Administración Local: no es una reforma, es un ajuste

Hace unos años tuve ocasión de dirigir un periódico de difusión local y regional e información general: El Universo de Madrid fue el único diario que, en soporte papel y digital, esta Comunidad Autónoma ha tenido en las últimas décadas. Como tantas cosas, se lo llevó la crisis y algunos errores de posicionamiento ideológico y de estrategia empresarial.

Explico lo anterior por una única razón: que se entienda hasta qué punto puedo resultar yo fiable si hago la siguiente afirmación: durante muchos años, el municipalismo español fue un movimiento vital que impulsó un notable consenso apartidista sobre la importantísima función de los ayuntamientos en su cercanía a los ciudadanos y laboró por una profunda reforma de la Administración Local, hasta el punto de acuñar la idea de una segunda descentralización del Estado español.

Todo eso va a saltar por los aires con la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. Como en tantos otros casos, el Gobierno legisla contra todas las partes interesadas en su enloquecida carrera por cargarse una forma de entender la sociedad. Así, el domingo pasado, más de 2.000 alcaldes y concejales de toda España se manifestaron en contra; anuncian un recurso de inconstitucionalidad -que granarán, seguro- si el Ejecutivo no retira la Ley e inicia un proceso consultivo hasta ahora inexistente. Naturalmente, en ese grupo de ediles no había nadie del PP; ellos prefieren pronunciarse en privado pero, créanme, opinan lo mismo. No es del caso, pero podría citar a unos cuantos munícipes populares de ciudades y pueblos que no hace mucho se ponían al frente de la procesión con gran entusiasmo.

Parafraseando a Mariano Rajoy, podría decirse que en la línea argumental del Gobierno para defender esta Ley, todo es falso…y no hay cosa alguna que no lo sea.

Y la primera gran mentira es que no se trata de una reforma sino más bien de un burdo ajuste que, en ese afán del Ejecutivo por no dialogar con nadie, se pretende perpetrar de espaldas a los propios municipios, la oposición política, a la Carta Europea de Autonomía Local y el lucero del alba; y al revés de como han hecho los países de la UE que han realizado cambios en su organización administrativa recientemente: lo han hecho reforzando las competencias (la autonomía local y el autogobierno) de los municipios; aquí, por el contrario, se vacía de capacidades a los ayuntamientos y se potencia el papel de las diputaciones provinciales, entidades sin legitimidad democrática directa e innecesarias, como no sea para mantener una estructura de poder real por razones puramente ideológicas o de favorecimiento del nepotismo.

Dice la última referencia del Consejo de Ministros: “La reforma tiene como objetivo evitar duplicidades entre las administraciones públicas y ahorrar costes a los ciudadanos...supondrá un ahorro estimado de más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015” Lo del ahorro no se explica por ninguna parte y en cuanto a evitar duplicidades, el argumento es de un cinismo inaudito: como se ha dicho, se cercena la capacidad de actuar de la administración más cercana al ciudadano para dar poder a otra que ni está ni se la espera.

Yo no sé si en todo esto hay una intención que ya es trasversal en todas las reformas que emprende el Gobierno del Partido Popular: el deterioro de lo público como preámbulo de la presunta eficiencia de la iniciativa privada en los servicios. Lo que sí sé es que esos servicios a la ciudadanía se van a deteriorar (claramente: en eso consiste el ahorro) y de que esta Ley tiene lo que nunca debería tener un instrumento legislativo que toca asuntos que están en la base misma de la administración del Estado, su carácter estúpidamente coyuntural.

¿Saben cuál fue el argumento estrella del gobierno de Mariano Rajoy para impulsar esta Ley? Pues la pesada carga financiera que la Administración Local tiene en las cuentas de España. Todo falso…sin que haya cosa alguna que no lo sea: según la Federación Española de Municipios que preside Íñigo de la Serna, alcalde de Santander (PP) en 2012 la deuda pública de los ayuntamientos fue del 3,4% del PIB (bajando: en el ejercicio de 2011 fue del 3,5%) ¿Y saben cuál fue el déficit de los municipios en 2012? Ninguno: hubo superávit del 0,22%

La educación, la OCDE y las burdas manipulaciones

“En esta sociedad, Marcus, los hombres a los que más admiramos son los que ponen en pie rascacielos, puertos e imperios. Pero en realidad los más notables y admirables son aquellos capaces de poner en pie el amor. Porque es la mayor y la más difícil de las empresas”

Lo que acaban de leer es lo que Harry Quebert le dice a Marcus Goldman en “La verdad sobre el caso Harry Quebert” de Joël Dicker (Alfaguara). El primero es un consagrado escritor y el segundo otro que aspira a serlo.

Me ha venido a la cabeza la conversación literaria entre dos personajes de ficción, Harry y Marcus, a propósito del resultado del examen de competencias básicas de la población adulta hecho por la OCDE en 23 países, que ha levantado ampollas (o eso dicen) en nuestro país. Verán por qué.

No estoy muy seguro de estar hablado del mismo informe del que se han hecho eco ciertos medios de comunicación con puntualidad y precisión de voceros dóciles del Ministerio Wert, también llamado de Educación. En resumen, vienen a concluir que los españoles estamos a la cola en comprensión lectora y en destreza matemática y que la culpa la tiene la LOGSE.

Lo primero es verdad, si leemos solo el trazo grueso. Lo segundo, como era de esperar, no. A ver: el examen de la OCDE se ha realizado a personas entre 16 y 65 años. La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) comenzó a aplicarse en el curso 1990-1991, así es que quienes fueron directamente afectados tienen hoy como mucho unos 23 o 24 años.

Podemos entrar ahora en matices: en el examen, los jóvenes puntúan mucho más alto que los mayores y están más cerca de la media aunque, ciertamente, la evolución española dista de ser la que nos gustaría por más que arranquemos de un punto de partida que no es ni mucho menos el de la mayoría de los países desarrollados.

Estamos en el furgón de cola, sí, pero la culpa no es de la LOGSE porque es incorrecto (o, más bien, una burda manipulación) hacer tabla rasa y comparar un periodo en el que solo una parte de la población estaba escolarizada (la gran mayoría de los examinados) con otra en la que lo estaba ya todo bicho viviente esto es, en la década de los noventa.

Con todo, lo que dice la OCDE no es la Biblia. La Ley Wert pone en peligro todas aquellas áreas de conocimiento no presentes en los rankings de la OCDE, entre ellas la Historia, la Filosofía, la Literatura, la Música, las Artes Plásticas o la Educación Física y conocimientos tan poco prácticos como pueden proporcionar la educación medioambiental, la ética ciudadana y bagatelas así. Es natural que el más nefasto ministro de la cosa, el Gobierno en el que milita y el coro mediático que les hacen la ola cada día consideren que los únicos indicadores que han de ser tenidos en cuenta son esos que se acomodan a los objetivos de un modo de entender la sociedad según el cual “…educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país” Lo dice ese arma de destrucción masiva que es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

O sea, que Harry Quebert es un antiguo o está equivocando a su pupilo. No son los mejores quienes son capaces de poner en pie el amor o quienes saben enfrentarse al dolor, la decepción, la dificultad; no quienes pueden enseñarnos a saber caer bien, sino quienes levantan construcciones admirables aunque, como pasa mucho por esta tierra nuestra, acabemos descubriendo que solo eran un capricho caro y un fiasco.

El deterioro de la calidad de la Democracia

La semana pasada se presentó en Londres un trabajo de análisis del que unos pocos medios de comunicación se hicieron eco: Democracy in Europe can no longer be taken for granted, editado por el Instituto Demos http://www.demos.co.uk/files/DEMOS_Backsliders_report_web_version.pdf?1380125822

Es verdaderamente interesante por cuanto una entidad independiente –hasta donde yo conozco, por primera vez- analiza la calidad de la democracia en la Unión Europea. En España, por cierto y para nuestro país, lo hace de manera asidua la Fundación Alternativas, una think tank cuyos trabajos enseguida (y con un apriorismo torpe) son descartados por algunos porque su dinámica de pensamiento es saludablemente de izquierdas.

El trabajo de Demos lo firman Jonathan Birdwell, Sebastien Feve,Chris Tryhorn y Natalia Vibla y es un encargo del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo.

Xenofobia, corrupción en las instituciones y ascenso de la derecha extrema, vendría a ser el resumen, según esta investigación, de los males que en creciente intensidad y extensión amenazan la democracia tal como la conocemos en los estados miembros de la Unión. Llama la atención, además, un detalle: no está clara la asociación directa entre crisis económica y deterioro de la democracia; más bien la involución vendría motivada por la falta de respuestas políticas frente al fenómeno de la globalización, anterior y acaso y precisamente, en el origen de la estafa-crisis.

Insisto, el trabajo de Demos es del mayor interés. Y no deberíamos los europeos echar en saco roto las advertencias que hace por cuanto se corresponden con amenazas reales: La Francia socialista y la expulsión sistermática de los gitanos; Hungría y Grecia y los grupos filonazis (no me gusta el prefijo neo, pues todo eso es más viejo que la tos) España y la corrupción, son exponentes de una perversión de valores que en Europa ya deberíamos haber hecho inimaginable.

Mientras escribo estas líneas me llega noticia de la última tragedia en la isla de Lampedusa: 110 muertos y 200 desaparecidos; gentes a las que nuestros problemas les deben de parecer pura filfa comparados con su insoportable vida. Europa mira hacia otro lado como pasmada, estúpida; se enroca en una tendencia hacia la renacionalización de los problemas derivados de la inmigración sin darse cuenta de que esto que al Papa le parece “una vergüenza” es también una carga de profundidad para los valores europeos y, en fin, para la democracia. La Comisión y el Parlamento, justo es decirlo, ya han advertido del riesgo, pero el Consejo, ese órgano de gobierno que con frecuencia parece el enemigo, se convierte en cómplice del desastre. El llanto impotente, desesperado, de la alcaldesa de Lampedusa frente a las cámaras de televisión es la imagen terrible de la política frente a la muerte; muerte y más muerte; injusticia sobre injusticia; aquí, en el Mediterráneo, en donde nació casi todo en lo que los europeos creemos: ojo, sí, también para holandeses, belgas, alemanes…

Así es que tal vez debería dejar aquí este artículo y guardar luto sin más.

Pero es que creo que nada está desconectado de nada. Es que creo que la actitud de los estados de la Unión y, con frecuencia, de la UE misma ante este problema no es ajena a otra amenaza grave para nuestro modo de vida. Una forma de estar sobre la capa de la tierra que algunos están destruyendo como si fuera algo gratuito e imposible; como si no hubiera costado un esfuerzo titánico, muchos sacrificios y hasta mucha sangre; como si a la gente corriente nos hubieran regalado algo; como si la brecha entre ricos y pobres, aquí en la culta y solidaria Europa, no fuera cada vez mayor; como si eso que los neoliberales llaman sostenibilidad del sistema que, por cierto, excluye de forma suicida a los inmigrantes mientras envejecemos a pasos agigantados, no se basara en una repugnante mentira.

¿Y si en lugar de hablar de “democracia” en sentido general, hablamos de “democracia representativa”? ¿Cuáles son entonces las amenazas? Las mismas, desde luego, pero hay otras y, a mi juicio, no son menores y, reitero, no son ajenas a lo que hasta aquí he dicho.

Por supuesto que si se deslegitima el veredicto de las urnas se estará atacando a la democracia que se basa en la representación de los ciudadanos. Pero ¿no es un anacronismo hoy, con todas las herramientas de comunicación y participación disponibles, dejar el gobierno de la sociedad al mero juego de las mayorías políticas durante cuatro largos años? ¿No estaremos pervirtiendo desde dentro el sistema con el empecinamiento en que una mayoría absoluta habilita para gobernar casi exclusivamente a base de decretos leyes, esto es, ignorando de facto al Parlamento? ¿No será profundamente estúpido, injusto y hasta peligroso gobernar contra todo el mundo alegando que los que callan lo hacen porque sin duda otorgan? ¿No estaremos dejando de ser ciudadanos, esto es, sujetos de derechos y deberes, esos que se conculcan en nombre de intereses que ni comprendemos ni controlamos?

A mí nadie me pregunta si debe detenerse la expulsión en Francia de los gitanos, si ha de evitarse a toda costa la presencia en las instituciones democráticas de grupos de extrema derecha o si la corrupción debe ser imprescriptible a efectos judiciales. Pero tampoco qué siento ante la desgracia de Lampedusa o la dantesca visión de la gente saltando la valla en la frontera europea en Melilla. ¿Le preguntan a usted?

Es que, además, me insultan –y a usted también- asegurando que si no salgo a la calle tras una pancarta es porque reitero tácitamente mi voluntad global expresada en unas elecciones; y hasta se apropian de una voluntad que acaso nunca les fue favorable solo porque no coreo consignas en una manifestación.

Votamos, sí. En  cada país y en Europa. Pero no es suficiente. Ya no.