El Colegio de Abogados de Orense ha decidido iniciar
acciones judiciales en la Audiencia a fin de paralizar la aplicación de lo que
se ha dado en llamar el tasazo. Se
basan fundamentalmente en que, a su juicio, la norma impulsada por el ministro
Gallardón vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos y choca con la
doctrina del Tribunal Europeo competente en esa materia por cuanto, teniendo en
realidad intenciones recaudatorias, no se persiguen objeticos legítimos ni son
–las tasas- proporcionadas.
El Colegio ha informado que otros colectivos
profesionales ya han manifestado su acuerdo con la iniciativa y es probable que
también se dirijan a la Audiencia.
Tampoco sería de extrañar que los colegiados de otras
provincias, además de los procuradores, despachos y otras instancias del ámbito
de la abogacía y aledaños hagan lo propio; como no sería raro que cundan
algunos ejemplos de práxis desobediente en un número indeterminado de jueces
que, conocedores de los vericuetos de la Justicia, favorecerán que en la
práctica no se apliquen las nuevas tasas.
Es lo que suele ocurrir cuando se promulgan normas con
las que casi nadie está de acuerdo y que fueron elaboradas sin contar con casi
nadie. Así es que el efecto pudiera ser el contrario al supuestamente
(falsamente) perseguido: más pleitos, conflictos de naturaleza inesperada y
desconocida, más lentitud de la justicia y más descontento en los justiciables.
También en el ámbito de la Sanidad cabe esperar fenómenos
similares. Tras la aprobación de la norma que hace posible la privatización de
seis hospitales en Madrid y no pocos Centros de Salud, no sería extraño que
otras comunidades autónomas gobernadas por el PP se contagien y traten de hacer
lo propio, aunque resulte difícilmente imitable el grado de irresponsabilidad
y desfachatez del Gobierno madrileño.
Los profesionales sanitarios han dejado de estar en
huelga, algo lógico una vez aprobada la norma contra la que se movilizaron. Pero
anuncian un rosario de pleitos y demandas judiciales, a los que ya se ha
adherido, el PSOE, el Defensor del Paciente y unas cuantas plataformas de
distinto signo, que pueden poner patas arriba los juzgados madrileños.
Lo hemos visto más veces: cuando los cauces naturales
para la expresión, la negociación, el entendimiento y, a la postre, el
consenso, se rompen por la cerrazón y el interés particular (bastardo al decir
de algunos) de una de las partes, la otra acaba recurriendo a los tribunales
(porque no tiene ya a donde ir) a los que, finalmente, la realidad asigna un
papel que no es propiamente el suyo, el de actuar como una especie de árbitro
en última instancia. Con el agravante de que, siendo necesario presentar los
problemas en perfiles particulares, singularizados, para que la Administración
de Justicia los pueda tomar en consideración, el problema, que fue general, se
fragmenta hasta el infinito; como una bomba de racimo que estallara sobre el
orden y concierto de las cosas.
Es de una ceguera insufrible por parte de nuestros
actuales gobernantes (o de una prepotencia insultante): por ejemplo, en Madrid,
se ha aprobado la norma a la que me vengo refiriendo solo con los votos del PP
que no aceptó ninguna de las más de 200 enmiendas presentadas por la
oposición (81 de IU, 78 el PSOE y 60 UPyD), con todos los sectores implicados
en contra, con dimisiones colectivas en cargos de responsabilidad y con un
Gobierno cuyo presidente no obtuvo su cargo en las urnas. ¿Es legítimo sin
embargo? Por supuesto, pero a nadie puede extrañar que, en esas
condiciones concretas, los afectados acaben buscando la salida de los
Tribunales, algo que también lo es.
