La Reforma laboral, Bildu, Podemos

Espero que los historiadores estén tomando notas. Tal vez dentro de unos años alguno explique que en España hubo una especie de caza de brujas para tratar de laminar a un partido político que nació al calor de las protestas ciudadanas. Tal vez puedan, incluso, explicar porqué. Tendrán tajo. El último episodio es una ofensiva que en estos días se intensifica a cuenta de un incidente de menor cuantía con el fin de extender, una vez más y en plena pandemia del covid19, la especie de que el Gobierno de coalición está a punto de saltar en pedazos por sus peleas internas entre los ministros -militantes o no- cercanos al PSOE y los de Unidas Podemos. No es el objeto de este artículo extenderme sobre tal incidente, pero conviene explicarlo apenas porque, siendo como digo, menor, sí da idea de cual es el clima que se vive mientras tememos seriamente por la salud de todos y por nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. El anterior Gobierno, de Mariano Rajoy, PP, puso en marcha una reforma laboral que no calificaré; lo hizo apoyándose en su mayoría absoluta en el Parlamento y sin contar con los llamados interlocutores sociales. En el acuerdo PSOE-Unidas Podemos que alumbró en enero de 2020 el Gobierno de coalición que tenemos, se acordó la derogación de esa reforma, aunque se ha explicado muchas veces que eso no es posible hacerlo de modo que se provoque un vacío legal que sería muy perjudicial para empresas y trabajadores; de manera que cómo hacerlo y con el mayor alcance posible a la hora de superar sus efectos lesivos es asunto de detalle, de matiz...no de brocha gorda. Hace apenas 48 horas y a fin de renovar el Estado de Alarma en vigor en España, el PSOE negoció el apoyo de Bildu (5 diputados) y la contrapartida fue un acuerdo que es exactamente el mismo al que me acabo de referir entre PSOE-UP solo que ahora también firma Bildu. A la hora de la votación, finalmente, no fueron necesarios los votos -abstención- del partido vasco, pero eso no lo sabía el PSOE y en todo caso es irrelevante. Ambos textos hablan de "reforma integral" pero ya he explicado qué quiere decir eso. Una palabra no innecesaria sobre quién es Bildu: para la derecha -los partidos y otros actores sociales- son los herederos de ETA; para la gente sensata, un partido perfectamente legal que procede de una agrupación de partidos tales como Sortu (este sí, heredero de Herri Batasuna) y de otros cuyo compromiso con la democracia y la no violencia es inequívoco desde su nacimiento, como es el caso de Aralar o Amaiur. En este enlace puede verse el texto del acuerdo y el de la nota publicada en la madrugada de ayer rectificando el primer punto de dicho acuerdo: https://elpais.com/espana/2020-05-21/el-documento-del-acuerdo-y-la-nota-de-rectificacion-del-pacto-entre-psoe-podemos-y-eh-bildu.html Vistas las explicaciones sobre en qué términos y como se pretende desactivar la Reforma que acabo de ofrecer (Bildu las suscribe tal como han declarado) lo sucedido a continuación es, en mi opinión, algo extraño que seguramente procede de las dudas de alguien (de Calviño y de Lastra se dice) pero que en todo caso tiene poca relevancia. En el siguiente acto, Calviño declara que no es momento de abrir ese debate y el profesor Iglesias (ambos vicepresidentes como sabemos) se pone estupendo y asegura que pacta sunt servanda que lo que se pacta se cumple, vamos. Que la derecha, la Patronal y gentes como Page lo hayan leído como un enfrentamiento entre Iglesias-Díaz y Calviño, no es más que un delirio a mi juicio. Un cometario nada racional: si contemplamos un episodio algo equívoco en cualquier asunto y aparecen relacionadas las palabras Bildu y Podemos, estadistas como Espinosa de los Monteros, Teodoro García Egea, Cayetana Álvarez de Toledo y otras luminarias del Moncayo o de la estepa manchega, caerán sobre nuestras entendederas y afanes de ciudadanos como rapaces, bien como águilas imperiales o como milanos comunes. Podemos no tiene un solo caso de corrupción en sus filas; ni siquiera se financia con otra cosa que no sean las aportaciones de la gente y de lo que entregan los dirigentes que tienen limitados sus salarios públicos; no parece que haya críticas concretas a su gestión allí en donde tiene algún poder puesto que cuando las hay son genéricas y siempre ridículas acusaciones de dependencia de oscuros intereses caribeños. Yo confieso que no lo termino de entender; Podemos jamás ha nacionalizado nada, nunca ha expropiado cosa alguna, pero se le ataca como si hubiera gobernado una república bolivariana o un gulag llamado España, dejándola en la raspa hasta que fuera finalmente rescatada por las fuerzas de la libertad. Lo que pasa con Podemos, la persecución a la que se le somete desde que nació, no se parece en nada a lo que pasa o ha pasado con el PSOE, con el PP, con Ciudadanos, ni siquiera con Vox; pero tampoco es un fenómeno comparable a ninguno de los partidos políticos de la Segunda República, ni hay parangón en Europa ni en parte alguna. Su breve historia es la de ser víctima de una guerra sucia constante y su acción de gobierno de apenas cinco meses en el seno de la coalición, alcanza a la mejora del salario mínimo interprofesional y poco más, dado que el resto de las medidas de protección social en cuya implementación ha participado están relacionadas con la situación de excepcionalidad que padecemos. De modo que no encuentro razones de peso para esa especie de odio africano a Podemos, como no sea que su líder máximo es algo listillo, un poco faltón y nada simpático. Pero eso los historiadores lo descartarán enseguida porque, además de ser una tontería, si admitieran tal argumento les crecerían los enanos en la realidad política más contemporánea. Créanme los historiadores del futuro, esta gilipollez del acuerdo con Bildu y sus correcciones (que pasará rápido) es el enésimo episodio de un intento de romper ese Gobierno que por lo visto padecemos. Y si no, lean el editorial de El País, la gran Biblia de la democracia española, de ayer, que lleva el bonito título de "La intemperie" y dice, por ejemplo: "Un Ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir mediante golpes de efecto las disputas entre socios"
https://elpais.com/opinion/2020-05-21/a-la-intemperie.html

El Gobierno debe parar ya a los provocadores

El Gobierno se equivoca. En las caceroladas no se respetan las medidas de prevención, ni antes ni ahora; eso debió haber sido, debería ser, razón suficiente para impedirlas. No se hizo desde el principio y esto empieza a ponerse feo: ahora, esas gentes animadas por dirigentes del PP y de Vox aunque luego lo nieguen porque ni para eso tienen agallas esos matones de pacotilla, manipuladores de tres al cuarto, se dedican además a otras cosas. 

Un Gobierno digno y democrático no puede consentir que se acose (esa es la palabra) a un vicepresidente y a varios ministros, dirigentes a los que los perolos consideran usurpadores de lo que por derecho divino les corresponde, autoridades a las que desprecian ("el coletas", "chepas", la mujer el macho alfa, etc) y por eso creen que pueden faltarle el respeto impunemente a una magistratura del Estado. 

Gentes que llevan muchos días aguantando el confinamiento, que sufren este problema sanitario y económico mucho más que los de las cacerolas, que leen o escuchan a conspicuos comentaristas llamarles poco menos que cabestros conformes de su condición, resignados a su destino de habitantes de un Gulag caribeño pero en el Mediterráneo, han empezado a salir a la calle para enfrentarse a los de las cacerolas. El siguiente paso es que aparezcan los encapuchados. 

Es natural que un Gobierno modere su actuación en materia de orden público y trate de mantener el equilibrio, esa es su obligación; pero llega un momento en que, si se mantiene en la inacción, en una especie de absurda neutralidad, esa actitud se convierte en dejación de su responsabilidad. Las caceroladas son una forma de protesta legítima, salvo cuando se pone en riesgo la salud pública o derivan en provocaciones; y eso es lo que ya está pasando. 

El momento de que el Gobierno pare esta escalada es ahora, cuando aún se puede identificar con facilidad quienes son los provocadores, quienes incumplen las normas del Estado de Alarma, quienes nos ponen a todos en riesgo, quiénes se creen con derecho a acosar. Es que después de los políticos -además de a miembros del Gobierno, ya lo han hecho con la sede del PSOE en Madrid; "rojos maricones" les gritaron a quienes en la calle Ferraz les pedían que mantuvieran la distancia de seguridad- vendrán los periodistas -ya ha pasado en Zaragoza con un cámara de tv o en Madrid con una redactora de "Público"- los miembros de algunas ONGs -el Padre Ángel ha sido insultado- los homosexuales -también ha pasado ya en el barrio de Lavapiés con un muchacho que salió a la calle envuelto en una bandera arco iris- las feministas etc; el fascio siempre actúa igual. El Gobierno debería de saberlo; esto empieza a írsele de las manos.

Hacia la "nueva normalidad" en medio de un atasco

Las organizaciones ecologistas exigen que el dinero público no se use para apuntalar una movilidad insostenible.

Las principales organizaciones ecologistas rechazan las ayudas que se prevé que conceda el Ministerio de Industria a la compra de coches y demandan que no se utilice el dinero público para planes de renovación de flota con vehículos contaminantes, ni para rescates de líneas aéreas.

El Estado debe apoyar los servicios esenciales, como la sanidad, la educación o el transporte público, pero también medidas para la emergencia ecológica que necesitarán un importante refuerzo tras la crisis.

Mientras la terrible crisis sanitaria de la COVID–19 va entrando poco a poco en vías de solución se atisba una crisis económica sin precedentes, que afectará particularmente al Estado español, debido tanto a la severidad de la crisis sanitaria, como a la dependencia del turismo en España. De hecho, ya son numerosas las empresas que han solicitado o incluso se han asegurado ayudas del Estado.

En este sentido se sitúan los planes solicitados por el conjunto del sector de la industria del automóvil que, según distintas fuentes, parece que pueden tener comprometidos hasta 800 millones de euros en estímulos para la compra de vehículos, en un nuevo plan Renove que puede destinarse a la compra de cualquier tipo de vehículos, incluso diésel y gasolina.

Ante esta situación, las principales organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, demandan al Gobierno que no dedique fondos públicos a rescates y planes de ayuda a las actividades que más contribuyen al cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Insisten en que cualquier medida de apoyo a empresas esté condicionada a criterios de sostenibilidad ambiental y social.

Las organizaciones ambientales solicitan que los fondos públicos sean utilizados ahora más que nunca para proteger a las personas, mejorar el sistema sanitario y el resto de los servicios públicos y para prepararnos para afrontar la emergencia climática y de biodiversidad a la que nos enfrentamos.

España debe priorizar sus apoyos económicos a los sectores esenciales más vulnerables y condicionarlos a criterios de sostenibilidad. Las ayudas siempre deben atender y formar parte de una estrategia de descarbonización y transición justa. En este sentido, las organizaciones ecologistas reclaman más transparencia y debate en el diseño de las ayudas, así como su presencia en las mesas de negociación donde se aborden.

El transporte supone un 27 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y el 60 de las emisiones las producen los automóviles. Aunque la industria argumenta que la renovación de la flota ayudaría a reducir emisiones, lo cierto es que su propensión a vender vehículos cada vez más grandes y pesados (como los SUV) está provocando que aumenten las emisiones del parque automovilístico. Las ayudas han sido anunciadas por Industria tan solo un día después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reuniese con la patronal Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), lo que ha indignado a las asociaciones ecologistas.

Por otro lado, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), de la que Anfac es parte, ha solicitado a la Comisión Europea que se relajen los objetivos de reducción de emisiones medias de CO₂ en los coches nuevos vendidos este año, que deberían lograr una media de 95 gCO₂/km. Una petición que, de cumplirse, pondría en serio peligro el objetivo de descarbonización del transporte en 2050. Lejos de proponer condicionantes ambientales a un rescate, la industria del automóvil demanda una rebaja de sus compromisos ambientales.

Algo similar ha sucedido con la industria de la aviación. Desde que el pasado mes de marzo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) reclamara ayudas por valor de 200.000 millones de dólares para el sector, numerosas aerolíneas han recibido cuantiosos apoyos públicos valorados en unos 26.000 millones de euros solo en la UE.

En el Estado español Iberia y Vueling han recibido 1.010 millones de euros en préstamos avalados por el Estado, mientras que Aena ha obtenido casi 2.000 millones de euros (300 directamente del ICO). Importantes cifras a las que se sumará otra inyección millonaria del Gobierno en el marco del instrumento de ayudas estatales que se está negociando en la Comisión Europea.

A día de hoy, la aviación es el único sector de la UE cuyas emisiones de CO₂ siguen creciendo, con un aumento del 26 por ciento desde 2013. Al mismo tiempo, las aerolíneas disfrutan de importantes exenciones fiscales que, por ejemplo, les permiten ahorrar 27.000 millones de euros anuales, solo en impuestos, al combustible en la UE. Además, al contrario que el resto de sectores, no tienen un compromiso de descarbonización.

A pesar de ello, la industria insiste en exigir ingentes rescates públicos sin ninguna obligación ambiental o de cualquier otro tipo para compañías cuyos beneficios se realizan a costa de aumentar sus impactos sobre el planeta y las personas. Las organizaciones ecologistas reclaman que, si se llegan a producir estos rescates, se haga con compromisos ambientales, entre los que tienen que estar la adopción de una senda de descarbonización antes de 2050 sin créditos de carbono, la aceptación de un impuesto al queroseno y de los billetes aéreos, y la introducción de un porcentaje obligatorio de combustibles derivados de energías renovables.

En cualquier caso, las demandas ecologistas enfatizan que se debe priorizar el apoyo a los servicios públicos. En lo que respecta al transporte, el servicio esencial que se debe apoyar es el transporte público. Estos operadores están haciendo frente a pérdidas millonarias y no han podido acogerse a ninguna de las ayudas ofrecidas por el Gobierno.

La ayuda estatal es absolutamente necesaria para mantener este servicio público, ya que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad urbana y metropolitana, y pieza imprescindible para garantizar la movilidad de todas las personas. Ninguna ciudad puede dejar caer su transporte público y apoyarse únicamente en el automóvil, sería un error fatal que dispararía los niveles de congestión y contaminación que afectarían a millones de personas.

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, ahora es el momento de atender, junto a la social, la emergencia ambiental a la que nos enfrentamos. La lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático deberían ser los destinos prioritarios de los fondos públicos, a través de varias acciones, medidas y planes: fomentar e instalar energías renovables (con medidas especiales para impulsar la participación ciudadana), mejorar la eficiencia energética de los edificios, apostar por la agroecología, etc.

Estos sectores son fuente muy importante de empleo y nos ayudarán a afrontar la crisis ecológica. Seguir apoyando a las empresas más contaminantes (mayoritariamente de capital extranjero) nos hará aún más difícil afrontar la emergencia climática y ecológica, frenará la transición energética y contribuirá a agravar los riesgos de crisis sanitaria.

El esbirriato

Hay dos cosas que debiéramos dejar de hacer ya: una es distinguir el PP de Vox; son lo mismo. La otra es admitirlos como interlocutores honestos en la conversación sobre la pandemia y sobre sus consecuencias sanitarias y económicas.

Ambos partidos están ahí y no desaparecerán, tienen peso específico notable en el Parlamento y responsabilidades de gobierno en Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos y, por tanto, seguirán haciendo daño de un modo u otro. Pero debemos tener presente en las relaciones políticas que cuanto puedan decir sobre estos asuntos tan graves en los que ahora está España ocupada y preocupada, no es porque les importemos nada los españoles, sino porque tales asuntos son un pretexto más, como tantos otros, para intentar derribar un Gobierno que ostenta una legitimidad democrática que a ellos, a pesar de sus mentiras y su constante manipulación, nadie les niega.

Trataron de desautorizar al Gobierno de Zapatero mientras duró la legislatura y lo están haciendo con el de Coalición desde que arrancó su mandato; viene de lejos y nada que ver tiene eso con la Covid19 que, a tales efectos insisto, es coyuntural.

Lo primero es contener la epidemia; parece que eso es una obviedad. ¿El Estado de Alarma ha servido para ello hasta ahora? Es evidente que sí. ¿Hemos conseguido vencer a la enfermedad y minimizar las posibilidades de un rebrote? En absoluto; esa es otra verdad palmaria. ¿Hay alternativa a mantener la Alarma? Si la hay, ni PP ni Vox la tienen puesto que no la han expuesto en ningún momento.

La negativa y la abstención son la misma cosa porque tienen la misma intención: negar el mantenimiento del Estado de Alarma; es solo que la segunda de estas opciones es falsa en sí misma; solo se distingue de la primera en que es más cobarde.

El PP hubiera querido oponerse desde el primer día, pero hasta ellos se daban cuenta de que hacerlo el 14 de marzo y en las sucesivas prórrogas habría sido muy mal visto por una parte de su electorado. Es ahora, el momento en que estamos empezando a ver que las cosas mejoran cuando Casado, el esbirro, ha dudado. 

Puede ocurrir que no haya rebrote o que sí, así es que -habrán pensado los estrategas del PP y quienes les mandan- es preferible ni carne ni pescado que es la mejor forma, creen ellos, de negar el éxito al Gobierno o seguir atribuyéndole todos los males llegado el momento y según por donde vayan los acontecimientos. ¿Que eso es una especie de pragmatismo criminal dado que hay muertos? Se arregla con corbatas negras, banderas a media asta, lágrimas negras de rimmel, funerales y homenajes varios. Es la derecha, amigo.

Por eso Casado, el esbirro, se ha pasado la semana diciendo que el PP votaría no, para finalmente acabar absteniéndose en una pirueta infantil que no le diferencia de Vox y, sobre todo, no le hace mejor que Ciudadanos, un partido de derechas a la expectativa que ayer en el Congreso ganó puntos y le mojó la oreja a modo; no crean, hay quienes observan en silencio y toman nota; Rivera salió mal, pero quien sabe.