No dejarán títere con cabeza. En esta forma (en cierto
modo inédita) de golpear al Estado que lleva ejecutando el Partido Popular
desde que los españoles le confiaron la administración de la cosa pública (qué
ironía) ahora le toca también al sistema judicial, en la figura de su máximo
órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.
Sí, es cierto que el poder ejecutivo (fuera quien fuese
el partido gobernante) ha pervertido a menudo el estatus quo con el abuso del
indulto para interferir en las decisiones del poder judicial. Pero esto de ahora
es un ataque directo a la separación de poderes; es, una vez más, otra forma
del mismo golpe de estado, como diría Cospedal, en diferido y con simulación.
Como no es un asunto que goce de demasiada atención en
los medios informativos (iba a decir, sorprendentemente, pero no lo es en vista
del despiste general) conviene recordar lo que pasa. Y lo que pasa, en resumen,
es que a partir del próximo mes de septiembre el PP, en contra del criterio de los
demás grupos políticos, las asociaciones de jueces y fiscales, el propio Consejo
y hasta el Supremo, aplicará una norma que ha impulsado el ministro de Justicia
y que consiste a grandes rasgos en lo siguiente:
La mitad del Consejo será renovada solo con los votos del
PP en el Senado, con lo que salta por los aires el tradicional consenso parlamentario
y, sin que ello implique, sensu contrario, sino un incumplimiento del programa
electoral del partido que gobierna (eso no es novedad, obviamente) que se
comprometió a favorecer que fueran los propios profesionales de la judicatura
quienes eligieran a sus gobernantes. Y, por resaltar solo algo más en esta
reforma-carga de profundidad: sólo seis de los veinte vocales tendrán
dedicación exclusiva; eso es algo que está en la lógica antidemocrática si se
piensa que al Gobierno de Mariano Rajoy le resulta más conveniente que los
consejeros se dediquen a esta función en sus horas libres y no enreden
demasiado en estos tiempos en los que los jueces han tomado de su mano tareas
de defensa de la ciudadanía en vista de que casi nadie más lo hace. Seis son
mucho más manejables que veinte.
Sin duda habrá recurso de inconstitucionalidad: ya lo han
anunciado prácticamente todos los grupos de la Oposición. Pero de momento, ahí
queda eso: una herida más que restañar cuando llegue el momento…pero hay ya
tantas.
Cuando este asunto se ha debatido en el Congreso,
Gallardón, el tipo más chulo del barrio, ni ha aparecido por el hemiciclo.
Dicen que no ha sido desprecio a la soberanía popular, sino que no tenía tiempo
porque andaba metido en operaciones rocambolescas para enchironar finalmente a
Bárcenas, y provocar una especie de voladura controlada dentro de su propio
partido. ¡Joder! pues si es así, adiós a la vieja guardia, pero líbrenos la Providencia
de sus cachorros.
