jueves, 16 de abril de 2020

¡A ver esos liberales!


Dicen los especialistas en psicología social que un efecto de las pandemias y catástrofes es una suerte de paralización; uno entra en una especie de depresión, se amohina en un rincón del cuarto de estar y ahí me las den todas. Los más levantiscos se apuntan a la doctrina del shock que consiste básicamente -lean a Naomí Klein- en que te la meten doblada aprovechando que estás en un pasmo. Y luego están los que, incapaces de pensar soluciones, buscan culpables todo el tiempo, eso sí, sin moverse del sofá.

Vale, cuando todo esto pase, organizamos un Núrember de andar por casa y los metemos a todos en la cárcel (si caben que, llegado el caso, son muchos y de diferentes responsabilidades y rangos) pero ahora mejor no vamos a reclamar al piloto, al copiloto, al sobrecargo y a los auxiliares de vuelo por la bazofia de comida que dan en el avión no sea que se distraigan en plena turbulencia; mayormente porque no tenemos otra tripulación.

También podemos desde eso que (a veces de un modo algo pomposo) llamamos sociedad civil, dejar de pedir: que si nos avisan tarde, que si los niños, que si qué hay de lo mío, que si la abuela fuma...Bastaría con una exigencia inmediata y otra para pasado mañana: que se proteja a los sanitarios y a los viejos; obviamente, los primeros porque son los que nos pueden salvar y los segundos porque están cayendo como moscas y no hay razón (¡no la hay, hostias!) para que sea así. La de pasado mañana es dejarse de mandangas y acordar ya la Renta Básica Universal, no esa pantomima del Ingreso Mínimo Vital en la que anda el Gobierno y los interlocutores sociales sea lo que diablos sea “los interlocutores sociales” No me pidan que explique la diferencia, tengan la bondad: hay mucha literatura accesible al respecto y yo mismo lo he comentado en este blog; si no lo copio es porque está muy feo citarse a uno mismo.

Desde el inicio del estado de Alarma ha pasado un mes. A parte de la respuesta a la evolución de la enfermedad, el Gobierno ha puesto en marcha muchas medidas cuya operatividad y eficacia está aún por ver. La que sí está muy clara es la intención: en su mayoría pretenden proteger o ayudar a quienes tienen pocas capacidades de salir adelante por sus propios medios.

Hecho en falta a esos liberales, apóstoles del emprendimiento y campeones del ERTE, proponiendo cosas: por donde reorientar algunas industrias; de qué modo desmontar el oligopolio de la energía a fin de adaptar ese sector estratégico a la realidad social y dejar de trincar; cómo optimizar unas formidables infraestructuras turísticas en el futuro inmediato con fórmulas creativas, tan dinámico como es ese sector; de qué manera mejorar nuestras exportaciones. No veo la ingeniería financiera que tanto ayudó a robar a todo dios, poniéndose al servicio de quienes, habiéndoles salvado a ellos en su día de la ruina, en algún momento volverán a necesitar una línea de descuento o un préstamo al consumo. Cómo, en definitiva, hacer de la necesidad virtud, hacer que, en efecto, toda crisis sea una oportunidad y otros mantras que tanto le gustan al capitalismo. Ya tardan ¿A qué esperan? ¿A que el Estado, el maldito estado, el inútil e ineficiente Estado, les saque las castañas del fuego? ¿A que escampe?

viernes, 10 de abril de 2020

Ingreso Mínimo Vital vs Renta Básica Universal



Aclarémonos:

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que prepara el Gobierno, no es la antesala de la Renta Básica Universal (RBU). No se hagan ilusiones, no tiene nada que ver. Y si se lo venden así, no les crean.

El primero es un subsidio provisional, limitado en el tiempo y condicionado, que estigmatiza porque señala a quien es pobre o está cerca de serlo, o como reza el eufemismo, está en el umbral de la pobreza.

La segunda es un derecho para todos, para siempre y una herramienta para la redistribución de la riqueza. ¿La cobran también los ricos? Claro, por la misma razón que votan o tienen acceso a la Sanidad pública, pero la pagan con creces mediante un sistema fiscal justo y de verdad progresivo.

¿Hace falta ahora el Ingreso Mínimo Vital? Desde luego, con urgencia. El problema es que gestionarlo puede ser un galimatías porque hay que demostrar ser merecedor (qué ironía) y, dado nuestro confinamiento, habrá que hacerlo por internet.

Puede parecer sorprendente que De Guindos, el Financial Times y hasta Maruenda estén a favor del IMV. No crean que se han caído del caballo camino de Damasco, es que están tan acojonados como yo (por distintas razones, claro) con la que se nos viene encima; si la pobreza se extiende, la economía del país se va al carajo y eso nos afecta a todos, pobres, ricos y medio pensionistas.

¿La RBU? También les gusta, sí. Pero porque creen que financiándola con fondos que salen de recortes en el estado del bienestar, hacen un negocio redondo. Háblales de cambiar la fiscalidad y verás como tuercen el gesto.

¿Saben qué es lo peor? Que me parece que en realidad en el Gobierno no hay nadie que esté a favor de la RBU y, cuando digo nadie, digo nadie. Unos porque a menudo no se sabe si van o si vienen y otros porque no la entienden y eso de que la cobren Amancio Ortega o Ana Patricia Botín, les da urticaria.

miércoles, 8 de abril de 2020

El Covid19 y el comercio de proximidad

Qué duda cabe de que el mundo se ha ralentizado y bastante tenemos con combatir la pandemia del Covid19. Hay quien se dedica a poner palos en la rueda; son los patriotas de siempre. Y hay quien, a pesar de todo, trata de hacer aportaciones útiles que, si de verdad nos creemos ese bien intencionado mantra de que después del desastre cambiaremos a mejor, habría que tener muy en cuenta desde ya.

El pasado 30 de marzo más de 150 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, enviaron una
carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demandando medidas para que, dentro del estado de alarma actual, se proteja a la pequeña producción agroalimentaria y los canales cortos de comercialización.

Tras una respuesta poco clara y más bien evasiva y ante la falta de medidas concretas, cerca de 600 organizaciones y colectivos de todo el Estado han registrado una nueva carta a los ministerios de Sanidad y Consumo este 8 de abril. En ella se solicita formalmente que se “dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad”, entre otros sectores.

Esta segunda carta es el siguiente paso en el marco de la campaña #SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas, sindicatos, productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación que exige medidas concretas para la protección de la economía local y el sector agroalimentario de pequeña escala.

Las organizaciones denuncian los costes inasumibles a los que productoras y productores locales tienen que hacer frente por el cierre generalizado de los mercados alimentarios. Esto se debe a la interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del Covid19.

Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, y lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados.

Las organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de comercialización puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis.

Los canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser superiores a las de cualquier supermercado. En concreto, las organizaciones citan la regulación que hizo de la venta directa de alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que han hecho la Consejería de Medio Rural en Galicia y la Consejería de Agricultura en Cataluña.

Asimismo, de cara a mitigar el enorme impacto económico que está provocando esta crisis en las economías agrarias y rurales, entre otros motivos por la inactividad del sector hostelero y el descenso de las exportaciones, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones. Deben apostar por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; y se deben impulsar medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.