Ataque al poder judicial: sigue el golpe en diferido.

No dejarán títere con cabeza. En esta forma (en cierto modo inédita) de golpear al Estado que lleva ejecutando el Partido Popular desde que los españoles le confiaron la administración de la cosa pública (qué ironía) ahora le toca también al sistema judicial, en la figura de su máximo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

Sí, es cierto que el poder ejecutivo (fuera quien fuese el partido gobernante) ha pervertido a menudo el estatus quo con el abuso del indulto para interferir en las decisiones del poder judicial. Pero esto de ahora es un ataque directo a la separación de poderes; es, una vez más, otra forma del mismo golpe de estado, como diría Cospedal, en diferido y con simulación.

Como no es un asunto que goce de demasiada atención en los medios informativos (iba a decir, sorprendentemente, pero no lo es en vista del despiste general) conviene recordar lo que pasa. Y lo que pasa, en resumen, es que a partir del próximo mes de septiembre el PP, en contra del criterio de los demás grupos políticos, las asociaciones de jueces y fiscales, el propio Consejo y hasta el Supremo, aplicará una norma que ha impulsado el ministro de Justicia y que consiste a grandes rasgos en lo siguiente:

La mitad del Consejo será renovada solo con los votos del PP en el Senado, con lo que salta por los aires el tradicional consenso parlamentario y, sin que ello implique, sensu contrario, sino un incumplimiento del programa electoral del partido que gobierna (eso no es novedad, obviamente) que se comprometió a favorecer que fueran los propios profesionales de la judicatura quienes eligieran a sus gobernantes. Y,  por resaltar solo algo más en esta reforma-carga de profundidad: sólo seis de los veinte vocales tendrán dedicación exclusiva; eso es algo que está en la lógica antidemocrática si se piensa que al Gobierno de Mariano Rajoy le resulta más conveniente que los consejeros se dediquen a esta función en sus horas libres y no enreden demasiado en estos tiempos en los que los jueces han tomado de su mano tareas de defensa de la ciudadanía en vista de que casi nadie más lo hace. Seis son mucho más manejables que veinte.

Sin duda habrá recurso de inconstitucionalidad: ya lo han anunciado prácticamente todos los grupos de la Oposición. Pero de momento, ahí queda eso: una herida más que restañar cuando llegue el momento…pero hay ya tantas.

Cuando este asunto se ha debatido en el Congreso, Gallardón, el tipo más chulo del barrio, ni ha aparecido por el hemiciclo. Dicen que no ha sido desprecio a la soberanía popular, sino que no tenía tiempo porque andaba metido en operaciones rocambolescas para enchironar finalmente a Bárcenas, y provocar una especie de voladura controlada dentro de su propio partido. ¡Joder! pues si es así, adiós a la vieja guardia, pero líbrenos la Providencia de sus cachorros.

 

 

Y la montaña parió un ratón...que nos comerá por los piés

Se nos anuncia con gran fanfarria la reforma de las Administraciones Públicas. Uno cree que saldrán a la pista una docena de tigres con su bizarro domador al frente, pero se abren los cortinones y aparece un payaso que hace una pedorreta al respetable y se retira. Solo que es un payaso perverso, letal.

Son tiempos de gestos vacíos, de eufemismos que ya resultan estomagantes.

En este anuncio por entregas que hace el Gobierno de Mariano Rajoy, el propio presidente viene explicando aquí y allá cuatro chorradas;  su vicepresidenta se extiende algo más y, por ejemplo, dice que solo con “racionalizar” (¿?) la Administración se ahorrarán más de 6.400 millones de euros. Eso sí, si las Comunidades Autónomas cumplen las recomendaciones del Gobierno, el ahorro hasta el final de la legislatura superaría los 37.000 millones. Montoro ya se ha encargado de plantearlo de tal modo que algunos responsables de gobiernos autonómicos ya hablan de chantaje al entender que se trata de imponerles la forma en que deben alcanzar los objetivos de déficit.

Naturalmente, no faltan en los planes gubernamentales las recurrentes apelaciones a modernidades tales como la ventanilla única, la administración electrónica y otras maravillas que nos producirían gran alegría y alborozo si no fuera porque hemos oído eso tantas veces para que luego acabe en nada que, a mí personalmente, ya ni media sonrisa me provoca. El chiste es que, según Montoro, por la vía de la simplificación de los trámites y gestiones, los españoles podremos ahorrar (ahora sí) más de 16.000 millones.

Y ya está la explicación de la reforma. Ahora la letra pequeña.

Dice la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que “estas reformas no están hechas para reducir plantilla, sino para buscar más eficiencia” Eso es, simplemente, mentira.

En 2012 se destruyeron más de 374.000 puestos de trabajo públicos. En lo sucesivo, dice la vicepresidenta, no se cubrirán las bajas y  “se prescindirá de algunos asesores” A continuación recomienda a las Comunidades Autónomas que supriman instituciones hasta quedarse en la raspa, es decir, que para ahorrar hay que cargarse en la práctica el modelo de Estado, lo cual, a estas alturas, a mí personalmente, me daría igual, sino fuera porque lo que todo eso significa es más gente al paro y, contra lo que sostiene Sáenz de Santamaría, menos eficiencia; por ejemplo, asegura que “ los empleados de los organismos que desaparezcan serán recolocados en otros en donde hacen falta precisamente porque tenemos que cubrir los huecos que se han producido” o sea: razonable ¿verdad? ¿van a cubrir la plaza de un interino que lleve 20 años en un juzgado mercantil por ejemplo con un funcionario de una oficina del Defensor del Pueblo suprimida? Seguro que el segundo conoce al dedillo las normas y los vericuetos procesales. Y no se sorprenda, querido lector, en la Administración española hay interinos que se jubilan de interinos, por mucho que le resulte a usted repugnante esta precarización del empleo perpetrada por la propia Administración Pública, ya saben siempre defendiendo el muy constitucional e igual de falaz argumento del principio de mérito y capacidad.

A ver si nos aclaramos entre tanta mentira interesada y tanto tópico injusto: casi el 40% de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad, la mayoría disfruta de los mismos 22 días laborables que cualquiera y los sueldos oscilan entre 1.200 y 3.000 euros al mes. En cuanto a la cuestión recurrente de que sobran funcionarios, la pregunta más bien sería de dónde, ya que 43 de cada 100 son profesores y sanitarios en un país en el que ambos servicios son universales y gratuitos...por ahora, claro. Además, en el ranking europeo por volumen de funcionarios España no está en la cabeza, sino a la mitad de la tabla.

Así es que nada de más eficiencia; puro ahorro a base de mandar gente al paro. Gente corriente quiero decir. Gente como usted y como yo.

De lo que no se habla en esta farsa de reforma de las administraciones es de asuntos como los que siguen:

En 2007 había en España 2.294 empresas públicas; en 2011 había 255 más. En este momento no sé cuántas hay; simplemente no hay forma de saberlo con certeza. ¿Cuántas son realmente necesarias? Igual me paso, pero más de la mitad solo sirven para gastar dinero, eludir obligaciones públicas, duplicar tareas y agradecer favores y cosas así. Pierdan cuidado, si se cierran muchas de ellas o se adelgazan sus consejos de administración y otras mamandurrias eso no incrementará sensiblemente las cifras de paro; y, sin embargo, el ahorro sí puede ser considerable.

Y ¿qué me dicen de las embajadas regionales en el exterior? Hay unas 300 representaciones comerciales que se solapan con el Icex. Un esquema parecido se reproduce en la promoción turística.  

¿Cuántos políticos, asesores, asesores de asesores, cargos de confianza, etc hay en España? Ya me gustaría saberlo. Si uno bucea por ahí llega a la conclusión de que una cifra ponderada podría ser la de unos 300.000 cargos; sí, circula por ahí un numero bastante más elevado pero, la verdad, no me parece muy fiable y cargado de intención. ¿Y son muchos o pocos? Pues juzguen ustedes mismos: somos el país de Europa con más cargos públicos en cifras absolutas.; recuerden: en cuanto a empleados públicos, en la mitad de la tabla ¿Demagogia? Ustedes mismos.

No hemos tenido todavía la fortuna de conocer en detalle la mayoría de las 217 medidas que Rajoy asegura contiene su reforma, pero ¿apostamos a que ninguna se refiere a modificaciones drásticas en el estatus quo que acabo de resumir?

El falso dilema de la seguridad y la libertad

Parece como si hablar de otra cosa que no sea los efectos demoledores o la inevitabilidad, según quien argumente, de este ataque que llamamos crisis a un determinado modo de vida, fuera un ejercicio en cierto modo superfluo. Tal vez por eso, el caso de las filtraciones relacionadas con el espionaje al común de los mortales por parte de Gobierno de Obama (ya me disculparán que no entre en matices acerca de si son galgos o podencos o si la abuela fuma) realizadas por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, está teniendo un cobertura informativa de perfil más bien bajo a mí juicio.

Como es sabido, se trata del último episodio de una historia que tiene otros protagonistas a quienes, sin excepción, el poder establecido -con la aquiescencia de quienes, demócratas de toda la vida, creen sin embargo que resulta ingenuo y hasta peligroso oponerse a esa clase de excesos que, aseguran, a la postre se cometen para protegernos de los males de este mundo- trata de desprestigiar inventándose delitos inexistentes o deslealtades falsas.

Es una práctica ruin y miserable que siempre se ejecuta cuando se plantea el viejo dilema, falso dilema, de la seguridad y la libertad. Es algo, por cierto, que antes se abordaba como un crudo y hasta comprensible debate ante situaciones excepcionales. Ahora los gurús de la neolibertad piensan que, en este mundo cruel, es preciso ceder albedrío por seguridad a todas horas, cada día, incluso sin que medie ataque alguno; porque, informan, el mal nunca descansa. El paradigma es la idea, la sagrada idea, de la “seguridad nacional” y en su nombre, la disyuntiva –según estos filósofos de todo a cien- entre libertad y seguridad no se discute.

Como resulta obvio, me estoy refiriendo a las libertades y derechos civiles y sus recortes en aras –dicen- del bien común, no a la libérrima acción de los mercados o del sistema financiero internacional, verdaderas armas de destrucción masiva contra la población corriente y moliente como se ha visto; frente a ellas, la gente no puede siquiera acariciar la idea de que es necesario limitar la libertad de esos agentes globales para una mayor seguridad de la parroquia. Pero ese es otro asunto que merecería su propio comentario.

“…no sólo está inseguro el que en algún momento puede convertirse en víctima de un atentado terrorista, sino cualquier persona que corre el riesgo de perder la vida al ser torturado en un cuartel o comisaría de Policía; o ser abatido a tiros en la calle tras robar una cartera y no detenerse al oír la voz de alto; o permanecer encerrado de por vida en una celda (en algunos lugares, torturado y ejecutado) por no haber podido demostrar su inocencia frente a un sistema judicial que en demasiados países favorece a los ricos o poderosos; o el que muere bajo las bombas, experimentando en su cuerpo los efectos de la tan alabada guerra preventiva, instrumento al servicio de los intereses de los poderosos grupos financieros que en la reconstrucción de lo previamente aniquilado por las armas obtienen sustanciales beneficios…es obvio que por mucho que se recorten las libertades nunca se logrará una seguridad absoluta - quimera inalcanzable - para todos ni se destruirá al terrorismo. Si en algún relato de ficción se describe una sociedad totalmente invulnerable y protegida, es indudable que esa forma de vida nada tiene que ver con lo que hoy se entiende como la aspiración más humana y satisfactoria a vivir como personas en libertad y justicia”

Me parece tan redondo, tan cierto lo que se dice, que no tengo más que añadir al párrafo que acabo de reproducir. Está extraído de un texto publicado en diciembre de 2005 en INETemas, revista del Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba (http://www.seipaz.org/articulo/piris200512.htm) bajo el título: “Libertad frente a seguridad. El falso dilema de la lucha antiterrorista” Para quien no lo sepa, acaso le sorprenderá saber que el autor de este interesante comentario no es un destacado intelectual del movimiento 15M o un tertuliano de la izquierda ilustrada, sino Alberto Piris, general de Artillería.

Partidos Políticos sí, pero no así

En febrero de este año el instituto Metroscopia publicó un sondeo según el cual, el 74% de los españoles creemos que el Congreso no nos representa. Más: el 85% entiende que los diputados no desempeñan su trabajo con honestidad.

Son datos gruesos sí, brochazos apenas. Pero en realidad no hace falta recurrir al rigor demoscópico para apreciar lo que está pasando. Usted y yo sabemos perfectamente de qué hablo ¿verdad?

A mí me parece que este diagnóstico que sigue del periodista José Antonio Zarzalejos, da de lleno en el clavo: “Los regímenes sanos no tienen miedo al cambio. El español no lo está y carece de energía para transformarse.  Por el contrario, pese a la fragilidad de sus pilastras, una clase política mediocre pugna por mantenerlo en la agonía mientras nuestro país contempla perplejo cómo los juzgados sustituyen, en afluencia, interés y determinación, al Parlamento. Son la UVI del sistema” http://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2013/05/18/un-sistema-moribundo-en-la-uvi-judicial-11306

De acuerdo con Zarzalejos. Un ejemplo entre otros podría ser el caso de las preferentes. Si ese gravísimo problema solo puede ser resuelto por la Justicia, más allá de arbitrajes y componendas varias, habremos agotado todas las herramientas del sistema. Si los jueces no dieran cumplida respuesta a lo que solo puede calificarse de estafa, habría fallado el último resorte. ¿Y entonces?

El punto apocalíptico del comentario precedente, puede encontrar su correlato en el que sigue, cuyos autores son César Calderón y Sebastián Lorenzo, el primero militante del PSOE muy activo el Twitter y otras redes sociales y el segundo director de la Escuela Nacional de Gobierno en Jefatura de Gabinete de Ministros-Presidencia de la Nación Argentina, coordinadores ambos de Open Government-Gobierno Abierto http://www.netoraton.es/?p=12770

“Los partidos políticos en España no han avanzado lo más mínimo, siguen organizados de la misma manera que hace treinta años…las soluciones pasan por cambios orgánicos y de valores tremendamente radicales”

Lo peor de todo, a mi juicio, es que los partidos políticos (o para ser más exactos, sus cúpulas dirigentes) se han  situado a la defensiva, en una posición entre perpleja y desdeñosa cuando no despótica respecto a la opinión pública o, si se prefiere, en relación a los movimientos sociales recientes. En realidad el fenómeno es más complejo, porque no solo afecta a los partidos sino a una parte activa del establishment (sindicatos, agentes empresariales, instancias culturales y financieras, periodistas y comentaristas políticos) que empieza a oler a naftalina.

Para ser justos, no es que no haya una cierta conciencia, preocupación, temor o como se quiera entender; puede entreverse en el siguiente comentario de Ramón Jáuregui, un miembro de la vieja guardia, que, paradójicamente, es el coordinador de la Conferencia Política que el PSOE celebrará en octubre próximo y que, por lo visto, debe ser el motor de la regeneración, y cuya aportación más notable –que haya trascendido- es proponer que todos los partidos vengan obligados por ley a celebrar primarias: “ Cuanto discuto con muchas personas descubro que en las bases hay una posición más rupturista…sí, creo que las bases han cambiado y no existe la fuerza vertebradora que los dirigentes teníamos antes” (España, Estado Zombi, Ignacio Sáenz de Ugarte, Cuadernos de eldiario.es Número 1)

O sea, que sí, que vale, pero ya si eso… como dicen los modernos.

Y, claro, si los partidos políticos, la clase dirigente en general y los mediadores no entienden por dónde va la sociedad; si siguen creyendo que la desafección es algo coyuntural y pasajero, apaga y vámonos. Si esas instancias no cumplen ese papel de vanguardia, de impulsores, que les corresponde en un estado de cosas ordenado, ¿quién lo hará?

¿Nos conformaremos con suponer que la pauta social la marcan esas mayorías silenciosas que tan convenientes le resultan y a las que tanto alude el partido en el Gobierno y -no nos confundamos- que sirven de coartada a una cierta izquierda apoltronada y endogámica que, a lo sumo, coquetea con los nuevos movimientos y se deja ver en las plazas y se mece en las mareas de cualquier color?

El director del Instituto Universitario de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats dice: “Hay que desconfiar de la democracia: crear más instrumentos de control desde la sociedad, dar la capacidad a la gente de controlar, evaluar y denunciar la actuación de los poderes..” (La Política será otra cosa, Juan L. Sánchez, Cuadernos de eldiario.es Número 1) De nuevo: ¿Quién lo hará?

Es falaz y profundamente injusta la especie de que quienes participan de eso tan amplio que se da en llamar el 15M, son algo así como una vanguardia revolucionaria que lo que desea es derribar el orden establecido y bla, bla, bla. Nadie que se haya acercado a sus manifestaciones aunque solo fuera por curiosidad puede sostener semejante estupidez, salvo que esté interesando precisamente en fomentar la estupidez y la inacción.

Esa gente es la misma que responde a las encuestas. Por ejemplo, a otra de Metroscopia (ésta de finales de mayo de este año): los españoles seguimos teniendo bien claro que sin partidos políticos no puede haber democracia; lo dice el 80% de los encuestados. El 70% cree que sería buena la aparición de nuevas formaciones, por ejemplo, originadas en los movimientos sociales como el 15M. Y, por cierto, ojo al dato: el 61% de los votantes del PP lo cree así y el 69% de los del PSOE también; si esto no es el certificado de defunción del bipartidismo que venga Dios y lo vea.

De modo que basta ya de mirar por encima del hombro, envolverse en la nostalgia de consensos, transiciones y certificados de demócratas de toda la vida, y manos a la obra. Dejen los partidos políticos de mirarse el ombligo, limpien su casa por dentro y atiendan las propuestas que con toda concreción se están haciendo ya desde distintas instancias. Reformen con carácter urgente la Ley de Partidos. ¿Una propuesta concreta para hacerlo? Ahí va una entre muchas, la que se presentó el pasado lunes día 1 mediante un manifiesto (http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto/) impulsado por más de 100 periodistas, economistas, abogados, etc (es decir, nada de perroflautas) encabezados por Carles Casajuana, Luis Garicano, Cesar Molinas y Elisa de la Nuez y que ya ha alcanzado las 17.000 adhesiones:

“1.- Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija;

 2.- Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva; 3.- Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control;  4.- Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso;  5.- Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias;  6.- Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido, y 7.- Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral”