COP25: la gente estamos preparados para afrontar la emergencia climática, pero nos gobiernan suicidas

Como en otras ocasiones, cedo encantado este espacio para difundir informaciones que me parecen de gran interés. En esta ocasión se trata del  

Comunicado final de la Cumbre Social por el Clima sobre COP25

La Cumbre Social por el Clima (CSxC) ha constituido un espacio fundamental de contestación social a la COP25. Desde que recibimos el testigo no deseado de intentar levantar este espacio en un tiempo récord, nos comprometimos a funcionar como un altavoz de las demandas de las comunidades del Sur Global y, en particular, de los movimientos sociales latinoamericanos y chilenos, cuya voz pretendía silenciarse. A pesar del reto logístico y humano que implicaba organizar todo en tan poco tiempo, siempre quisimos cuidar la coordinación con los diferentes espacios sociales chilenos que ya estaban en marcha, particularmente la Minga Indígena, la Cumbre de los Pueblos y la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC). Estos espacios mantuvieron sus actividades en Chile, pero era fundamental la presencia tanto de sus mensajes como de sus delegaciones en la CSxC. Elementos como la denuncia del extractivismo, la violación de los derechos humanos, las demandas relativas a la justicia social y a los pueblos originarios han estado desde el principio en el centro de nuestras reivindicaciones. Con plazos muy apretados (y gracias a la contribución de la Universidad complutense de Madrid y UGT) se ha logrado el reto de habilitar el espacio físico y humano para la celebración de la CSxC. Hemos canalizado más de 370 peticiones de actividades estructuradas en torno a diferentes ejes temáticos: límites planetarios, sistema económico y financiero, justicia social, sistemas políticos, democracia y derecho humanos, interseccionalidad y soluciones verdaderas. Más de 15.000 personas y 300 organizaciones, redes, colectivos y movimientos sociales de todos los continentes se han dado cita estos días en la CSxC para hablar, intercambiar ideas y hacer propuestas sobre ecofeminismo, migraciones, neocolonialismo, indigenismo, empleo, agroecología, energía, transiciones, democracia o cultura regenerativa, entre otros. Frente a los decepcionantes debates en la negociación oficial, que giraban en torno a los mercados de carbono o las compensaciones, la CSxC se ha encargado de abrir el espacio a un debate mucho más rico y diverso sobre las verdaderas soluciones. Pero, por encima de todo, el espacio de la CSxC ha servido para continuar tejiendo la red social y comunitaria que nos hará más fuertes para el escenario de crisis ecológica, social y climática que enfrentamos. 

Durante las asambleas plenarias de cada día, en algunas de las cuales han llegado a participar cerca del millar de personas, hemos tenido la ocasión de escuchar a decenas de compañeras y compañeros de comunidades muy diversas que han compartido sus luchas y cómo están confrontando en primera línea las agresiones extractivistas y los impactos climáticos. Compartir estas dos semanas con personas de pueblos indígenas ha sido una de las experiencias más constructivas, enriquecedoras y emotivas de la CSxC. Como dicen en la carta entregada a la Presidencia de la COP25, los pueblos indígenas son los “guardianes de la vida en los territorios más biodiversos del planeta”, quienes trabajan por “el buen vivir, la vida, la naturaleza y la humanidad, sean indígenas o no”. Estos pueblos y naciones indígenas (que defienden el territorio de las multinacionales, del extractivismo, de la mercantilización del planeta), han dejado claro que la tierra es esencial para el sustento de los seres humanos y no humanos y que es importante el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Desde su concepción de la Madre Tierra como un ser vivo y desde sus conocimientos tradicionales, han aportado muy valiosas visiones hacia la transición ecológica necesaria. Nos unimos a estos pueblos y naciones denunciando el papel de las multinacionales, principalmente las españolas, exigiendo el fin de la criminalización y persecución que sufren por proteger los ecosistemas, declarando a la Madre Tierra como un ser vivo sujeto de derecho y demandando que se mantengan los combustibles fósiles bajo el suelo, fuera de los actos del extractivismo colonialista.

Si algo hemos aprendido de los pueblos indígenas es que el colonialismo continúa, no solo en las grandes empresas, sino también en nuestras maneras de pensar y actuar. Durante estas dos semanas hemos cometido errores fruto de un pensamiento que, pese a la buena voluntad, no cuestiona suficientemente el poder de las personas blancas. Errores que han generado dolor. Queremos disculparnos por ello. Y queremos aprender de estos errores. El camino de la descolonización es largo, pero queremos recorrerlo porque, como termina la carta presentada por la Minga Indígena a la COP25 “es el momento de unir todos los esfuerzos del mundo y dejar de lado nuestras diferencias”.

Queremos destacar también la persecución que sufren especialmente las mujeres y el pueblo mapuche (cuya represión es una práctica histórica de todos los gobiernos hasta la fecha). Por eso apoyamos su lucha y exigimos el cese de la represión y la liberación de las presas políticas. De la misma manera, apoyamos a todos los pueblos en lucha por la defensa de sus territorios y rememoramos a quienes han sido asesinadas en el ejercicio de este derecho. Ha sido un honor contar en la cumbre con Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, asesinada por el gobierno de Honduras por defender su territorio.

Nuestra mirada tampoco ha dejado de estar en las recientes movilizaciones de Chile, cuya población sale diariamente a las calles para luchar por el cambio. Hemos denunciado las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Piñera, que asesina, desaparece, hiere, tortura y viola. Son la manifestación palpable de la crisis del sistema neoliberal, que no solo ha precarizado el sistema de salud pública, expoliado el sistema de pensiones y endeudado a amplias capas de la población (y muy en particular a la población estudiantil), sino que lleva décadas acometiendo una política extractivista depredadora del territorio. A medida que la crisis climática se hace más palpable en Chile -con procesos como la desertificación, la esquilmación de los acuíferos o la subida del nivel del mar, minando las posibilidades para la vida en los territorios-, estas demandas se han ido incorporando a las luchas por la justicia social. Por ello desde la CSxC hemos querido en todo momento visibilizar este nexo que relaciona la crisis social con la crisis ecológica como manifestaciones de un mismo problema: un modelo económico que atenta contra la vida. 

En las asambleas plenarias también se han seguido las negociaciones oficiales de la COP25, la lucha climática de los movimientos de la juventud, el lanzamiento del manifiesto latinoamericano por el clima por parte de la SCAC/FIMA, la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, las luchas de las defensoras de derechos humanos, la criminalización de la protesta y las luchas de activistas contra combustibles fósiles y megaproyectos, los ecofeminismos y las alternativas para un futuro deseable. La difusión de la cultura también ha sido central; a través de los espacios de exposiciones, talleres artísticos, performances, lecturas de poesía y actuaciones musicales.

Nuestra visión sobre la COP25

Nosotras y nosotros, defensores de la justicia climática, personas científicas, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinas, activistas de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo, nos hemos reunido en la Cumbre Social por el Clima y nos hemos manifestado masivamente en Madrid para hacer sonar una vez más la alarma, con una sola voz: las negociaciones de la COP25 nos conducen a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. Depende de nosotras articular las respuestas a la emergencia climática, no podemos esperar nada de la mayoría de los Estados cuyos compromisos deberían verse enormemente incrementados. 

La vida de las personas y nuestro planeta están en peligro. Los países del Norte Global acumulan una deuda histórica a la que deben responder garantizando los fondos necesarios para dar respuesta a la emergencia ecológica y social de la mayor parte del planeta. Es inadmisible seguir cuestionando las salvaguardas de derechos humanos en la lucha climática. Sería imperdonable que mecanismos como los mercados de carbono o los mecanismos de desarrollo limpio siguiesen siendo la fuente de enormes vulneraciones sociales y ambientales.

Esta cumbre nuevamente sigue obviando la necesidad de echar a los grandes contaminadores de estas cumbres. Es más, permite que a través del patrocinio se conviertan en un escaparate donde lavar de verde a las empresas responsables de la degradación climática, obteniendo además acceso privilegiado a políticos y negociadores. 

Mientras se mencionan en los plenarios las masivas movilizaciones de los pasados meses, se ignoran las demandas de medidas reales, echando a más de 300 personas de la cumbre oficial –defensores de la justicia climática, personas científicas, jóvenes, mujeres, líderes indígenas, representantes de organizaciones de todo el mundo–, que se habían unido en una protesta pacífica para hacer sonar la alarma con una sola voz: las negociaciones de la COP25 están peligrosamente desviadas.

En 2015 los países convenían acordar un débil proceso conocido como el Acuerdo de París, pero tal y como la comunidad científica está poniendo en evidencia, este pacto global parece incapaz de mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2ºC y a ser posible en 1,5ºC. Esta COP25 podría reducir aún más esa ambición. Dilatando los tiempos de presentación de nuevos compromisos, podemos retrasar durante años afrontar la emergencia climática, lo que tendrá catastróficas consecuencias.

Apenas quedan 10 años para enfrentar la emergencia climática. Sin embargo, se sigue proponiendo profundizar en mecanismos como los mercados de carbono o mecanismos de desarrollo limpio que ya han sido fuente de numerosas violaciones de derechos humanos y ambientales. Seguir permitiendo que las grandes empresas petroleras, de aviación civil y marítima, mineras, eléctricas… sigan condicionando la ruta de descarbonización de la economía es sencillamente inadmisible. Solo una correcta planificación que consiga transformar el sistema capitalista depredador en un sistema que quepa dentro del planeta y con la vida en el centro podrá frenar la emergencia climática.

En estas últimas horas de la COP25 reafirmamos nuestro compromiso de articular soluciones reales a la emergencia ambiental y social. Es nuestra capacidad de movilizarnos, organizarnos y entendernos lo que nos puede salvar de la emergencia ecológica y social que vivimos. Hemos aprendido las unas de las otras, hemos trazado lazos de solidaridad, nos hemos contagiado las ganas de luchar. Nos vamos mucho más fuertes de lo que llegamos. Mantendremos la presión frente a los políticos en defensa del bien común. Seguiremos en las calles para frenar la emergencia climática, de Santiago a Madrid articularemos redes de solidaridad con las poblaciones que luchan por la justicia en todas partes del mundo. Frente a la política neoliberal, las zonas de sacrificio o la locura de seguir extrayendo combustibles del suelo llamamos a la resistencia pacífica pero firme y continuada, al fin y al cabo, el mundo ha despertó ante la emergencia climática. 

Crecimiento y medio ambiente

Me llama la atención (es una forma de hablar puesto que a estas alturas uno está curado de espanto) que en la COP 25 se esté prestando entre poca y ninguna atención al crecimiento económico.

Es obvio que la idea de “desarrollo” en nuestra sociedad globalizada, está asociada a la de “crecimiento” económico. Y es igualmente evidente que en la ideología dominante, el neoliberalismo, es el mercado la referencia única, pues aunque no niegue la utilidad del Estado lo hace en la medida en que garantice precisamente el libérrimo intercambio de bienes y servicios, esto es, el mercado. Por completar: con tales mimbres, hablar de "crecimiento sostenible" es para toda una corriente de las ciencias sociales un oxímoron; pero tanto el capitalismo con rostro humano como la socialdemocracia, o lo que queda de ella, hacen suya la idea y alcanzan fortuna expresiones como “economía verde” -que ya he comentado en este mismo blog- y otras.

Dejémoslo en que cabe “otro crecimiento” igual que cabe pensar en un “decrecimiento” que, como dice Federico de María quizás debiéramos llamar “acrecimiento” para no dar idea de que se propone poco menos que volver a las cavernas, lo cual en todo caso resulta pueril. El “decrecimiento” o “acrecimiento” postula más bien un cambio de paradigma que aspira a construir una sociedad de "abundancia frugal" que dice Niko Paech o de "prosperidad sin crecimiento" como propone Tim Jackson; ambos conceptos son bastante gráficos y, en mi opinión, no necesitan ser explicados o no es mi propósito ahora. 

No pretendo abrir aquí un debate al respecto. Sólo me quejo de la poca atención que en la COP25 se está prestando a lo que es sustantivo.

El profesor Vicenç Navarro, persona de prestigio entre nosotros y fuera de España, se ha esforzado por recordarnos que es un clásico del pensamiento socialista el debate sobre el crecimiento económico. Navarro escribía en 2014 en un artículo publicado en el digital Público titulado “Los errores de las tesis del decrecimiento económico” que “...el socialismo tenía que cambiar no solo la distribución de los recursos, sino la forma y tipo de producción. Y para que ello ocurriera es fundamental cambiar las relaciones de poder en el mundo de la producción (con la democratización de la producción, que es distinto a su estatalización) y cambiar el motor del sistema, de manera que el afán de lucro se sustituyera por el afán de servicio a las necesidades humanas, definidas democráticamente”

En otro orden, en septiembre del año pasado, más de doscientas personalidades de diferentes ámbitos científicos suscribieron una carta abierta (a la que después se adhirieron a modo de manifiesto, unas cien mil personas) que titularon “Europa, ha llegado el momento de terminar con la dependencia del crecimiento” En ella proponían lo siguiente: 1.- “constituir una comisión especial sobre el futuro en post-crecimiento en el Parlamento de la UE. Esta comisión debería debatir activamente sobre el futuro del crecimiento, concebir políticas alternativas para unos futuros de post-crecimiento y reconsiderar la persecución del crecimiento como un objetivo general de todas las políticas. 2.- Incorporar indicadores alternativos en los marcos macro económicos de la UE y sus estados miembros. Las políticas económicas deberían ser evaluadas en relación con su impacto sobre el bienestar humano, el uso de recursos, la desigualdad, y la generación de trabajo decente. Estos indicadores deberían tener mayor importancia en los procesos de decisión que el PIB. 3.- Transformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en Pacto de Estabilidad y Bienestar (PEB). El PEC es un conjunto de normas orientadas para limitar los déficits públicos y la deuda pública. El pacto debería ser revisado para garantizar que los estados miembros puedan satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, al mismo tiempo que se reduce el uso de recursos y las emisiones contaminantes a unos niveles sostenibles. 4.- Crear un Ministerio para la Transición Económica en cada uno de los estados miembros. Una nueva economía que se centre directamente en el bienestar humano y ecológico podría ofrecer un futuro mucho mejor que aquel que estructuralmente depende del crecimiento económico”

https://www.dropbox.com/sh/o00ljs5k0zd7k9g/AABRtaq59kbIrQxG8GJWTM5Ka?dl=0&preview=Post-Growth+Open+Letter_Spanish.docx

Ninguno de estos enfoques que constituyen posicionamientos rigurosos en direcciones diferentes están en la COP25. Quizás cuando termine nos felicitemos porque más allá de las palabras y las buenas intenciones empecemos a ver que los estados toman iniciativas significativas para enfrentar la crisis climática. Pero soy pesimista porque seguimos sin ir al fondo de los problemas. Y cada vez tenemos menos tiempo.

Menores extranjeros no acompañados, una vergüenza injustificable

La historia que les contaré pone los pelos de punta. Y, al tiempo, da una idea del grado de indignación al que se puede llegar cuando uno lee algunas crónicas presuntamente periodísticas o asiste al uso miserable que hacen del asunto la ultraderecha patria crecida y rampante y sus compañeros de fatigas, de fatigas ajenas se entiende. Sí, les voy a hablar de los Menores Extranjeros no Acompañados. Tal vez les suene más, porque es el término que usan esa gentuza a la que me acabo de referir y, por desgracia, muchos presuntos periodistas y medios de comunicación que cada vez tienen más olvidado algo que les enseñaron en primero de carrera: la responsabilidad social del periodismo. Son los MENAs, acrónimo perversamente sustantivado que debemos desterrar de nuestro vocabulario.

Mi punto de partida son sendos informes. El primero de ellos es de abril de 2017 y lo realizó Iridia, Cen­tre per la De­fen­sa dels Drets Hu­mans. El segundo está fechado en este mismo año de 2019 y ha sido realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Los dos son trabajos rigurosos, ambos se refieren a la llamada Frontera Sur de Europa y en concreto a una de las tres rutas, la española (que, en nuestro caso, es marítima y terrestre) junto a Grecia e Italia, de acceso a Europa. Los dos llegan a conclusiones similares. Y sus autores han debido afrontar parecidas dificultades para realizarlos.

Empezaremos por ahí, por las dificultades, porque ese relato de la opacidad también define de qué hablamos. Pero antes, déjenme que les diga algo que debemos saber desde el principio: cuanto oigan o lean sobre delincuencia relacionada con estos menores, adolescentes maltratados, confusos y muy vulnerables, es mentira más allá de incidentes aislados e irrelevantes. No lo digo yo. Lo dice siempre que se le pregunta el Fiscal de Sala Coordinador de Menores: "Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales" Javier Huete en el IV Congreso Interés Superior del Niño. Acogimiento familiar: hacia nuevos modelos, organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y que se celebró del 13 al 15 del pasado mes de noviembre.

La delincuencia y el coste para los servicios sociales (1.000 millones dice el bulo que hacen circular presuntos expertos que no son sino agentes de la más torpe xenofobia) son los caballos de batalla de cualquier reaccionario que se precie; por resumir: ambas cosas son falsas. La periodista María Martín lo explicaba muy bien en el diario El País hace unos días:

https://elpais.com/politica/2019/11/19/actualidad/1574185016_717770.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM&fbclid=IwAR0AGMEAAMwl1QQP-8LHqHLitRNF9Mx7egapGCq_ad-8jehjV76xfTCoik8#Echobox=1574497122

Estos chicos y chicas son víctimas de un sistema inmisericorde y, como dijo hace poco la diputada Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz, no hay cosa más miserable que agredir a los niños, a los débiles.

El trabajo de IRIDIA y de APDHA es ingente, sigue siéndolo, en especial porque hay que luchar contra la falta de transparencia y a veces hasta correr riesgos para la propia integridad personal de quienes se desplazan a Marruecos o a Ceuta y Melilla para recabar información sobre el terreno; o incluso si se intenta indagar tras las paredes de esos lugares indignos, vergonzantes, cárceles para quienes tienen la desfachatez de querer vivir, ni siquiera un poco mejor, vivir a secas, que son los CETI.

Hay muchas denuncias de maltrato en el Centro de Acogida de Menores "La Purísima" de Melilla

Las administraciones públicas, tanto la estatal como la andaluza, en el mejor de los casos arrastran los pies a la hora de entregar la información que se les pide; al cierre de esta crónica ambas organizaciones están a la espera de que se les actualicen los datos a pesar de que su insistencia es digna de mejor suerte. Ambos informes beben pues de esas informaciones obtenidas con sacacorchos de las instituciones y de las que facilitan entidades de ayuda de carácter privado tales como Save the Childrens, SOS Racismo, Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita a Migrantes, Prodeim, Andalucía Acoge, Harraga, etc, y, en menor medida, agencias como el Defensor del Pueblo Andaluz, Acnur y Unicef. Este periodista no ha tenido mejor suerte a la hora de recabar por su cuenta información de última hora. Así es que los datos disponibles corresponden a 2017 y en parte a 2018.

Si quieren tener una perspectiva como no puede ofrecer un medio escrito, es muy recomendable el reportaje dedicado a este tema por el programa Salvados de La Sexta hace unas cuantas fechas, titulado “Hijos de Nadie”:

https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-15/hijos-de-nadie_5dcec8287ed1a89ce0af67e1/

Ceuta y Melilla y la propia costa meridional española forman parte de una línea no dibujada en mapa alguno que es la frontera sur de Europa, un espacio de excepción jurídica en donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Entre Melilla y Marruecos hay un paso fronterizo internacional cuyo nombre es Beni Ensar; en Ceuta hay otro bien conocido que hoy es un recuerdo de muerte e impunidad: El Tarajal. Y hay más de 500 kilómetros de costa, 14 kilómetros infernales en la ruta más corta, El Estrecho, para quien viaja en las embarcaciones precarias con las que quienes se aventuran lo arriesgan todo.

En el lado marroquí, redadas en los asentamientos, dispersión, arrestos, tortura; Marruecos es el gendarme que la Unión Europea ha designado para tratar de ponerle puertas el viento y al que paga generosamente. En el Este es Turquía, en el Sur son Marruecos y Libia; todos países inseguros para los migrantes y los tres consumados chantajistas.

En el lado español la estrella son las devoluciones en caliente, sin identificación, sin dilucidar si se trata de menores, sin asistencia jurídica, sanitaria ni de ningún tipo. En el informe de IRIDIA, hay un testimonio que lo resume todo o casi todo; es Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios “...lo que nos ha venido diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que están bajo protección de las leyes europeas y de las leyes nacionales de cada estado cualquier persona que se encuentra bajo la directa supervisión de un agente fronterizo europeo...Puede solicitar asilo, puede reclamar cualquier situación de vulnerabilidad, puede manifestar ser menor y tiene que ser protegido”. Un sarcasmo.

Dije que lo resume todo o casi todo, porque falta en este breve apunte de contexto, una referencia a esos templos de la indignidad conocidos como CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, prisiones para quien no cometió delito alguno. Todos saturados, todos en pésimas condiciones de habitabilidad, lugares en los que esconder la miseria moral y la otra, la arbitrariedad, los abusos...En España hay 8 de estos centros; si uno busca información solicitándola por los conductos oficiales, encontrará el silencio y si pretende visitar alguno, oh sorpresa, un guardia jurado de una empresa privada, le impedirá el paso sin explicación alguna. Si insiste y trata de averiguar a partir de testimonios directos de personas que estuvieron internadas o de las organizaciones humanitarias, encontrará una única respuesta: son el infierno.

Y está la calle, claro, la calle. Porque resulta que muchos de estos menores viven en la calle, duermen al final del espigón del puerto de Melilla o deambulan por los alrededores del CETI de Hortaleza en Madrid para inquietud de las gentes de orden.

Son niños. 

Hacinamiento en el Centro de Acogida de Hortaleza, Madrid

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (citada en el informe de APDHA) en 2017 1.293 menores, 95 niñas y 1.198 niños figuran “en fuga” ¿Qué significa? Pues que en algún momento estuvieron en contacto con algún servicio de “protección” y lo abandonaron. Según el Informe sobre Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior correspondiente a este año 2019 “...de las 12.330 denuncias por desaparición, 9.737 (un 79 por ciento) son de menores, y de ellas el 52 por ciento son jóvenes inmigrantes, la mayoría de origen magrebí” Reitero: estos menores migrantes estuvieron en algún momento y de un modo u otro puesto que sus circunstancias como extranjeros no habían cambiado en el momento de desaparecer, bajo la tutela de la Administración española.

¿En donde están? ¿Donde están sobre todo las niñas? Pues algunos es posible que hayan salido de España, cayeron en manos de las mafias y son objeto de trata, y otros ...quién sabe. Miren la información que publicaba eldiario.es en mayo del año pasado:

https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-Acoge-Menas_0_772023116.html

A destacar lo que decían en la Consejería de Igualdad de la Junta en mayo del año pasado: “el abandono voluntario responde a la consecución de un proyecto migratorio que tiene su destino más allá de Andalucía” ¿Cómo lo saben? No lo saben y, lo que es peor, el desinterés, la abulia de las autoridades, están protegidos por las leyes: el artículo 172 del Código Civil dice en el apartado quinto: “la Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situación de desamparo cuando...hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido” Se lavan las manos.

Se conculca con la mayor desfachatez un principio consagrado por la jurisprudencia internacional, el llamado “interés superior del menor” que en la legislación española, viene recogido en el artículo 2 de Ley Orgánica de la Protección Jurídica del Menor: “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro tipo de interés legítimo que pudiera concurrir.”

Al margen de la absurda interpretación que hace la Junta de Andalucía del abandono de la tutela, lo cierto es que los menores se marchan (o quizás debiera decirse que escapan) de los centros porque en ellos no se les ofrece ninguna expectativa y a menudo son maltratados. Eso en cuanto a los que podría decirse que lo hacen por voluntad propia, pero el drama se hace mayor cuando cumplen 18 años: automáticamente pasan a un estado de vulnerabilidad insoportable; si, mal que bien, tenían un jergón y comida caliente, con la mayoría de edad, han de abandonar los centros en donde llevaban quizás años. Dejan de ser niños y ahora son sujetos de la normativa de extranjería, sin familia, sin orientación educativa, profesional, psicológica, sin ayuda de ninguna clase salvo la que puedan ofrecerles entidades privadas de cuyos recursos y capacidades son limitadas.

El Comité de los Derechos de Niño de la ONU en las observaciones finales de los informes sobre España 2018 “Recomienda que el Estado intensifique las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y la discriminación contra...los niños de origen extranjero, los niños solicitantes de asilo y refugiados” El Estado español no hace nada, y donde leen nada, es absolutamente nada.

¿Cuantos menores pasan de esa pseudo protección a no tener ninguna? De nuevo no se sabe. De nuevo la opacidad. La APDHA ha hecho una estimación para el año 2018 a partir de los datos que ofrece el Observatorio de la Infancia de Andalucía; dice el Informe de APDHA: “Si a 31 de diciembre de 2017 se encontraban bajo tutela del Sistema de Protección de Menores 1.309 niños y niñas migrantes y de ellos el 33,5 por ciento tenía 17 años, a lo largo de 2018 habrían cumplido los 18 más de 430, a los que habría que sumar los que se incorporaron al sistema desde enero de 2018 hasta el momento de hacer el cálculo y cumplieron los 18 en ese período, dato desconocido. En todo caso de nuevo formularemos la pregunta: “¿En donde están esos más de 400 chicos y chicas? Muchos de ellos se quedan pululando alrededor de los Centros de los que han sido expulsados porque sus compañeros que permanecen dentro pueden ofrecerles algún tipo de ayuda por precaria que sea, pero la respuesta no es muy diferente de la que ofrecí en párrafos anteriores.

Podría pensarse que tanta dejadez, tal falta de atención, semejante desidia, son el resultado de la incapacidad, pero no. Para la APDHA la regularización de la situación administrativa de los menores no es sino una farsa, un marco diseñado precisamente para la exclusión. Saquen ustedes sus propias conclusiones:

“La fecha de entrada en el centro de protección, el momento en que se realice la declaración de desamparo y el de la tramitación y concesión de la autorización de residencia durante su tutela tendrán efectos importantes en su vida, especialmente cuando alcance la mayoría de edad. La autorización de residencia en ninguno de los casos conlleva la autorización a trabajar. En este momento, si dispone de autorización de residencia podrá renovarla con una vigencia de dos años, siempre que acredite: medios económicos para su sostenimiento, que cuenta con un contrato o contratos de trabajo de vigencia sucesiva, que reúne los requisitos establecidos para el ejercicio de una actividad por cuenta propia” ¿medios económicos? ¿trabajo? 

Son niños y adolescentes. Son extranjeros. Y no tienen a nadie. 

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Juan A. Cabrera

Economía verde

Hoy ha arrancado la COP25. Para quienes no estén muy versados, 25 significa que es la vigésimo quinta conferencia desde que en 1997 se celebrara en Berlín la primera. Pero todo eso ya se lo explicarán a ustedes cuando la mayor parte de las televisiones dejen de informarnos sobre cosas tan principales como la ocupación hotelera, los menús elaborados por restaurantes de postín para la ocasión o de los antisistema (sea lo que diablos sea un antisistema), perroflautas, CDRs y anarquistas varios que aprovechan para venir a violar viejecitas y maltratar infantes, y entren en detalle -si pueden- sobre porqué llevamos veintidós años preocupadísimos y sin que apenas cambie nada.

Van ustedes a oír hablar mucho de “economía circular” (basada, sobre todo, en la reutilización y el reciclaje) la “economía azul” (que pone de manifiesto, más allá de la mera conservación, "la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento" en definición de la Unión Europea) y de la “economía verde” Sobre esta última les diré alguna cosa.

La expresión sin duda despierta simpatías nada más leerla, su definición podrá ser diversa dado que es omnicomprensiva. “Economía verde” Suena muy bien. Pero, como nos recuerdan Ulrich Brand y Miriam Lang en la extraordinaria obra recopilatoria Pluriverso (Icaria) de reciente publicación, que les recomiendo ya, la “economía verde” “...contiene una promesa triple: superar la crisis económica, la crisis ecológica y aliviar la pobreza" Todo eso. El concepto se acuñó en la primera década de este siglo por el Programa de Naciones Unidas para el Medio ambiente y se convirtió en una especie de paradigma global en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible conocida como Río+20.

Obsérvese que acaba de aparecer en este comentario ligado a la idea de “economía verde” la de “desarrollo sostenible”; está en el nombre mismo de la reunión de Río. Y debemos hacer, además, una tercera asociación: al concepto de “crecimiento” inherente (casi siempre) cuando nos hablan de desarrollo y que también recibe a menudo el apelativo de “sostenible” lo cual, dicho sea de paso y sin entrar en debates, es un oximoron puesto que en un mundo finito no cabe crecer indefinidamente y, por tanto, no hay sostenibilidad posible en esos términos.

En 2011 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló una llamada “Estrategia de Crecimiento Verde” y algo después la Comisión Europea pensó en poner en marcha -aunque quedó en nada dada la natural abulia de la institución- un plan para promover algo así como una economía de mercado ecológica que enfatizaba en la competitividad basada en la reducción de recursos y el incremento de su eficiencia; todo ello, cabalgado la ola de la benéfica e imparable evolución tecnológica, que viene siendo poco menos que una cuestión de fe.

La almendra del asunto es que quienes razonan tanto en torno a la idea de una “economía verde” vienen a concluir que el modo de parar la destrucción ambiental es reconocer y asignar un valor económico a la naturaleza y, a partir de ahí, ponerle precio. Ya se que usted, amigo/a ecologista, ha torcido el gesto con esto que acaba de leer; nota un aroma, un tufillo ¿verdad? Bueno, pues quienes hacen bandera de la “economía verde” arguyen que la naturaleza estará protegida si en los cálculos empresariales se la incluye como “capital natural” Así es que se cerraría el círculo y sería posible fomentar el crecimiento económico y preservar la naturaleza al mismo tiempo. Con un par.

El mencionado Ulrich Brand, miembro en su día de la Comisión de Estudio del Bundestag sobre Crecimiento, bienestar y calidad de vida, ha sugerido (op.cit) que en vez de hablar de “economía verde” lo hagamos de “capitalismo verde” para aludir tal vez a un modelo que sustituya al tan denostado (o no) neoliberalismo y la dictadura de las finanzas especulativas y más bien asilvestradas. Aunque Brand es alemán, nótese que sabe ironizar.

Un ejemplo para que se entienda a la primera: la transformación de la industria del automóvil europea hacia el coche eléctrico o el que utiliza agrocombustibles es sin duda una oportunidad “verde” que podría satisfacer a empresarios, gobiernos y sindicatos puesto que abre líneas de negocio nuevas e innovadoras y con márgenes interesantes para el beneficio empresarial respetando la competitividad, favorece el crecimiento económico y, por tanto, el empleo, las pensiones, etc  Los bancos, siempre en vanguardia, ya están en ello. Carlos Casas, responsable de talento y cultura del BBVA en un opúsculo que publicaba El País este domingo titulado Comprometidos con la sostenibilidad: ·”Las sociedades y los modelos productivos tienen que generar un mundo sostenible, y el futuro de la banca es financiarlo, movilizar inversión y fondos para construirlo” Gracias.

Si en nuestro ejemplo resulta que para materializar ese cambio hay que esquilmar las materias primas en África o América Latina o desposeer de su medio de vida a los agricultores indonesios para plantar colza o palma, pues nunca llueve a gusto de todos ni siquiera en el trópico. Y si vienen a por lo suyo pues ya lo hablamos con Turquía o con Libia o con quien esté dispuesto al comercio infame de la miseria.

De modo que si oyen hablar de “economía verde” es posible que estén ante alguien muy bien intencionado. Indaguen a qué se refiere no obstante. Yo lo pienso hacer; no digo que no haya quien pueda explicarnos algo que no conozcamos ya con otro nombre.

·"Hace falta un pacto de estado sobre vivienda, pero no hay ninguna voluntad política"

Mercedes Revuelta, Activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Movimiento Stop Desahucios.

Un grupo de personas ocupa durante unas horas el vestíbulo del edificio de la Junta Municipal de Usera en Madrid. Son muy pocos. Hacen algo de ruido. Revuelta lee en público un texto de denuncia y fuerza una reunión con la concejal del Distrito (PP) No dura mucho y cuando termina resume en apenas un gesto y un par de frases lo que ya sabemos, que desde el Ayuntamiento no harán nada por resolver los graves problemas de la gente que es expulsada de su casas. A mi me pide la documentación un policía municipal por hacer fotos del grupo…,y por estar allí, supongo; es lo que hay.

Mercedes Revuelta viene del 15M. Es a partir de entonces -me dice- que tomó conciencia de la barbarie de los desahucios. Sigue en primera línea.

La vivienda es un derecho. Puede parecer un recurso manido, pero es acaso el mejor marco de referencia: Dice la Constitución en su artículo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”

No es muy original nuestra Constitución puesto que al reconocer el derecho a la vivienda se atiene al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es tras el reconocimiento de tal derecho que los poderes públicos quedan mandatados para hacerlo sustantivo; de dos maneras: promoviendo condiciones y normas (nuestra Carta Magna es incluso más específica en lo que respecta a la especulación) y haciendo partícipe a la comunidad en su conjunto de las plusvalías y beneficios de cuanto los entes públicos hagan al respecto.

Es obvio que el Estado español no cumple estos mandatos.

Juan A. Cabrera (JC) ¿La cesión o venta de viviendas de propiedad pública al sector privado podría considerarse inconstitucional si no se hace respetando al menos durante un razonablemente largo periodo de tiempo las condiciones de uso que estableció la Administración en origen? ¿Porqué cree que el expolio de patrimonio público no se persigue con la dureza que cabría esperar?

Mercedes Revuelta (MR) Así debería ser, sí. La venta de vivienda pública o que se ha construido sobre suelo público, ha de estar blindada y sujeta a plazos muy largos de carencia, mucho más que esos siete o diez años que son los períodos contemplados hasta ahora. Es de sentido común: se trata de muy cuantiosas inversiones de dinero y de esfuerzo públicos que deben ser rentabilizados socialmente. Y, además, deben ser destinadas exclusivamente al alquiler.

De no hacerlo así, vemos que quienes resultan beneficiados son los promotores, primero en la venta especulativa misma y luego porque de un modo u otro están detrás de las entidades que compran una vez que las administraciones públicas se las venden a precios muy por debajo de mercado.

No se persiguen estas conductas con la celeridad y la contundencia que sería de desear porque quienes venden son políticos que están totalmente conchabados con los compradores. Lo hemos visto en Madrid en donde la ex alcaldesa Ana Botella vendió unos paquetes de vivienda y detrás del comprador, unas veces directamente y otras de manera interpuesta, estaba su hijo formando parte de la cúpula directiva del fondo de inversión Cerverus que es el propietario final. Es de una desvergüenza abrumadora. La corrupción llega al punto de que el entramado de normas y cambios en las políticas de vivienda parecen hechos deliberadamente para favorecer y beneficiar a esos fondos.

JC.- Parece que es insuficiente a todas luces el parque de viviendas de titularidad publica, en sus diferentes modalidades, disponibles en España tanto en venta como en alquiler. Según el Ministerio de Fomento y con datos de 2018, en España solo se entregaron en ese año 4.938 pisos sociales en toda España cuando cerca de medio millón de personas esperaban por una casa asequible. Un dato que a mi, sinceramente, me ha sorprendido: en 2018 el volumen de vivienda publica construido es el mismo que en 1950 ¿Cual sería la situación en términos comparativos en Europa?

MR.- En los ochenta en España se construía más vivienda que en Francia, Reino Unido y Alemania juntas, tal vez del orden de 100.000 viviendas anuales, pero los datos oficiales nos dicen que en los últimos años se ha construido una media de 350 viviendas sociales al año. Esos datos hablan por sí solos y explican un desequilibrio enorme que no se explica en un país del peso económico y demográfico de España.

En Europa hay de todo, claro, pero si nos referenciamos a países de nuestro rango, desde luego estamos en la cola. En Francia la vivienda pública disponible es del 20 por ciento sobre el total, en Alemania es un 30 por ciento y en Holanda un 40. Pero hay muchas ciudades en las que este parque sobrepasa el 60 por ciento. Da incluso vergüenza decirlo, pero en España este porcentaje es del 1,5 por ciento.

JC.- Usted ha manifestado en muchas ocasiones que nuestro país necesita un gran pacto de estado que entiendo abarca en primer lugar el acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler, pero también la atención a quienes por una razón u otra pierden su casa. ¿Cómo hacer esto en un país en donde las competencias en vivienda y también en asistencia social están muy descentralizadas?

Y sobre todo ¿como revertir una tendencia que nos habla de todo lo contrario?: El estudio El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo, de Carme Trilla y Jordi Bosch, muestra cómo la disponibilidad de vivienda protegida creció durante la crisis de principios de los noventa compensando la caída de la vivienda libre, pero tras el estallido de la burbuja en 2008, ocurrió a revés y no ha hecho sino bajar tanto la construcción como la cuota (que se impone a las constructoras) de la VPO por obra terminada, esto es, la intervención publica se desentendió e incluso actuó en contra puesto que, al contrario de lo que sucedió en muchos otros países de la UE, el gasto en ayudas directas descendió.

Y en esos años gobernaron PP y PSOE.

MR.- Como resulta obvio, la descentralización favorece el buen funcionamiento por cercanía al destinatario de los servicios. Ese es un principio general pero no necesariamente de aplicación en este ámbito. Necesitamos el gran pacto de estado porque es el gobierno quien gestiona los presupuestos generales aunque, efectivamente, la mayor parte de las competencias estén transferidas a las comunidades y los ayuntamientos. Es imprescindible una estrecha coordinación entre las tres administraciones bajo el prisma de que la vivienda es una necesidad y es un derecho. Y necesitamos ese Pacto porque a lo que asistimos en este momento es a una verdadera emergencia.

¿Cómo hacer las cosas? Tal vez la mejor explicación es verlo directamente: animo a que sus lectores vean programa que ‘Enviado Especial’ de La Sexta emitió hace unos días sobre cómo enfocan este asunto en Austria y en particular en Viena y que podría ser perfectamente extrapolable a España. Se entenderá muy bien como se debe abordar algo que tiene un evidente componente social de primer orden:

https://www.lasexta.com/programas/enviado-especial/mejores-momentos/enviado-especial-viaja-a-viena-para-encontrar-solucion-al-problema-del-acceso-a-la-vivienda_201910315dba81d40cf2e8dc518bd40f.html

Aquí en España sólo se habla de propiedad privada, de mercancía, de negocio y mucho menos de racionalidad, de bienestar, de ciudadanía; y nada de eso debería estar reñido con que un promotor gane lo que corresponda. Aquí hubo constructoras que ganaron mucho dinero a base de pelotazos y quebraron en cuanto estalló la burbuja. Una locura. En España llevamos no menos de 10 años de retraso en el desarrollo y aplicación de políticas que, simplemente, cumplan el mandato constitucional.

Ha gobernado el PP o el PSOE en estos años, sí. No ha habido diferencia.

JC.- El número de desahucios por impago de hipotecas ha disminuido en el último año y medio aproximadamente, pero ha crecido el número de lanzamientos por impago de alquileres. ¿Puede explicar porqué sucede así? ¿Hay datos sobre la dimensión del parque de viviendas públicas en origen que ha pasado a manos de los fondos buitres?

MR.- El número de desahucios en España no para de aumentar. En 2018 creció un 6,5 por ciento en la Comunidad de Madrid y un 3 por ciento de media en toda España. Efectivamente ahora se desahucia más por impago de alquileres y, en concreto, este tipo de lanzamientos son el 65 por ciento del total; es natural, digamos que después de la sangría de hace unos años ya hay menos gente amenazada por impago de hipotecas. Eso en lo que respecta a las cifras oficiales, es decir, a los procedimientos formales, aquellos en los que interviene un juzgado, pero en España también se echa a la gente a la calle por las bravas; hay edificios enteros en donde la gente es expulsada de sus hogares porque una vez los compran fondos de inversión, presionan de muy distintas formas hasta conseguir que se vayan para, a continuación, subir los alquiles a precios que esa gente no puede pagar..ni, por cierto, está en disposición de pleitear porque bastante tiene con intentar sobrevivir. Hay pequeños propietarios que, a rebufo de la situación, hacen lo mismo.

No tenemos cifras oficiales sobre cuantas viviendas de origen público han pasado a pertenecer a los fondos buitres; no hay información, pero estas cesiones, realizadas casi siempre en fraude de ley y en todo caso en perjuicio del patrimonio publico,se vienen practicando desde hace mucho tiempo; así nos lo reconocen en las propias administraciones. En Madrid ocurrió en tiempos de Gallardón al frente de la Comunidad, con Botella en el Ayuntamiento y ya de un modo grosero y sin medida, en tiempos de Ignacio González. Hace no mucho mantuvimos una reunión con Marta Higueras, la que fue primera teniente de alcalde con Carmena, y nos informó de que, según sus cálculos, habían salido del patrimonio municipal unas 21.000 viviendas, aunque en vista de la total opacidad tan corriente en este ámbito, es posible que estas enajenaciones incluyan también casos de compras por particulares que ejercitaron la opción de compra cuando estaba contemplada en su contrato.

JC.- La PAH hace algún seguimiento de las familias que sufren desahucios?

MR.- La PAH hace lo que puede con sus más que escasos recursos. Sí le puedo asegurar que trabajamos de lunes a domingo, sin descanso. Y, como es fácil suponer, estas personas tienen multitud de problemas de todo tipo que derivan de la precariedad: de salud, de atención a los hijos...de supervivencia en definitiva. Damos cuanto apoyo podemos con nuestra cercanía, buscando especialistas y profesionales que son solidarios y prestan su concurso de manera desinteresada: abogados, psicólogos, etc.

Pero créame que nos enfrentamos a una situación tremenda. En España apenas hay datos oficiales sobre nada que tenga que ver con el efecto que sobre las familias tienen los problemas de vivienda. En esas condiciones es muy complicado armar estrategias, planificar actuaciones, etc. Nuestra fuente de información es el día a día, las asambleas semanales que celebramos, etc. Sabemos muy bien del sufrimiento que genera todo esto en las familias.

JC.- Al margen de los grandes planes ¿no son interesantes soluciones tal vez de emergencia pero más sencillas?

MR.- Efectivamente hay soluciones parciales y de emergencia que podrían implementarse, por ejemplo que el Estado compre viviendas de la SAREB y las ponga a disposición. La SAREB se creó para limpiar los activos tóxicos de la banca; pues, ningún problema, estamos dispuestos a intoxicarnos con esos activos inmobiliarios que permitirían ofrecer alquileres sociales. Se puede empezar a cobrar a Bankia la deuda que tiene con el Estado y que la pague en especie, en lugar de permitir que haga grandes paquetes de viviendas que vende a fondos de inversión de los que el propio banco es partícipe como sigue haciendo. Convendría tomarse en serio la gestión de las agencias de alquiler público que en su día se pusieron en marcha con más pena que gloria. Se puede llegar a acuerdos con la banca como los que en otro tiempo se tuvieron con el Banco Sabadell o La Caixa que también tienen pisos a los que han de dar salida y tal vez estarían en favorable disposición puesto que la vivienda no es su negocio y les resulta a veces onerosa la gestión de esos activos. Es útil la cesión de terrenos públicos a cooperativas o la recuperación de promociones que se quedaron a medio hacer cuando quebraron los promotores y cuyas viviendas se deterioran sin que nadie haga nada por evitarlo ¡como si sobraran pisos en España!

Hace unos tres años, el Ayuntamiento de Madrid planteó la posibilidad de habilitar terrenos en diferentes barrios, ocho parcelas en total, para instalar en cada una 70 viviendas prefabricadas, 560 pues. Tuvimos ocasión de visitar los pilotos y eran unas casas de una calidad extraordinaria, eficientes desde el punto de vista energético, un proyecto estupendo que pudo quedar operativo en menos de nueve meses; la derecha se lo cargó aduciendo que no querían construir barracones...

JC.- ¿Cuantos desahucios se han producido desde 2007 derivados de la situación de precariedad de las familias?

MR.- La cifra inicial en estos últimos años de gran crisis de alrededor de 700.000 desahucios. Yo creo que son muchos más acorde con lo que ya dije antes...inquilinos expulsados, etc. Con la dificultad que tiene la falta de transparencia, nuestros cálculos son que en la actualidad se producen más de 200 desahucios cada día.

JC.- El futuro cercano: en un contexto de desaceleración económica y quien sabe si de recesión, los bancos vuelven a dar crédito e hipotecas por el cien por cien del valor. El Euríbor ha vuelto a datos positivos tras ocho años en mínimos históricos. El precio medio del metro cuadrado en España, se sitúa en 1.235 euros en diciembre de 2018. Es decir, una casa de 100 metros, cuesta 123.500 euros. El precio medio del alquiler en España está en unos desproporcionados 859 euros, para una superficie media de 115 metros cuadrados. ¿Estamos repitiendo la situación que se produjo tras el pinchazo de la burbuja con el agravante de que ahora también afectará a los alquileres?

¿Debe el Estado intervenir en el mercado del alquiler?

MR.- Por el final: desde luego que el estado debe intervenir en el mercado del alquiler Qué nivel de la Administración lo haga da igual. Se está haciendo ya en toda Europa. Una forma de intervención de urgencia, inmediata, es por ejemplo, prohibir por ley que alguien pueda cobrar 200 o 300 euros más al siguiente inquilino.

No soy experta, pero no creo que en lo que respecta a la compra-venta de viviendas se esté repitiendo el escenario previo a la burbuja. A pesar de lo que usted dice, no nos llega a la PAH la impresión de que ese mercado se esté reactivando de manera significativa. Pero eso no hace menos grave la situación porque, efectivamente, en lo que respecta al alquiler, es peor que una burbuja: a lo que asistimos es al abuso de grandes empresas que recibieron patrimonio público y ahora se enriquecen forzando una relación de fuerzas artificial que falsea el mercado y que amenaza, por ejemplo, con desplazar la vida del centro de las ciudades con las repercusiones que eso tiene a muchos efectos que quizás ahora no es ocasión de comentar. Al margen de medidas directas de control de precios, necesarias a mi juicio en situación de emergencia como es la que vivimos, solo una intervención decidida del Estado incorporando vivienda pública al mercado -da igual que lo haga el Gobierno de España, una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento- bien construyendo o recuperando lo perdido o ambas cosas, puede modificar a medio plazo la oferta y, por tanto, influir eficazmente en el control de los precios.

Tengo que decir que soy pesimista. En la ciudad de Madrid, que es la que mejor conozco, el actual Equipo de Gobierno anuncia la construcción de 15.000 viviendas en cuatro años; es mentira, pudieron hacerlo y, por el contrario, se dedicaron malvender el patrimonio de todos. No hay ninguna voluntad política en general; esa es la pura verdad. Y salvo algunas iniciativas ejemplares en el País Vasco y últimamente en Barcelona, poco más hay en el conjunto del Estado.

Pero en compensación con esa visión poco halagüeña del futuro, sí he de decir que el movimiento de vivienda está muy organizado y vamos a seguir dando la batalla. La PAH y el Movimiento Sotp Desahucios siguen siendo muy activos, como lo es el Sindicato de Inquilinos. Si alguien necesita ayuda debe saber que no está solo. 

la PAH paralizando un desahucio en Argumosa, 11, Madrid