesina, desaparece, hiere, tortura y viola. Son la manifestación palpable de la crisis del sistema neoliberal, que no solo ha precarizado el sistema de salud pública, expoliado el sistema de pensiones y endeudado a amplias capas de la población (y muy en particular a la población estudiantil), sino que lleva décadas acometiendo una política extractivista depredadora del territorio. A medida que la crisis climática se hace más palpable en Chile -con procesos como la desertificación, la esquilmación de los acuíferos o la subida del nivel del mar, minando las posibilidades para la vida en los territorios-, estas demandas se han ido incorporando a las luchas por la justicia social. Por ello desde la CSxC hemos querido en todo momento visibilizar este nexo que relaciona la crisis social con la crisis ecológica como manifestaciones de un mismo problema: un modelo económico que atenta contra la vida. 

En las asambleas plenarias también se han seguido las negociaciones oficiales de la COP25, la lucha climática de los movimientos de la juventud, el lanzamiento del manifiesto latinoamericano por el clima por parte de la SCAC/FIMA, la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, las luchas de las defensoras de derechos humanos, la criminalización de la protesta y las luchas de activistas contra combustibles fósiles y megaproyectos, los ecofeminismos y las alternativas para un futuro deseable. La difusión de la cultura también ha sido central; a través de los espacios de exposiciones, talleres artísticos, performances, lecturas de poesía y actuaciones musicales.

Nuestra visión sobre la COP25

Nosotras y nosotros, defensores de la justicia climática, personas científicas, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinas, activistas de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo, nos hemos reunido en la Cumbre Social por el Clima y nos hemos manifestado masivamente en Madrid para hacer sonar una vez más la alarma, con una sola voz: las negociaciones de la COP25 nos conducen a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. Depende de nosotras articular las respuestas a la emergencia climática, no podemos esperar nada de la mayoría de los Estados cuyos compromisos deberían verse enormemente incrementados. 

La vida de las personas y nuestro planeta están en peligro. Los países del Norte Global acumulan una deuda histórica a la que deben responder garantizando los fondos necesarios para dar respuesta a la emergencia ecológica y social de la mayor parte del planeta. Es inadmisible seguir cuestionando las salvaguardas de derechos humanos en la lucha climática. Sería imperdonable que mecanismos como los mercados de carbono o los mecanismos de desarrollo limpio siguiesen siendo la fuente de enormes vulneraciones sociales y ambientales.

Esta cumbre nuevamente sigue obviando la necesidad de echar a los grandes contaminadores de estas cumbres. Es más, permite que a través del patrocinio se conviertan en un escaparate donde lavar de verde a las empresas responsables de la degradación climática, obteniendo además acceso privilegiado a políticos y negociadores. 

Mientras se mencionan en los plenarios las masivas movilizaciones de los pasados meses, se ignoran las demandas de medidas reales, echando a más de 300 personas de la cumbre oficial –defensores de la justicia climática, personas científicas, jóvenes, mujeres, líderes indígenas, representantes de organizaciones de todo el mundo–, que se habían unido en una protesta pacífica para hacer sonar la alarma con una sola voz: las negociaciones de la COP25 están peligrosamente desviadas.

En 2015 los países convenían acordar un débil proceso conocido como el Acuerdo de París, pero tal y como la comunidad científica está poniendo en evidencia, este pacto global parece incapaz de mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2ºC y a ser posible en 1,5ºC. Esta COP25 podría reducir aún más esa ambición. Dilatando los tiempos de presentación de nuevos compromisos, podemos retrasar durante años afrontar la emergencia climática, lo que tendrá catastróficas consecuencias.

Apenas quedan 10 años para enfrentar la emergencia climática. Sin embargo, se sigue proponiendo profundizar en mecanismos como los mercados de carbono o mecanismos de desarrollo limpio que ya han sido fuente de numerosas violaciones de derechos humanos y ambientales. Seguir permitiendo que las grandes empresas petroleras, de aviación civil y marítima, mineras, eléctricas… sigan condicionando la ruta de descarbonización de la economía es sencillamente inadmisible. Solo una correcta planificación que consiga transformar el sistema capitalista depredador en un sistema que quepa dentro del planeta y con la vida en el centro podrá frenar la emergencia climática.

En estas últimas horas de la COP25 reafirmamos nuestro compromiso de articular soluciones reales a la emergencia ambiental y social. Es nuestra capacidad de movilizarnos, organizarnos y entendernos lo que nos puede salvar de la emergencia ecológica y social que vivimos. Hemos aprendido las unas de las otras, hemos trazado lazos de solidaridad, nos hemos contagiado las ganas de luchar. Nos vamos mucho más fuertes de lo que llegamos. Mantendremos la presión frente a los políticos en defensa del bien común. Seguiremos en las calles para frenar la emergencia climática, de Santiago a Madrid articularemos redes de solidaridad con las poblaciones que luchan por la justicia en todas partes del mundo. Frente a la política neoliberal, las zonas de sacrificio o la locura de seguir extrayendo combustibles del suelo llamamos a la resistencia pacífica pero firme y continuada, al fin y al cabo, el mundo ha despertó ante la emergencia climática. 

Crecimiento y medio ambiente

Me llama la atención (es una forma de hablar puesto que a estas alturas uno está curado de espanto) que en la COP 25 se esté prestando entre poca y ninguna atención al crecimiento económico.

Es obvio que la idea de “desarrollo” en nuestra sociedad globalizada, está asociada a la de “crecimiento” económico. Y es igualmente evidente que en la ideología dominante, el neoliberalismo, es el mercado la referencia única, pues aunque no niegue la utilidad del Estado lo hace en la medida en que garantice precisamente el libérrimo intercambio de bienes y servicios, esto es, el mercado. Por completar: con tales mimbres, hablar de "crecimiento sostenible" es para toda una corriente de las ciencias sociales un oxímoron; pero tanto el capitalismo con rostro humano como la socialdemocracia, o lo que queda de ella, hacen suya la idea y alcanzan fortuna expresiones como “economía verde” -que ya he comentado en este mismo blog- y otras.

Dejémoslo en que cabe “otro crecimiento” igual que cabe pensar en un “decrecimiento” que, como dice Federico de María quizás debiéramos llamar “acrecimiento” para no dar idea de que se propone poco menos que volver a las cavernas, lo cual en todo caso resulta pueril. El “decrecimiento” o “acrecimiento” postula más bien un cambio de paradigma que aspira a construir una sociedad de "abundancia frugal" que dice Niko Paech o de "prosperidad sin crecimiento" como propone Tim Jackson; ambos conceptos son bastante gráficos y, en mi opinión, no necesitan ser explicados o no es mi propósito ahora. 

No pretendo abrir aquí un debate al respecto. Sólo me quejo de la poca atención que en la COP25 se está prestando a lo que es sustantivo.

El profesor Vicenç Navarro, persona de prestigio entre nosotros y fuera de España, se ha esforzado por recordarnos que es un clásico del pensamiento socialista el debate sobre el crecimiento económico. Navarro escribía en 2014 en un artículo publicado en el digital Público titulado “Los errores de las tesis del decrecimiento económico” que “...el socialismo tenía que cambiar no solo la distribución de los recursos, sino la forma y tipo de producción. Y para que ello ocurriera es fundamental cambiar las relaciones de poder en el mundo de la producción (con la democratización de la producción, que es distinto a su estatalización) y cambiar el motor del sistema, de manera que el afán de lucro se sustituyera por el afán de servicio a las necesidades humanas, definidas democráticamente”

En otro orden, en septiembre del año pasado, más de doscientas personalidades de diferentes ámbitos científicos suscribieron una carta abierta (a la que después se adhirieron a modo de manifiesto, unas cien mil personas) que titularon “Europa, ha llegado el momento de terminar con la dependencia del crecimiento” En ella proponían lo siguiente: 1.- “constituir una comisión especial sobre el futuro en post-crecimiento en el Parlamento de la UE. Esta comisión debería debatir activamente sobre el futuro del crecimiento, concebir políticas alternativas para unos futuros de post-crecimiento y reconsiderar la persecución del crecimiento como un objetivo general de todas las políticas. 2.- Incorporar indicadores alternativos en los marcos macro económicos de la UE y sus estados miembros. Las políticas económicas deberían ser evaluadas en relación con su impacto sobre el bienestar humano, el uso de recursos, la desigualdad, y la generación de trabajo decente. Estos indicadores deberían tener mayor importancia en los procesos de decisión que el PIB. 3.- Transformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en Pacto de Estabilidad y Bienestar (PEB). El PEC es un conjunto de normas orientadas para limitar los déficits públicos y la deuda pública. El pacto debería ser revisado para garantizar que los estados miembros puedan satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, al mismo tiempo que se reduce el uso de recursos y las emisiones contaminantes a unos niveles sostenibles. 4.- Crear un Ministerio para la Transición Económica en cada uno de los estados miembros. Una nueva economía que se centre directamente en el bienestar humano y ecológico podría ofrecer un futuro mucho mejor que aquel que estructuralmente depende del crecimiento económico”

https://www.dropbox.com/sh/o00ljs5k0zd7k9g/AABRtaq59kbIrQxG8GJWTM5Ka?dl=0&preview=Post-Growth+Open+Letter_Spanish.docx

Ninguno de estos enfoques que constituyen posicionamientos rigurosos en direcciones diferentes están en la COP25. Quizás cuando termine nos felicitemos porque más allá de las palabras y las buenas intenciones empecemos a ver que los estados toman iniciativas significativas para enfrentar la crisis climática. Pero soy pesimista porque seguimos sin ir al fondo de los problemas. Y cada vez tenemos menos tiempo.

Menores extranjeros no acompañados, una vergüenza injustificable

La historia que les contaré pone los pelos de punta. Y, al tiempo, da una idea del grado de indignación al que se puede llegar cuando uno lee algunas crónicas presuntamente periodísticas o asiste al uso miserable que hacen del asunto la ultraderecha patria crecida y rampante y sus compañeros de fatigas, de fatigas ajenas se entiende. Sí, les voy a hablar de los Menores Extranjeros no Acompañados. Tal vez les suene más, porque es el término que usan esa gentuza a la que me acabo de referir y, por desgracia, muchos presuntos periodistas y medios de comunicación que cada vez tienen más olvidado algo que les enseñaron en primero de carrera: la responsabilidad social del periodismo. Son los MENAs, acrónimo perversamente sustantivado que debemos desterrar de nuestro vocabulario.

Mi punto de partida son sendos informes. El primero de ellos es de abril de 2017 y lo realizó Iridia, Cen­tre per la De­fen­sa dels Drets Hu­mans. El segundo está fechado en este mismo año de 2019 y ha sido realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Los dos son trabajos rigurosos, ambos se refieren a la llamada Frontera Sur de Europa y en concreto a una de las tres rutas, la española (que, en nuestro caso, es marítima y terrestre) junto a Grecia e Italia, de acceso a Europa. Los dos llegan a conclusiones similares. Y sus autores han debido afrontar parecidas dificultades para realizarlos.

Empezaremos por ahí, por las dificultades, porque ese relato de la opacidad también define de qué hablamos. Pero antes, déjenme que les diga algo que debemos saber desde el principio: cuanto oigan o lean sobre delincuencia relacionada con estos menores, adolescentes maltratados, confusos y muy vulnerables, es mentira más allá de incidentes aislados e irrelevantes. No lo digo yo. Lo dice siempre que se le pregunta el Fiscal de Sala Coordinador de Menores: "Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales" Javier Huete en el IV Congreso Interés Superior del Niño. Acogimiento familiar: hacia nuevos modelos, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y que se celebró del 13 al 15 del pasado mes de noviembre.

La delincuencia y el coste para los servicios sociales (1.000 millones dice el bulo que hacen circular presuntos expertos que no son sino agentes de la más torpe xenofobia) son los caballos de batalla de cualquier reaccionario que se precie; por resumir: ambas cosas son falsas. La periodista María Martín lo explicaba muy bien en el diario El País hace unos días:

https://elpais.com/politica/2019/11/19/actualidad/1574185016_717770.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0AGMEAAMwl1QQP-8LHqHLitRNF9Mx7egapGCq_ad-8jehjV76xfTCoik8#Echobox=1574497122

Estos chicos y chicas son víctimas de un sistema inmisericorde y, como dijo hace poco la diputada Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz, no hay cosa más miserable que agredir a los niños, a los débiles.

El trabajo de IRIDIA y de APDHA es ingente, sigue siéndolo, en especial porque hay que luchar contra la falta de transparencia y a veces hasta correr riesgos para la propia integridad personal de quienes se desplazan a Marruecos o a Ceuta y Melilla para recabar información sobre el terreno; o incluso si se intenta indagar tras las paredes de esos lugares indignos, vergonzantes, cárceles para quienes tienen la desfachatez de querer vivir, ni siquiera un poco mejor, vivir a secas, que son los CETI.

Hay muchas denuncias de maltrato en el Centro de Acogida de Menores "La Purísima" de Melilla

Las administraciones públicas, tanto la estatal como la andaluza, en el mejor de los casos arrastran los pies a la hora de entregar la información que se les pide; al cierre de esta crónica ambas organizaciones están a la espera de que se les actualicen los datos a pesar de que su insistencia es digna de mejor suerte. Ambos informes beben pues de esas informaciones obtenidas con sacacorchos de las instituciones y de las que facilitan entidades de ayuda de carácter privado tales como Save the Childrens, SOS Racismo, Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita a Migrantes, Prodeim, Andalucía Acoge, Harraga, etc, y, en menor medida, agencias como el Defensor del Pueblo Andaluz, Acnur y Unicef. Este periodista no ha tenido mejor suerte a la hora de recabar por su cuenta información de última hora. Así es que los datos disponibles corresponden a 2017 y en parte a 2018.

Si quieren tener una perspectiva como no puede ofrecer un medio escrito, es muy recomendable el reportaje dedicado a este tema por el programa Salvados de La Sexta hace unas cuantas fechas, titulado “Hijos de Nadie”:

https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-15/hijos-de-nadie_5dcec8287ed1a89ce0af67e1/

Ceuta y Melilla y la propia costa meridional española forman parte de una línea no dibujada en mapa alguno que es la frontera sur de Europa, un espacio de excepción jurídica en donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Entre Melilla y Marruecos hay un paso fronterizo internacional cuyo nombre es Beni Ensar; en Ceuta hay otro bien conocido que hoy es un recuerdo de muerte e impunidad: El Tarajal. Y hay más de 500 kilómetros de costa, 14 kilómetros infernales en la ruta más corta, El Estrecho, para quien viaja en las embarcaciones precarias con las que quienes se aventuran lo arriesgan todo.

En el lado marroquí, redadas en los asentamientos, dispersión, arrestos, tortura; Marruecos es el gendarme que la Unión Europea ha designado para tratar de ponerle puertas el viento y al que paga generosamente. En el Este es Turquía, en el Sur son Marruecos y Libia; todos países inseguros para los migrantes y los tres consumados chantajistas.

En el lado español la estrella son las devoluciones en caliente, sin identificación, sin dilucidar si se trata de menores, sin asistencia jurídica, sanitaria ni de ningún tipo. En el informe de IRIDIA, hay un testimonio que lo resume todo o casi todo; es Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios “...lo que nos ha venido diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que están bajo protección de las leyes europeas y de las leyes nacionales de cada estado cualquier persona que se encuentra bajo la directa supervisión de un agente fronterizo europeo...Puede solicitar asilo, puede reclamar cualquier situación de vulnerabilidad, puede manifestar ser menor y tiene que ser protegido”. Un sarcasmo.

Dije que lo resume todo o casi todo, porque falta en este breve apunte de contexto, una referencia a esos templos de la indignidad conocidos como CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, prisiones para quien no cometió delito alguno. Todos saturados, todos en pésimas condiciones de habitabilidad, lugares en los que esconder la miseria moral y la otra, la arbitrariedad, los abusos...En España hay 8 de estos centros; si uno busca información solicitándola por los conductos oficiales, encontrará el silencio y si pretende visitar alguno, oh sorpresa, un guardia jurado de una empresa privada, le impedirá el paso sin explicación alguna. Si insiste y trata de averiguar a partir de testimonios directos de personas que estuvieron internadas o de las organizaciones humanitarias, encontrará una única respuesta: son el infierno.

Y está la calle, claro, la calle. Porque resulta que muchos de estos menores viven en la calle, duermen al final del espigón del puerto de Melilla o deambulan por los alrededores del CETI de Hortaleza en Madrid para inquietud de las gentes de orden.

Son niños. 

Hacinamiento en el Centro de Acogida de Hortaleza, Madrid

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (citada en el informe de APDHA) en 2017 1.293 menores, 95 niñas y 1.198 niños figuran “en fuga” ¿Qué significa? Pues que en algún momento estuvieron en contacto con algún servicio de “protección” y lo abandonaron. Según el Informe sobre Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior correspondiente a este año 2019 “...de las 12.330 denuncias por desaparición, 9.737 (un 79 por ciento) son de menores, y de ellas el 52 por ciento son jóvenes inmigrantes, la mayoría de origen magrebí” Reitero: estos menores migrantes estuvieron en algún momento y de un modo u otro puesto que sus circunstancias como extranjeros no habían cambiado en el momento de desaparecer, bajo la tutela de la Administración española.

¿En donde están? ¿Donde están sobre todo las niñas? Pues algunos es posible que hayan salido de España, cayeron en manos de las mafias y son objeto de trata, y otros ...quién sabe. Miren la información que publicaba eldiario.es en mayo del año pasado:

https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-Acoge-Menas_0_772023116.html

A destacar lo que decían en la Consejería de Igualdad de la Junta en mayo del año pasado: “el abandono voluntario responde a la consecución de un proyecto migratorio que tiene su destino más allá de Andalucía” ¿Cómo lo saben? No lo saben y, lo que es peor, el desinterés, la abulia de las autoridades, están protegidos por las leyes: el artículo 172 del Código Civil dice en el apartado quinto: “la Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situación de desamparo cuando...hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido” Se lavan las manos.

Se conculca con la mayor desfachatez un principio consagrado por la jurisprudencia internacional, el llamado “interés superior del menor” que en la legislación española, viene recogido en el artículo 2 de Ley Orgánica de la Protección Jurídica del Menor: “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro tipo de interés legítimo que pudiera concurrir.”

Al margen de la absurda interpretación que hace la Junta de Andalucía del abandono de la tutela, lo cierto es que los menores se marchan (o quizás debiera decirse que escapan) de los centros porque en ellos no se les ofrece ninguna expectativa y a menudo son maltratados. Eso en cuanto a los que podría decirse que lo hacen por voluntad propia, pero el drama se hace mayor cuando cumplen 18 años: automáticamente pasan a un estado de vulnerabilidad insoportable; si, mal que bien, tenían un jergón y comida caliente, con la mayoría de edad, han de abandonar los centros en donde llevaban quizás años. Dejan de ser niños y ahora son sujetos de la normativa de extranjería, sin familia, sin orientación educativa, profesional, psicológica, sin ayuda de ninguna clase salvo la que puedan ofrecerles entidades privadas de cuyos recursos y capacidades son limitadas.

El Comité de los Derechos de Niño de la ONU en las observaciones finales de los informes sobre España 2018 “Recomienda que el Estado intensifique las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y la discriminación contra...los niños de origen extranjero, los niños solicitantes de asilo y refugiados” El Estado español no hace nada, y donde leen nada, es absolutamente nada.

¿Cuantos menores pasan de esa pseudo protección a no tener ninguna? De nuevo no se sabe. De nuevo la opacidad. La APDHA ha hecho una estimación para el año 2018 a partir de los datos que ofrece el Observatorio de la Infancia de Andalucía; dice el Informe de APDHA: “Si a 31 de diciembre de 2017 se encontraban bajo tutela del Sistema de Protección de Menores 1.309 niños y niñas migrantes y de ellos el 33,5 por ciento tenía 17 años, a lo largo de 2018 habrían cumplido los 18 más de 430, a los que habría que sumar los que se incorporaron al sistema desde enero de 2018 hasta el momento de hacer el cálculo y cumplieron los 18 en ese período, dato desconocido. En todo caso de nuevo formularemos la pregunta: “¿En donde están esos más de 400 chicos y chicas? Muchos de ellos se quedan pululando alrededor de los Centros de los que han sido expulsados porque sus compañeros que permanecen dentro pueden ofrecerles algún tipo de ayuda por precaria que sea, pero la respuesta no es muy diferente de la que ofrecí en párrafos anteriores.

Podría pensarse que tanta dejadez, tal falta de atención, semejante desidia, son el resultado de la incapacidad, pero no. Para la APDHA la regularización de la situación administrativa de los menores no es sino una farsa, un marco diseñado precisamente para la exclusión. Saquen ustedes sus propias conclusiones:

“La fecha de entrada en el centro de protección, el momento en que se realice la declaración de desamparo y el de la tramitación y concesión de la autorización de residencia durante su tutela tendrán efectos importantes en su vida, especialmente cuando alcance la mayoría de edad. La autorización de residencia en ninguno de los casos conlleva la autorización a trabajar. En este momento, si dispone de autorización de residencia podrá renovarla con una vigencia de dos años, siempre que acredite: medios económicos para su sostenimiento, que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva, que reúne los requisitos establecidos para el ejercicio de una actividad por cuenta propia” ¿medios económicos? ¿trabajo? 

Son niños y adolescentes. Son extranjeros. Y no tienen a nadie. 

.

Juan A. Cabrera