El responsable de un incendio forestal es quien lo prende
y su acción debería ser considerada a todos los efectos, terrorismo. La
anterior es una afirmación que cualquier persona decente puede hacer suya. Pero
si eso es todo lo que decimos respecto a las causas y sus eventuales
consecuencias de lo que constituye una tragedia nacional que este verano está
resultado especialmente grave, nos estaremos conformando con una simpleza.
Si manteniendo lo anterior, aseguramos que la virulencia
de los incendios este año es el resultado sobre todo del abandono de los montes
por causa de los recortes aplicados por el Gobierno de España y los de las
distintas Comunidades Autónomas, añadiremos un argumento más pero tampoco la
reflexión quedará completa.
Como ya sabemos, no es posible poner un policía tras cada
carterista o cada maltratador. Naturalmente, tampoco tras cada pirómano o cada
imbécil que se le ocurra arrojar una colilla a la cuneta, dejar rescoldos en una
barbacoa dominguera o quemar rastrojos sin la máxima prevención. De modo que
poco podemos hacer al respecto. Ni siquiera el endurecimiento de las
consecuencias penales de estas acciones (necesaria, a mi juicio, en todo caso)
pondría fin a las conductas negligentes o criminales; como dice un conocido
aforisma, el voluntarismo solo conduce a la melancolía.
No estamos acostumbrados a calcular en hectáreas
(150.000) pero, si nos detenemos a pensar que este verano el fuego ha calcinado
una superficie similar a Guipúzcoa entera, tal vez nos hagamos una idea de la
dimensión de la tragedia. Además de eso, resulta que este año, esa superficie
es casi cuatro veces mayor que la que se quemó (39.000 has.) en el mismo
periodo de 2011. De modo que algo ha debido ocurrir distinto y más grave.
¿Más causas naturales como rayos o cosas así? No, los
meteorólogos dicen que no se ha producido una especial incidencia de esos
fenómenos. ¿Más psicópatas armados de artefactos incendiarios campando por los
montes? ¿Más insensatos sueltos por ahí? Tal vez.
¿Pueden ser una de las causas unas condiciones naturales
especialmente adversas? En esto coinciden los especialistas y su respuesta es
claramente sí: a un invierno muy seco e inusualmente cálido ha seguido un
verano en el que henos padecido la visita de sucesivas oleadas de aire sahariano
con un elemento añadido: la fatal coincidencia de altas temperaturas y vientos
de cierta intensidad. Solo que poco podemos hacer al respecto
Claro que cuando lo anterior coincide con el
ancestralmente nulo criterio por parte de las administraciones públicas en
materia de prevención y unos recortes que en el caso, por ejemplo, de los
Parques Nacionales (Garajonay en La Gomera, por citar solo un caso
especialmente triste, pero también los de Las Cañadas del Teide y aledaños,
Cabañeros o Doñana que igualmente han sufrido incendios de distinta intensidad)
ha llegado este año al 20%, empezamos a vislumbrar que son muy variadas y distintas
las causas del desastre y que resulta necesario asignar todas las
responsabilidades a quien les corresponden, especialmente las que conciernen a
las administraciones, como es lógico.
Algunos ejemplos extraídos de la realidad, esa que concierne a bienes másmodestos que las joyas de la corona, es decir, los Parques:
En Cataluña, los recursos humanos empleados en la campaña han sido un tercio de los que
hubo hace dos años y el presupuesto pasó de 30 millones de euros para el verano de 2010
a 24 millones en 2012; el diario El País citaba hace poco palabras de un
bombero de la Generalitat catalana: “"Había gente que no se podía
incorporar a las labores de extinción –se refiere al incendio de La Jonquera- porque no tenía guantes ni botas”
En la Comunidad Valenciana Enrique Sanz, jefe de unidad
de una brigada forestal de Ontinyent (Valencia), aseguraba en el mismo reportaje
que los recortes del Ejecutivo autonómico en la partida de la lucha contra
incendios provocan que "perdamos seguridad y eficacia” e informaba que en
el conjunto de la comarca de La Vall de Albaida este año se han reducido el 80%
de las brigadas.
En Canarias el presupuesto para la lucha contra este tipo
de emergencias ha disminuido en 150.000 euros, al retirar sus
aportaciones el Gobierno canario que luego, eso sí, se ha quejado de su negra
suerte.
Pocos se atreven a discutir que el gravísimo incendio de
La Torre de les Maçanes en Alicante está directamente relacionado con la supresión este año del
programa Pamer financiado desde el
Gobierno central y dirigido a la contratación por parte de las entidades
locales de parados para el mantenimiento y la recuperación del entorno natural.
En fin, los ejemplos son muchos y tiene poco sentido
seguir con un relato interminable que incluiría también Robledo de Chavela en
Madrid, Castrocontigo en León u Ojén y Mijas en Málaga por citar solo desastres
de especial gravedad que han supuesto pérdida de vidas y daños irreparables a
las haciendas y la economía real de los habitantes de esos lugares.
Desde las administraciones podrán emitirse quejas sobre la
maldad y la estupidez humanas o la fatal coincidencia de fenómenos naturales;
podrá ensalzarse hasta el infinito el heroico comportamiento de los servicios
de extinción, de la UME y de tanta gente anónima que este verano, literalmente,
se la ha jugado, pero si hay algo que demuestra la experiencia es que resulta
imprescindible una política de estado que ponga como centro de todos los
esfuerzos la prevención, es decir, una política forestal y de espacios naturales
que no sea cicatera. Hay cosas en las que no se puede escatimar.
