Hace unos años tuve ocasión de dirigir un periódico de difusión
local y regional e información general: El
Universo de Madrid fue el único diario que, en soporte papel y digital,
esta Comunidad Autónoma ha tenido en las últimas décadas. Como tantas cosas,
se lo llevó la crisis y algunos errores de posicionamiento ideológico y de
estrategia empresarial.
Explico lo anterior por una única razón: que se entienda
hasta qué punto puedo resultar yo fiable si hago la siguiente afirmación:
durante muchos años, el municipalismo español fue un movimiento vital que
impulsó un notable consenso apartidista sobre la importantísima función de los
ayuntamientos en su cercanía a los ciudadanos y laboró por una profunda reforma
de la Administración Local, hasta el punto de acuñar la idea de una segunda descentralización del Estado
español.
Todo eso va a saltar por los aires con la futura Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que acaba de
iniciar su tramitación parlamentaria. Como en tantos otros casos, el Gobierno
legisla contra todas las partes interesadas en su enloquecida carrera por cargarse
una forma de entender la sociedad. Así, el domingo pasado, más de 2.000
alcaldes y concejales de toda España se manifestaron en contra; anuncian un
recurso de inconstitucionalidad -que granarán, seguro- si el Ejecutivo no retira la Ley e inicia un
proceso consultivo hasta ahora inexistente. Naturalmente, en ese grupo de
ediles no había nadie del PP; ellos prefieren pronunciarse en privado pero, créanme,
opinan lo mismo. No es del caso, pero podría citar a unos cuantos munícipes
populares de ciudades y pueblos que no hace mucho se ponían al frente de la
procesión con gran entusiasmo.
Parafraseando a Mariano Rajoy, podría decirse que en la
línea argumental del Gobierno para defender esta Ley, todo es falso…y no hay
cosa alguna que no lo sea.
Y la primera gran mentira es que no se trata de una
reforma sino más bien de un burdo ajuste que, en ese afán del Ejecutivo por no
dialogar con nadie, se pretende perpetrar de espaldas a los propios municipios,
la oposición política, a la Carta Europea de Autonomía Local y el lucero del
alba; y al revés de como han hecho los países de la UE que han realizado
cambios en su organización administrativa recientemente: lo han hecho reforzando las
competencias (la autonomía local y el autogobierno) de los municipios; aquí,
por el contrario, se vacía de capacidades a los ayuntamientos y se potencia el
papel de las diputaciones provinciales, entidades sin legitimidad democrática
directa e innecesarias, como no sea para mantener una estructura de poder real
por razones puramente ideológicas o de favorecimiento del nepotismo.
Dice la última referencia del Consejo de Ministros: “La
reforma tiene como objetivo evitar duplicidades entre las administraciones
públicas y ahorrar costes a los ciudadanos...supondrá un ahorro estimado de más
de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015” Lo del ahorro no se
explica por ninguna parte y en cuanto a evitar duplicidades, el argumento es de
un cinismo inaudito: como se ha dicho, se cercena la capacidad de actuar de la
administración más cercana al ciudadano para dar poder a otra que ni está ni se
la espera.
Yo no sé si en todo esto hay una intención que ya es trasversal en
todas las reformas que emprende el Gobierno del Partido Popular: el deterioro
de lo público como preámbulo de la presunta eficiencia de la iniciativa privada
en los servicios. Lo que sí sé es que esos servicios a la ciudadanía se van a
deteriorar (claramente: en eso consiste el ahorro) y de que esta Ley tiene lo
que nunca debería tener un instrumento legislativo que toca asuntos que están
en la base misma de la administración del Estado, su carácter estúpidamente coyuntural.
¿Saben cuál fue el argumento estrella del gobierno de
Mariano Rajoy para impulsar esta Ley? Pues la pesada carga financiera que la
Administración Local tiene en las cuentas de España. Todo falso…sin que haya
cosa alguna que no lo sea: según la Federación Española de Municipios que preside Íñigo de la Serna, alcalde de Santander (PP) en 2012 la deuda pública de los ayuntamientos fue
del 3,4% del PIB (bajando: en el ejercicio de 2011 fue del 3,5%) ¿Y saben cuál fue el
déficit de los municipios en 2012? Ninguno: hubo superávit del 0,22%
