El más que dudoso compromiso de FITUR con la sostenibilidad

Fitur, la Feria Internacional de Turismo, afirma que la sostenibilidad es un tema central en la edición actual de esta feria dedicada a un sector intensivo en la emisión de gases de efecto invernadero.

El avión es el medio más usado por el turismo y un gran responsable de esta huella ecológica.

Para Ecologistas en Acción, la reducción del número de vuelos resulta fundamental para frenar el cambio climático y avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible y justo.

Fitur afirma este año que la feria internacional de turismo se centra en la sostenibilidad. Ante esta declaración, Ecologistas en Acción ha recordado que el turismo es un sector en el que la huella de carbono creció de 3,9 a 4,5 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO₂) entre 2009 y 2013, una cifra que supone el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial.

Según la organización ecologista, no parece que Fitur tenga un compromiso real con la sostenibilidad. Un ejemplo es lo que sucede con el transporte aéreo, que representa la mayor parte de la huella de carbono del sector. Por ello, Ecologistas en Acción ha enfatizado que las aerolíneas deben dejar de lado sus actuales medidas cosméticas de lavado verde (Iberia se presenta en Fitur con un estand de papel) y comprometerse a aplicar medidas concretas y ambiciosas de reducción de su huella de carbono.

Hay que tener en cuenta que la expansión de la aviación y el crecimiento masivo del turismo están estrechamente ligados. En 2017 el 57 por ciento) de todos los desplazamientos por turismo fueron realizados en avión, según datos de la Organización Mundial del Turismo. Y, según dicha entidad, en 2018 el número de viajes internacionales se situó por encima de los 1.400 millones superando las previsiones que el propio sector manejaba.

El aumento del número de vuelos en los últimos años ha supuesto un crecimiento exponencial de las emisiones de GEI del sector. Mientras que las emisiones mundiales de CO2 aumentaron un 25 por ciento entre 1990 y 2010, las de la aviación se incrementaron en más de un 70 en el mismo período.

Además, las previsiones son realmente preocupantes: en un informe de 2015 para el Parlamento Europeo, el grupo de investigación Öko-Institut ya advirtió de que las emisiones de CO2 de la aviación internacional podrían alcanzar el 22 por ciento de las emisiones mundiales en 2050.

Por otro lado, los impactos de la aviación como medio de transporte no se limitan únicamente al ámbito ambiental. Desde una perspectiva social y económica, Ecologistas en Acción ha recordado que el avión constituye el medio de transporte más injusto. En primer lugar, por ser elitista: se estima que menos del 10 por ciento de la población mundial ha cogido o cogerá alguna vez un avión. A pesar de ello, los impactos ambientales de la aviación afectan al conjunto del planeta y, especialmente, a los países y comunidades más vulnerables.

En segundo lugar, la aviación afecta de manera directa al bienestar de las personas que viven cerca de infraestructuras aeroportuarias: estas sufren más enfermedades derivadas de la mala calidad del aire y el ruido, y, en numerosas ocasiones, comunidades enteras son despojadas de sus tierras para la construcción de aeropuertos. En la actualidad hay cartografiados más de 1.200 proyectos de construcción o expansión de infraestructuras de este tipo a nivel global.

Por último, la industria de la aviación vive en un sistema de privilegios que explica en gran parte su posición dominante frente a otros medios de transporte más sostenibles. Las múltiples ventajas fiscales (como la exención de impuestos al combustible o tipos reducidos de IVA) de las que disfrutan, así como las subvenciones millonarias que aerolíneas e infraestructuras aeroportuarias reciben para mantener artificialmente su rentabilidad, ponen en una injusta situación de ventaja al avión respecto al tren o al autobús.

Frente a este modelo de movilidad y de turismo insostenible y destructivo, que desafía los límites del planeta y se centra únicamente en satisfacer las pautas de consumo de una minoría a nivel global, Ecologistas en Acción defiende un paradigma de turismo de distancias más cortas. Un turismo de tiempos más largos y más manejable, con sistemas de transporte más limpios.

Dentro de ese modelo, la reducción del número de vuelos resulta una condición fundamental. Para ello, deben ponerse en marcha políticas que desmonten los privilegios de la industria de la aviación y que fomenten alternativas de transporte más sostenible, fundamentalmente a través de la mejora de las infraestructuras ferroviarias y de la recuperación de líneas de tren nocturno.

685.000 firmas contra los tribunales privados, un escollo para la transición ecológica

Comunicado de Ecologistas en acción: 

· Coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos 2020, la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados, 685.000 firmas recogidas durante 2019 por la iniciativa europea ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.

· Con estas firmas se pide la eliminación de todos los tratados de comercio e inversiones que contengan el mecanismo ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS). Este sistema de tribunales privados pone trabas a la transición ecológica justa y es usado por las multinacionales para intimidar a los gobiernos.

· La campaña exige, entre otros, la salida del Tratado sobre la Carta de Energía, por el que España (el segundo país del mundo con más demandas recibidas bajo este sistema de tribunales privados) ha recibido 47 demandas.

· En su lugar, la iniciativa europea exige un tratado internacional vinculante que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de 18 países de la UE, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han entregado las firmas de la petición a sus representantes políticos en toda Europa. Lo han hecho coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, justo un año después del inicio de la iniciativa.

En el Estado español, la entrega de las firmas se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados para pedir a los grupos parlamentarios y al autodenominado ‘gobierno progresista’ que escuche las demandas de las miles de personas que exigen el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela ISDS. También se ha exigido la creación de una normativa para controlar que las empresas españolas no vulneren los derechos humanos y destruyan el medio ambiente.

El ISDS es un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislación que pueda afectar sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los Estados. Esta herramienta se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) o el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam, aprobado ayer por la comisión de comercio del Parlamento Europeo.

El Estado español es el primer país de la Unión Europea, y el segundo a nivel mundial, que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), un total de 51, de las cuales 47 se han llevado a cabo en virtud del Tratado sobre la Carta de Energía.

Aunque dichas demandas se han producido en el contexto del recorte de España a las renovables, ya existen casos que muestran cómo este tratado puede ser utilizado contra Estados que adopten necesarias y urgentes medidas de transición ecológica. Sirva como ejemplo las demandas anunciadas recientemente por las compañías Uniper/Fortum y TWE contra Holanda por aprobar una ley que prohíbe la quema de carbón en la la producción de electricidad.

Las organizaciones promotoras de la campaña han señalado que estas demandas, presentes y futuras, se traducirán en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores, en vez de dedicarse a medidas sociales de transición justa. Por ello, la emergencia climática hace necesaria más que nunca la salida de España del TCE, y la terminación de cualquier tratado que contenga dicho mecanismo.

Normativa para acabar con los crímenes corporativos

En lugar de los ISDS, la iniciativa exige un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, acompañado de legislación a nivel europeo y estatal, que permitan juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.

En 2018, 321 personas que defendían los derechos humanos y ambientales fueron asesinadas por oponerse a abusos corporativos. A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia.

Desde el 2014 se está negociando un tratado vinculante de las Naciones Unidas. Sin embargo, tal y como señalan los portavoces de la campaña, “los lobbies empresariales y algunos países e instituciones, la UE entre ellas, llevan todo este tiempo obstaculizando la adopción de un tratado fuerte que se traduzca en medidas reales y efectivas para parar los pies a la impunidad corporativa”.

A nivel de los Estados, Francia lleva la delantera, con la adopción en 2017 de una ley sobre el deber de vigilancia de las empresas. La ley ha sido recientemente utilizada contra la multinacional francesa Total por no incluir en su plan de vigilancia el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero y por no respetar los derechos humanos y el medioambiente en Uganda. Si bien esta ley supone un enorme paso adelante, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar su aplicación efectiva.

Durante la entrega de firmas, Ecologistas en Acción ha recalcado que el nuevo Gobierno español debe priorizar la protección de los derechos humanos y del medioambiente allí donde operen sus multinacionales. Para ello, le ha pedido que se implique de forma constructiva y proactiva en el proceso de elaboración de un Tratado Vinculante de la ONU y promover de manera inmediata la elaboración de una ley a nivel estatal a semejanza de la francesa. 

Hay gobierno y es de izquierdas

Pues sí. Resulta que vamos a tener un gobierno en el que las izquierdas se han concertado

por primera vez desde la II República y, en el caso de Podemos, tras aguantar lo que nadie ha debido soportar jamás en democracia; en ninguna parte. Ya son lo de menos sus crisis internas y sus errores bien naturales; lo demás, desde la guerra sucia a dificultades de todo tipo hasta llegar aquí. 

Lo cierto es que Podemos (con su peculiar estructura dispersa y variopinta, con IU y con parte de Equo, ciertamente) estará gobernando apenas cinco años después de su creación. Van a gobernar acorde a un programa que es genuinamente socialdemócrata al modo tradicional, nada radical, que tiene de revolucionario y anticapitalista o antisistema lo que yo de sacristán; basta leerlo.

A eso ha respondido la derecha tildando tal gobierno de ilegítimo, utilizando en sus ataques dislocados a las victimas del terrorismo, a la patria y al Rey, amenazando diputados, llamando incluso a la insurrección y mintiendo, mintiendo mucho, mintiendo todo el tiempo y sobre cualquier cosa. En la Investidura, ni una palabra sobre el acuerdo PSOE-UP; ni siquiera sobre la literalidad de lo firmado con PNV y ERC, solo suposiciones, falsedades o medias verdades sobre la letra y el espíritu de los acuerdos, anuncios del Armagedón catalán e insultos varios al presidente del Gobierno en funciones. España es un país en el que sale gratis llamar traidor a quién ostenta la representación de uno de los poderes del Estado.

No se si es histórico porque da pudor usar ese adjetivo en vista de que los muy devaluados medios de comunicación españoles han manoseado y trivializado el adjetivo hasta la náusea. Sí se que en unos días habrá gobierno y que eso levanta no pocas esperanzas en mucha gente. El Partido Popular (el resto de la derecha o está camino de desaparecer o es puro fascismo) debiera darse cuenta de que hoy no hay alternativa y solo de ellos depende que la haya en el futuro si, como dice Casado, esa es su vocación. Ciudadanos no existe y VOX debe ser combatido; sí, sobre todo por el PP. O será devorado.

Debieran acallarse las voces que desde el propio PSOE y sus aledaños (algunos barones, viejos roqueros, socialistas que dicen ser pata negra y otras faunas) han oficiado una especie de quintacolumnismo de eso tan raro que llaman “sanchismo”. También ellos han perdido; háganse a un lado y no estorben.

Ojalá desaparezca de nuestro lenguaje para siempre la palabra “constitucionalista”, mendaz denominación que sirve para designar precisamente a quienes no les interesa la Constitución más que para sus fines cortoplacistas, romos, muy poco patrióticos. Para eso y para dividir, estigmatizar y agredir. 

Gobierne pues el Gobierno y hágalo con la determinación que corresponde a su magistratura y su misión. Sin aspavientos pero, llegado el caso, con la firmeza que exige el cumplimiento del mandato que ha recibido de la voluntad popular. Habrá mucho ruido, va a ser difícil, pero el Gobierno dispone de las herramientas necesarias para laminar si hace falta a quien busque el modo de torcer esa voluntad.

Suerte. Nosotros, la gente corriente, nos jugamos mucho.