5G, altius, citius, fortius...o eso.

Si se fijan en su flamante teléfono móvil (seguramente en la parte de arriba de la pantalla) verán que pone 4G. La mayor parte de ustedes no saben ni les importa qué significa. Bueno, permitan que les diga -conviene a efectos de lo que después les voy a contar- que alude a la cuarta generación de las tecnologías de telefonía móvil; en resumen: desde 1G hasta hoy, 2G, 3G, 4G...velocidad creciente en el procesamiento de los datos, manteniendo estándares de calidad y al menor coste posible. Significa más cosas pero, para lo que nos importa, lo dejaremos ahí.

¿Entonces 5G, que está al caer, es lo mismo pero más? Pues no, amigos. O sea, sí, pero no. Tecnológicamente podría decirse que, en efecto, los terminales con tecnología 5G serán más veloces (100 veces más que el 4G) en la ejecución de las funciones manteniendo la calidad y el precio. Pero lean lo que escribía un especialista, David Goldman de CNNMoney, con ocasión del Congreso Mundial de Telefonía Móvil, Barcelona 2018: “Los autos que se conducen solos, la realidad virtual, las ciudades inteligentes y los robots que trabajen en red: todos funcionarán con tecnología 5G muy pronto. El 5G promete abrir la puerta a nuevos procedimientos quirúrgicos, medios de transporte más seguros y comunicación instantánea para los servicios de emergencia y socorro…” Es la base tecnológica para la llamada “Internet de las cosas” o sea, que la nevera de usted detectará ella solita si se han acabado los tomates y enviará una petición al ordenador del señor Fermín el verdulero. Nunca más sin suavizante en la lavadora o sin abrillantador en el lavavajillas hasta el próximo pedido; ellas, las máquinas ya se ocuparán de resolverlo comunicándose con sus amigos los servidores del Carrefour o el Mercadona.

Ya se hacen una idea de las mejoras potenciales en los servicios de todo tipo...y también de las oportunidades de negocio que se pueden desarrollar a partir de esta tecnología; que las ciencias adelantan una barbaridad.

¿Saben quiénes están más avanzados en la investigación y el desarrollo de esta tecnología? Pues Nokia, Ericsson y, sobre todo, Huawei. Ninguna es una empresa estadounidense.

¿Se acuerdan de que hace unos meses la Administración Trump vetó a la firma china Huawei, esa que acabo de decir que es la punta de lanza en el 5G? Se lo recordaré: Trump llamó a Google -ésta, como sabe, sí es estadounidense- propietaria del sistema operativo Android (sí, el que, salvo que usted sea gente pudiente y tenga un Iphone, hace que funcione su Samsung, su Ericcson, su Nokia, su Motorola, su Ericsson y, por supuesto, su Huawei) para decirle que a los chinos ni agua. Alguien sensato debió decirle a Trump que se guardara su paranoia porque era peor el remedio que la enfermedad y que si vas retrasado en los desarrollos tecnológicos (léase 5G) es preferible correr y tratar de recuperar el tiempo perdido a liarse a mamporros...y menos con los chinos. Tampoco con Europa, por cierto, es recomendable.

Mucho se cuece como pueden ver detrás del número y la letrita. Pero, al margen de esta batalla que en primera instancia a los usuarios no nos afecta directamente (lo de Huawei y Android nunca fue un riesgo real porque los chinos, dijeron algo así como: pues si no podemos usarlo nos inventamos uno; menudos son) hay otros asuntos que sí nos conciernen más de lo que creemos.

Uno de ellos tiene que ver con la seguridad y con el llamado big data, el inconmensurable acopio de información de todo tipo que puede afectar a la intimidad de las personas (asunto de que ya hablaremos, que eso da para mucho) y hasta a la seguridad. Nada menos que el CNI ha informado sobre lo que considera riesgos para la seguridad nacional a la Unión Europea. Y el  Centro Criptológico Nacional (CCN) estudia las vulnerabilidades que traerán las redes 5G. El CNI pone el acento en que España tiene más fibra óptica que Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal juntas, y, por eso mismo, estamos mejor preparados ante la llegada de 5G. Pero, al tiempo, quizás somos más vulnerables en las redes de edificios públicos, infraestructuras, servicios, etc. No será muy diferente a lo que ya hoy se considera vulnerable, pero habrá nuevas amenazas que tendrán que ser conocidas antes de la implantación masiva de la tecnología 5G. En la Feria Internacional de Defensa celebrada en mayo de este año, Luis Jiménez, director del mencionado CCN decía que “...desde luego, si una torre de 5G sufriera un ataque en la ciudad y los vecinos de un barrio se quedasen sin internet, sería una molestia grande, pero lo verdaderamente peligroso sería que esa torre estuviera en un aeropuerto o en un edificio de Defensa, por ejemplo”

Pero tal vez lo primero o lo más inmediato sea preguntarse si hay algún riesgo para la salud en el 5G. Pues no se, la Organización Mundial de la salud dice que no, pero hay un grupo de científicos y médicos que han escrito a la Unión Europea pidiendo que se detenga el lanzamiento del 5G, básicamente porque su implementación exige la instalación de cientos de nuevas antenas en las actuales torres de comunicaciones -igual tiene usted una cerca, mire a ver- y eso, sospechan, podría elevar el riesgo de algunos tipos de cáncer por acumulación de radiaciones.

No estaría de más tomar precauciones, algo que a juicio de Ecologistas en Acción, en España preocupa a nuestras autoridades lo justito. Tan es así, que acaban de pedir al

Ministerio de Economía y Empresa la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo. Y eso porque, dice la organización, el plan no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni la de impacto en la salud. Y, además, no existe la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, que debería velar por las condiciones de despliegue de las redes inalámbricas. Españistán.

Algo de razón deben de tener los ecologistas cuando el Defensor del Pueblo, en resolución del 21 de agosto pasado, concluye que en efecto el Plan Nacional 5G no se sometió a evaluación ambiental estratégica y que dicha decisión se adoptó unilateralmente por el órgano promotor del plan, el Ministerio de Economía y Empresa, sin consultar con el órgano ambiental que el Ministerio para la Transición Ecológica, sobre la procedencia de efectuar dicha evaluación. Por tanto, dice el Alto Comisionado, “el plan incumple los requisitos exigidos por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estratégica e incluso podrían suscitarse dudas en relación con la falta de aprobación formal. Del mismo modo, tampoco se ha realizado la evaluación del impacto en salud que prevé el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública".

Cree Ecologistas en Acción (ha recurrido todos los actos administrativos relacionados con esta materia) que el despliegue de la tecnología 5G que se ha dejado irresponsablemente al libre albedrío de las empresas de telecomunicaciones, dando por sentada su inocuidad, algo que cada vez está más en cuestión. Pero esto no es posible con un gobierno progresista que abomina de las puertas giratorias y esas monsergas, ni siquiera estando en funciones ¿Verdad?

Recuerden, está al caer. Y tiene un lado oscuro

El Madrid del colapso

A principios de este mes de octubre, Ecologistas en Acción nos invitó a un grupo de periodistas a un Tour por el Madrid del colapso. 
Esta es la crónica audiovisual de esa jornada:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Xes8E3shy_U

Madrid 360 es una estafa ciudadana

La Plataforma en Defensa de Madrid Central ha realizado una evaluación de las medidas presentadas recientemente por el Ayuntamiento de Madrid. Es la siguiente:

“El nuevo plan contra la contaminación no conseguirá que Madrid cumpla la ley.

La Plataforma en Defensa de Madrid hace una valoración negativa de las medidas que ha presentado el alcalde de Madrid bajo el nombre de Madrid 360.

 
El plan incluye medidas con poca relevancia, otras que no son más que modificaciones de medidas ya decididas o en marcha, y un grupo de actuaciones que empeorarán la calidad del aire de la ciudad.

Entre las peores destaca la eliminación de las restricciones a los automóviles con etiqueta C con dos o más ocupantes junto con incentivar el acceso al centro en coche subvencionando el aparcamiento indiscriminadamente.
 
La Plataforma en Defensa de Madrid Central, a la que pertenece Ecologistas en Acción, ha analizado con detalle las distintas medidas contempladas bajo el nombre de Madrid 360 que acaba de presentar el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida. Se trata de un compromiso que se autoimpuso como forma de impugnar el trabajo desarrollado en la anterior legislatura, especialmente la zona de bajas emisiones llamada Madrid Central y el resto de medidas contempladas en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la anterior corporación municipal (Plan A), a pesar de los buenos resultados que estaban cosechando.

Lo primero a destacar, es que el plan se ha elaborado con un absoluto secretismo y ninguna participación pública. El Ayuntamiento optó por subcontratar –sin concurso público– su elaboración a una consultora, despreciando el enorme capital que tiene entre sus técnicos expertos en esta materia. Tampoco se han convocado ni consultado a ninguna de las mesas de participación que se crearon hace casi diez años, como la Comisión de Calidad del Aire o su Ponencia Técnica, cuyo fin precisamente es el de asesorar desde un punto de vista científico y técnico en estos planes.

Pero más grave resulta que se trata de medidas para las que no se ha realizado una modelización y un estudio concienzudo sobre su repercusión en la calidad del aire. Y esto no es una opción: tanto en la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Art. 16), como en la Directiva europea de Calidad del Aire (2008/50/CE, Art. 23 y Anexo XV) se indica que los planes de calidad del aire deberán contener una: “estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los objetivos de calidad”. El Ayuntamiento señala unos porcentajes pero sin ningún soporte científico y técnico que los respalde.

Podríamos calificar las medidas presentadas en tres tipos:

1. Las primeras serían aquellas novedosas, que en general no tendrán una gran incidencia en la mejora de la calidad del aire ni en la movilidad de la ciudad. Hablamos del Bosque Metropolitano, de las dos líneas de autobuses que atravesarán Madrid Central de este a oeste y de norte a sur, gratuitas para los usuarios y con vehículos cero emisiones, o la peatonalización de la Puerta del Sol y alrededores, que apenas soportaba tráfico y este era en buena medida de taxis, VTC y autobuses. Son medidas que, más allá de que puedan considerarse como populistas, no cambiarán nada sustancial en el aire que se respira en la ciudad. También llama la atención que el alcalde, que se ha cansado de criticar que todas las medidas anteriores se focalizaban en el centro de la ciudad, no ha concretado ninguna medida importante de reducción de tráfico en otros distritos.

2. En un segundo grupo estarían las medidas que en realidad son una reelaboración, a menudo a la baja en cuanto a su ambición, en relación a los planes que se aprobaron en la anterior legislatura y que habían recibido el visto bueno de la Comisión Europea. En este grupo situamos la mejora de la flota de autobuses, la renovación de las flotas de taxis y de vehículos municipales o las restricciones a los vehículos sin etiqueta. Esta última medida ya estaba recogida en el antiguo Plan A (página 105) cuando se hablaba de “limitar en 2025 la circulación de los vehículos más contaminantes (sin distintivo ambiental de la DGT) en todo el municipio de Madrid”, si bien es cierto que ahora se calendariza y se le dota de una progresividad más clara.

3. Pero las medidas que más preocupan a la Plataforma son aquellas que favorecen un incremento del tráfico motorizado y con ello de la contaminación del aire y acústica, además de otros problemas de congestión y de ocupación de espacio público. Entre estas medidas destaca especialmente la intención de permitir el acceso a los automóviles de etiqueta C si llevan dos o más ocupantes, o en todo caso si se trata de motos.

Efectivamente, los vehículos de etiqueta C suponen el 36 % del parque circulante y aquí están incluidos todos los vehículos diésel afectados por el escándalo de las emisiones conocido como dieselgate. Este fraude, descubierto en 2015 y que luego se ha comprobado que era generalizado en todas las marcas, consistía en trucar los vehículos para que pasaran los test previos a su uso, aunque en funcionamiento normal emitían entre dos y quince veces el límite máximo permitido de óxidos de nitrógeno (80 miligramos por kilómetro). Y el dióxido de nitrógeno es, precisamente, el gas que se intenta reducir en Madrid pues todos los años se sitúa por encima de los límites legales. Pues bien, son justo este tipo de vehículos a los que el Ayuntamiento pretende permitir circular libremente a poco que vayan con dos personas.

Otras medidas muy negativas son la reducción de los precios de los aparcamientos municipales junto con la reconversión de plazas en régimen de residentes a rotacional. Se priva a los residentes, actualmente con largas listas de espera, de una infraestructura con el único objetivo de promover el acceso en coche subvencionado al centro de la ciudad. Una medida en la dirección contraria de las que se aplican en el resto del mundo.

En este mismo sentido se enmarca la disminución drástica de la cuantía de las multas, que perderán buena parte de su efecto disuasorio. Y también la consideración como residentes de los más de 9.000 comerciantes de la zona centro tendrá como consecuencia un fuerte incremento de la circulación que puede anular las ventajas que se estaban consiguiendo con Madrid Central, al plantearse sin ninguna evaluación previa.

Mención aparte merece el que se incluya en un plan de lucha contra la contaminación el enterramiento de la A5 entre la avenida de Portugal y la de Los Poblados. Está por demostrar que las emisiones contaminantes que se producen en el subsuelo permanezcan allí indefinidamente. Y si se confía en su filtrado, conviene echar un vistazo a lo que está ocurriendo en los túneles de la M-30, donde no se conectan los filtros para evitar el gasto que supone su mantenimiento.

En definitiva, la Plataforma en Defensa de Madrid Central anuncia que va a seguir ejerciendo todas las acciones que estén en su mano para conseguir que el Ayuntamiento adopte unas medidas que realmente supongan una mejora de la calidad del aire de toda la ciudad y que disminuyan los impactos relacionados con el uso excesivo del coche”