La tasa de pobreza en España se sitúa en el 21,8 por ciento. Es una de las más elevadas de la Unión Europea. Es creciente la división entre los que tienen y los que no tienen. Más allá de la insoportable tasa de paro, hay trabajadores que tienen empleo pero están por debajo del umbral de la pobreza.
Las frases que anteceden podrían ser cada una de ellas un titular de prensa. Encadenadas nos dan una idea de una realidad que aún no ha dado la cara de manera especialmente llamativa, pero que más pronto que tarde aflorará veremos en forma de qué. Son, por lo demás, afirmaciones que resultan de numerosas pesquisas que entidades como Caritas o Foessa, por citar solo estas dos tan caracterizadas, tan poco sospechosas de nada, convierten en advertencias.
Es posible que, como anuncian los heraldos de todo a cien en esta gobernanza de pacotilla, hayamos tocado fondo y ahora solo nos espere un futuro grandioso. Me recuerdan en todo caso a esa técnica conocida como el barbecho que, como saben, consiste en quemar el campo a fin de que rebrote con nuevo ímpetu. Hacemos –parecen discurrir- tabla rasa de la parroquia y su hacienda y a empezar de nuevo con la vista puesta en un horizonte que llamaremos sostenible.
Dejando a un lado tanto necio con trompetilla de pregonero, lo que nos está dejando este fraude espantoso que llaman crisis y para el que, además de fraude, se me ocurren muchos otros nombres ninguno noble, es que la brecha que separa a las personas que se han ido empobreciendo de las que tienen más posibilidades de acceso a bienes y servicios resulta hoy ya alarmante. Según datos del último (primavera de este año) Informe Foessa (un clásico ya) los ingresos medios de las personas más ricas de España son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30 por ciento. Sí, lo han leído bien: en apenas seis años un 30 por ciento.
No quiero aburrirles con datos, pero basten algunos que abundan en lo que estoy diciendo: La primera comunidad en la más ha subido la miseria es Canarias (21 por ciento), seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana (18 por ciento). Por detrás se sitúan Andalucía (16), Aragón (13) y Cataluña (7), todo ello según el documento elaborado por los catedráticos de Análisis Económico Carmen Herrero (Universidad de Alicante) y Antonio Villar (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). Tanto en el caso de los desgraciados canarios como los privilegiados catalanes, los datos son como para llorar…o cabrearse mucho, pero mucho.
Con todo, eso no es lo más grave y peligroso. Ocurre que junto a ese incremento de la desigualdad (¿no resulta obvio que crisis, sólo la hay para una parte de la sociedad?) y como en un cóctel letal, se está produciendo una disminución de los recursos de protección pública, especialmente en lo que respecta a la facultad redistributiva del Estado y en lo que hace a la capacidad asistencial. Así es que el resultado a corto plazo no puede ser otro que la expulsión hacia la marginalidad de los más débiles y la seguridad de que aquellas personas, familias enteras (el número de hogares en riesgo se ha multiplicado por 6 de 2007 hasta hoy) que caigan en la exclusión, no tendrán posibilidad de salir de ella. Es decir, el efecto destructor de las políticas de recortes y de adelgazamiento del estado tal como se están aplicando, puede tener un efecto crónico en la sociedad española.
