Se nos anuncia con gran
fanfarria la reforma de las Administraciones Públicas. Uno cree que saldrán a
la pista una docena de tigres con su bizarro domador al frente, pero se abren
los cortinones y aparece un payaso que hace una pedorreta al respetable y se
retira. Solo que es un payaso perverso, letal.
Son tiempos de gestos
vacíos, de eufemismos que ya resultan estomagantes.
En este anuncio por entregas
que hace el Gobierno de Mariano Rajoy, el propio presidente viene explicando
aquí y allá cuatro chorradas; su
vicepresidenta se extiende algo más y, por ejemplo, dice que solo con “racionalizar”
(¿?) la Administración se ahorrarán más de 6.400 millones de euros. Eso sí, si
las Comunidades Autónomas cumplen las recomendaciones del Gobierno, el ahorro
hasta el final de la legislatura superaría los 37.000 millones. Montoro ya se
ha encargado de plantearlo de tal modo que algunos responsables de gobiernos
autonómicos ya hablan de chantaje al entender que se trata de imponerles la
forma en que deben alcanzar los objetivos de déficit.
Naturalmente, no faltan en
los planes gubernamentales las recurrentes apelaciones a modernidades tales
como la ventanilla única, la administración electrónica y otras maravillas que
nos producirían gran alegría y alborozo si no fuera porque hemos oído eso
tantas veces para que luego acabe en nada que, a mí personalmente, ya ni media
sonrisa me provoca. El chiste es que, según Montoro, por la vía de la
simplificación de los trámites y gestiones, los españoles podremos ahorrar
(ahora sí) más de 16.000 millones.
Y ya está la explicación de
la reforma. Ahora la letra pequeña.
Dice la vicepresidenta Sáenz
de Santamaría que “estas reformas no están hechas para reducir plantilla, sino
para buscar más eficiencia” Eso es, simplemente, mentira.
En 2012 se destruyeron más
de 374.000 puestos de trabajo públicos. En lo sucesivo, dice la vicepresidenta,
no se cubrirán las bajas y “se
prescindirá de algunos asesores” A continuación recomienda a las Comunidades
Autónomas que supriman instituciones hasta quedarse en la raspa, es decir, que
para ahorrar hay que cargarse en la práctica el modelo de Estado, lo cual, a
estas alturas, a mí personalmente, me daría igual, sino fuera porque lo que
todo eso significa es más gente al paro y, contra lo que sostiene Sáenz de
Santamaría, menos eficiencia; por ejemplo, asegura que “ los empleados de los
organismos que desaparezcan serán recolocados en otros en donde hacen falta
precisamente porque tenemos que cubrir los huecos que se han producido” o sea:
razonable ¿verdad? ¿van a cubrir la plaza de un interino que lleve 20 años en
un juzgado mercantil por ejemplo con un funcionario de una oficina del
Defensor del Pueblo suprimida? Seguro que el segundo conoce al dedillo las normas y los
vericuetos procesales. Y no se sorprenda, querido lector, en la Administración española
hay interinos que se jubilan de interinos, por mucho que le resulte a usted repugnante
esta precarización del empleo perpetrada por la propia Administración Pública,
ya saben siempre defendiendo el muy constitucional e igual de falaz argumento
del principio de mérito y capacidad.
A ver si nos aclaramos entre
tanta mentira interesada y tanto tópico injusto: casi el 40% de los empleados
públicos no tiene plaza en propiedad, la mayoría disfruta de los mismos 22 días
laborables que cualquiera y los sueldos oscilan entre 1.200 y 3.000 euros al
mes. En cuanto a la cuestión recurrente de que sobran funcionarios, la pregunta
más bien sería de dónde, ya que 43 de cada 100 son profesores y sanitarios en
un país en el que ambos servicios son universales y gratuitos...por ahora, claro.
Además, en el ranking europeo por volumen de funcionarios España no está en la
cabeza, sino a la mitad de la tabla.
Así es que nada de más
eficiencia; puro ahorro a base de mandar gente al paro. Gente corriente quiero
decir. Gente como usted y como yo.
De lo que no se habla en
esta farsa de reforma de las administraciones es de asuntos como los que
siguen:
En 2007 había en España 2.294
empresas públicas; en 2011 había 255 más. En este momento no sé cuántas hay;
simplemente no hay forma de saberlo con certeza. ¿Cuántas son realmente
necesarias? Igual me paso, pero más de la mitad solo sirven para gastar dinero,
eludir obligaciones públicas, duplicar tareas y agradecer favores y cosas así. Pierdan
cuidado, si se cierran muchas de ellas o se adelgazan sus consejos de administración
y otras mamandurrias eso no incrementará sensiblemente las cifras de paro; y,
sin embargo, el ahorro sí puede ser considerable.
Y ¿qué me dicen de las
embajadas regionales en el exterior? Hay unas 300 representaciones comerciales que
se solapan con el Icex. Un esquema parecido se reproduce en la promoción
turística.
¿Cuántos políticos, asesores,
asesores de asesores, cargos de confianza, etc hay en España? Ya me gustaría
saberlo. Si uno bucea por ahí llega a la conclusión de que una cifra ponderada
podría ser la de unos 300.000 cargos; sí, circula por ahí un numero bastante
más elevado pero, la verdad, no me parece muy fiable y cargado de intención. ¿Y
son muchos o pocos? Pues juzguen ustedes mismos: somos el país de Europa con
más cargos públicos en cifras absolutas.; recuerden: en cuanto a empleados públicos, en la mitad de la tabla ¿Demagogia? Ustedes mismos.
No hemos tenido todavía la
fortuna de conocer en detalle la mayoría de las 217 medidas que Rajoy asegura
contiene su reforma, pero ¿apostamos a que ninguna se refiere a modificaciones drásticas
en el estatus quo que acabo de resumir?
