Imaginen una oficina, un departamento, una sección, de un área de la Administración Pública. Supongan que en esa unidad trabajan ocho personas y todas ellas son funcionarios interinos. Consideren ahora que el perfil de esos ocho trabajadores es más o menos el siguiente: más de 15 años prestando servicio, en algunos casos con un conocimiento más especializado y en otros más generalista; hay, de entre los ocho, un único caso de una persona que se ha incorporado recientemente y que nunca se ocupo de cometidos como los que desempeña en la oficina, departamento, sección…El resto conoce a la perfección la tarea que realiza y la experiencia le ha proporcionado un conocimiento práctico y la capacidad necesaria para, dentro del cometido general, desempeñar otros trabajos más o menos similares.
En estos días los ocho van a ser sustituidos por otros tantos funcionarios de carrera que en su día aprobaron una oposición y ahora tomarán posesión de su plaza. Como es natural, tales funcionarios conocen la teoría a la perfección pues tuvieron que competir en los exámenes con otros muchos opositores. Y lo ignoran todo desde el punto de vista práctico, amén de que, por tratarse de su primer trabajo en casi todos los casos, carecen también de esa experiencia vital que da enfrentarse a la tarea, el jefe, a los usos y costumbres, etc.
Si lo que acabo de contar se refiriera a una empresa privada, enseguida caeríamos en la cuenta de que está condenada al cierre, pues no es que haya que despedir a tan incompetente jefe de recursos humanos, sino que habría que deshacerse de quien desde la más alta responsabilidad consiente semejante barbaridad: sustituir de golpe a toda una plantilla experimentada por otros tantos ingenieros recién titulados.
Pero de lo que hablo es de la Administración, más concretamente lo que cuento sucede en los Juzgados de Madrid y, más específicamente aún, en los Juzgados de lo Social.
En conjunto, más de 4.000 personas son funcionarios interinos: carne de cañón, juguetes del mayor precarizador de empleo que existe, la propia Administración, que incorpora trabajadores procedentes de lo sectores más variopintos (los pide al INEM, por ejemplo) cuando le interesa cubrir una plaza y los manda al paro cuando ha de aplicar uno de los principios más engañosos que puede haber en materia de recursos humanos: el de mérito y capacidad: como si quienes llevan, insisto, 15 ó 20 años en el tajo, no hubieran acreditado capacidad y méritos suficientes; como si el hecho de haber aprobado una oposición otorgara tal mérito y tal capacidad; como si tener una plaza en propiedad garantizara en no pocos supuestos, otra cosa que el ejercicio de la vagancia de por vida.
De lo que hablo es de una planificación de recursos humanos propia de un demente. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién mantiene ese sistema desde hace tanto tiempo? ¿Quién por la vía de los hechos impone a jueces y secretarios judiciales esta (des) organización? ¿Por qué se prima la incompetencia y el desprecio al derecho al trabajo bajo la apariencia de un procedimiento objetivo que no es sino una falacia y que da lugar a una injusticia? ¿Por qué no se acaba con el interinaje mediante algún procedimiento que reconozca la situación de esa gente? ¿Por qué no se indignan los interinos? ¿Por qué pagamos todos a semejante super director de Recursos Humanos?
