La jaula de grillos

 

Sin duda Antonia estuvo escuchando la tertulia de las mañanas de la SER dedicada en gran parte a comentar lo que se ha dado en llamar “17 Navidades distintas” una especie de bucle muy del gusto de ciertos periodistas y expertos en lo que haga falta. Consciente creo de que Barceló no es una ciudadana corriente y sí una comunicadora de campanillas que tiene a su disposición un instrumento muy potente, Antonia escribió el siguiente post: “A ver Ángels ¿hay que dártelo masticado? En Noche Buena yo voy a cenar con mi marido; ni hijos ni nietos. Ya está”

¿Se ha equivocado el Gobierno con sus recomendaciones? Sí, a mi juicio sí. Pienso en el sentido común de Antonia y creo que todo este rollo de si han de ser seis o diez, si podemos reunirnos con allegados (a propósito, ninguna confusión sobre qué son; para eso está el Diccionario) si el toque de queda debe ser más pronto o más tarde...es absurdo. Como es sabido el exceso de información es desinformación. Ya sabemos todos cómo se transmite el virus. Hubiera bastado con recomendar que no nos reunamos a cenar sino los convivientes y si, excepcionalmente, ha de incorporarse alguien más, observar medidas sencillas, las que todo el mundo conoce ya: mascarilla, distancia, ventilación y no compartir menaje. Plantear recomendaciones que sabemos se van a interpretar como normas cuyo cumplimiento es incontrolable solo sirve para confundir.

En eso se ha equivocado, sí. No en que ahora tengamos ante nosotros un manual con 17 catálogos de medidas. En Alemania, estado federal, no hay tal cosa, pero porque los gobernantes de los länder han entendido desde el primer instante que no se hace política con la pandemia y aquí tenemos una derecha silvestre y una cierta presunta izquierda bastante lerda que no lo ha entendido.

¿Se imaginan de nuevo el calvario de tener que volver a pasar por el Congreso y soportar la lentitud y la deslealtad de la oposición para aprobar un nuevo decreto de alarma que permitiera un mando único para tomar medidas similares a las de marzo. ¿Y para qué? ¿Para que luego algunos gobiernos regionales buscaran todo tipo de triquiñuelas a fin saltarse las normas? ¿Para que esa gentuza utilizaran como instrumento de erosión política, miserable y criminaloide, en la línea de seguir cuestionando la legitimidad del Gobierno de Coalición? Si hace porque hace y si no hace porque no hace ¡Pero si están diciendo ahora mismo que el Gobierno ha eludido sus responsabilidades, cuando actúa acorde a lo que exige un estado compuesto como el nuestro...como el alemán!

El Gobierno ha convocado cuantas veces ha sido necesario al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano colegiado competente y en donde está representado el Gobierno de la Nación y los Consejeros de Salud de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas. El Artículo 14 de su Reglamento dice: “Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”

¿Y qué es “consenso”? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos” ¿Y qué es “unanimidad” Pues es “sin discrepancia” que en términos democráticos significa, como sabe hasta el más tonto, que todos votan lo mismo. De manera que “consenso” es algo conceptual y “unanimidad” algo más bien instrumental.

Imagino las reuniones del Consejo como una especie de tortura con el Gobierno de la Comunidad de Madrid oponiéndose siempre o respondiendo “ya si tal” a cualquier cosa que proponga el Gobierno central, como todos hemos podido ver. ¿Su presunta coartada? Que las decisiones no se toman por consenso -el mismo que ellos impiden sistemáticamente confundiéndolo a posta con unanimidad- sino por mayoría y eso, dice, va contra el Reglamento y, por tanto, es ilegal.

En ese Consejo y por la actitud del Gobierno Ayuso y solo por eso, el acuerdo es imposible, de modo que el Gobierno del Estado solo hace lo que puede: unas recomendaciones genéricas (equivocadas por prolijas en mi opinión, como he dicho) y certificar lo que la Constitución dice: que las competencias en materia sanitaria corresponden a las Comunidades Autónomas ¿Resultado? Pues 17 navidades distintas y a correr.

Vacunas

 

Un antivacunas es un ser acientífico, básicamente un gran ignorante que, o bien muestra los rasgos paranoides habituales en quien está predispuesto a creer en toda clase de conspiraciones y manos negras, o desconoce que las vacunas son directamente responsables de la practica erradicación de enfermedades muy graves como la viruela y el control de otras como el sarampión, el dengue y muchas más que, sin vacuna, causarían una gran mortalidad. Entre las tonterías que hay que escuchar, hace fortuna la comparación entre la gripe común y la covid19 (lo que enseguida deriva a una conversación absurda sobre si fulano o mengana que no se vacunan cada año nunca enferman, sin embargo, de influenza) pero no hay comparación posible: aparte de otras consideraciones, el virus de la gripe mata mucha gente cada año, sí, pero es estacional; el sars-cov2 es mucho más contagioso, más letal y no entiende de estaciones.

Pero no perdamos el tiempo aunque este exordio sirva para introducir el tema. No quería yo hablar propiamente de estos especímenes conocidos como los antivacunas, sino más bien de asuntos que nos conciernen a la gente normal.

Hay un principio básico por obvio: es natural que haya desconfianza. Nadie sobre la capa de la tierra tiene experiencia sobre una epidemia de la dimensión como la que padecemos. Nadie. Ni la ciencia, ni los políticos, ni las autoridades sanitarias, ni la gente corriente. Tampoco sabíamos nada, evidentemente, sobre las vacunas que pretenden combatirla impidiendo o minimizando -eso es lo que hacen las vacunas- el contagio. Hemos sabido que el proceso de elaboración de una vacuna es lento y el de las que se están preparando se ha acelerado de forma extraordinaria; esto se debe a tres factores: la urgencia médica (en el mundo y al ritmo que vamos, estaremos en dos millones de muertos ocasionados directamente por la covid19 en breve; aparte los que mueren como consecuencia de la saturación de los sistemas sanitarios, tal vez muchos más pues solo cabe pensar en lo que sucede en occidente para deducir qué estará ocurriendo en lugares en donde las infraestructuras son mucho más precarias) la tremenda crisis económica asociada, y la formidable oportunidad de negocio que supone para los grandes laboratorios; ya noto que las personas de bien tuercen el gesto al pensar en los motivos de las grandes corporaciones farmacéuticas, pero es lo que hay.

¿Serán seguras las vacunas? Pues, como es natural, yo no lo se. Por tanto tendré que fiarme del criterio científico...y de algo más: los gobiernos y las organizaciones supra estatales van a controlar que lo sean o se tendrían que enfrentar a algo parecido al Armagedón en forma de desastre sanitario y económico globales y, en ese horizonte, ni que decir tiene cuanto se juega la nada altruista industria farmacéutica si sus vacunas acaban siendo un fiasco. ¿Que son argumentos conceptualmente algo endebles? Ya, vivir es inseguro en más de un sentido. Y, sobre todo ¿cual es la alternativa a las vacunas, más allá del mantenimiento de algunos hábitos de higiene y prevención y, sobre todo, la introducción de cambios de calado pero de lenta asimilación en nuestro estilo de vida? Yo no la conozco.

“Yo no me vacunaré hasta que no vea cómo les va a los demás" Es una frase que ustedes como yo habrán escuchado más de una vez. Ya les auguro: la mayor parte de quienes así se expresan, van a perder el culo para ir a vacunarse en cuanto tengan oportunidad (quizás creen que sí, pero a medio y largo plazo no tienen alternativa) Pero esa actitud merece un comentario.

Sucede muchas veces que el egoísmo es la antesala de la estupidez. La pandemia no es una excepción. Resulta absurdo el acaparamiento de la producción de vacunas por parte de los los países ricos siendo así que, una vez acantonados en la fortaleza de cartón de la presunta inmunidad, tendrían que levantar otra clase de muros mucho más resistentes para evitar la movilidad, algo que choca con la economía global; no se pueden poner puertas al viento y aquí, o hay vacunas para todos o palma hasta el apuntador.

Igual pasa en las actitudes personales: no tiene sentido preocuparse si uno puede ponerse a salvo o no a titulo individual y pasando de los demás ante un problema mundial de salud pública; eso es de una insolidaridad absolutamente irresponsable ¿acaso quienes decidan no vacunarse renunciarán a que el Estado, es decir, la sociedad entera, corra con los gastos de su hospitalización si tiene la desgracia de contraer la enfermedad? ¿Que harán para evitar el contagio? ¿Recluirse sin contacto con el exterior y con la mascarilla puesta hasta que escampe aunque eso dure años? ¿Y cómo sabrán que ya no hay riesgo? Como es obvio, además de asocial, el egoísmo es poco práctico, también por la razón que sigue.

¿Vacunación obligatoria? A mi juicio, no debería serlo. Pero no crean, hay países en que la protección ante algunas enfermedades y en determinadas circunstancias, sí lo es. ¿En Cuba? ¿Venezuela? ¿Tal vez China? No, sorpresa: 11 de los 27 países de la Unión Europea tienen calendarios de vacunación obligatoria y también los tienen algunos estados USA y en Australia por ejemplo. Insisto, no creo que deba ser obligatoria y debería quedar a la mera responsabilidad de cada cual, pero comprenderé perfectamente que los Estados se protejan y traten de proteger a sus ciudadanos, por ejemplo: obligando a hacer cuarentena a quien queriendo viajar no pueda demostrar que está vacunado; exigiendo la vacunación de algunas unidades del Ejercito o a integrantes de profesiones esenciales con especial peligro de contagio hacia la población en su conjunto o a grupos de riesgo, etc.

Presentada ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno por falta de acción climática

"Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón dan un paso más para evidenciar la falta de ambición climática del Gobierno y las consecuencias que conlleva. Medio centenar de organizaciones y más de 24.000 personas se han sumado ya al primer proceso judicial por el clima en España. Mientras la UE ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España propone solo un 23% para el mismo periodo.  Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado ante el Tribunal Supremo la demanda contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático. Se trata de un paso decisivo en el proceso judicial emprendido por las tres organizaciones el pasado mes de septiembre para exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada ante la emergencia climática. Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas. La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%.  “La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones.  Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, e incluyen las conclusiones de dos informes periciales: uno sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país; y un segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos. Entre los datos y argumentos esgrimidos en la demanda, destaca que el Gobierno de España prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético. Un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire.  España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Según las organizaciones, el Gobierno está ahora obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones, para posibilitar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio ambiente que les permita llevar una vida en condiciones dignas.  “Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no podrán emitir ni una partícula de carbono para su desarrollo ni para llevar a cabo una transición ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy lejana”, ha subrayado Ruiz-Huerta. Precedentes internacionales La Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el pasado 30 de septiembre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las tres organizaciones. Finalizado este trámite y recibido el expediente administrativo del Gobierno, el Tribunal emplazó a las organizaciones para que, en el plazo de un mes, formularan la demanda que esta mañana se ha presentado a través de la plataforma telemática LexNet.  Esta demanda se enmarca dentro de una ola internacional de litigios climáticos que sostienen que la falta de acción contra el cambio climático vulnera los derechos humanos: desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno holandés a contribuir con su “parte mínima justa” a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático –con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados– y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.   “Los casos que ya se han resuelto han dado como resultado una serie de normas incipientes que ‘revolucionan’ el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora”, ha concluido Ruiz-Huerta"

El abuelo metralleta

 

Hubiera preferido reproducir aquí de manera literal el comunicado que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ha emitido hace unas horas para que nadie tuviera la sospecha de que interpreto lo que dice. Lo lamento, no lo he encontrado, de modo que utilizo una fuente secundaria: lo que las agencias de noticias han publicado que, siendo prácticamente lo mismo todas ellas, cabe suponer que reproducen una nota de prensa del Ministerio de Defensa.

Tras resumir cual es la labor de las FFAA, acorde a la Constitución y las Ordenanzas, dice el general Villarroya que las opiniones de los firmantes de las cartas al Rey, que son también quienes intervienen en el chat de Wassap cuyo contenido estamos conociendo desde hace unos días “...no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad"

En puridad, sería así, claro. Son militares retirados. Por eso y en lo que concierne a los Ejércitos, esto no pasaría de ser por ahora y salvo que la Fiscalía tome cartas en el asunto como parece que hará y encuentre otros indicios, cosa de jubilados ociosos. Pero en absoluto es eso.

Esos militares retirados tuvieron mando hasta hace no mucho tiempo. No en la posguerra o en los primeros años de la Transición; no son tan mayores. Mandaron sobre la oficialidad y la tropa y gestionaron recursos públicos en democracia. Y no cabe pensar que sus manifestaciones de ahora -directamente ilegales si estuvieran en activo- son efusiones ideológicas sobrevenidas.

¿Hay militares en activo que hubieran firmado esas cartas de no estarlo? Personalmente no tengo ninguna duda aunque no tengo pruebas de ello. O sí. ¿Alguien sabe qué mando permitió a Ortega Smith entretenerse en hacer ejercicios de tiro con un arma de reglamento? No creo que fuera un general retirado ¿verdad?

No, lo de estos generales y otras hierbas forma parte de un estado de opinión que atizan de palabra y de obra VOX, el PP, Ciudadanos, algunos medios de comunicación y una serie de francotiradores encantados de conocerse a sí mismos, con un argumento básico: el Gobierno es ilegítimo y para acabar con él todo vale. Ellos señalan y estos energúmenos se toman las cosas al pié de la letra. De primero de fascismo.

Como yo no me puedo creer que esa gente esté desconectada de sus compañeros en activo, creo que es vital que el Gobierno sea consciente, actúe con la discreción que exige el caso y se tome en serio estas presuntas ensoñaciones.