Los rectores creen, según la postura oficial de la CRUE (la Conferencia que los
agrupa) que en el mencionado texto normativo, ya convalidado por el Congreso de
los Diputados, existen "dificultades técnicas" para la aplicación de
algunas de las medidas planteadas. Exquisito y eufemístico lenguaje el de los
magníficos que para eso ocupan el vértice de la pirámide en el tempo del saber.
El miércoles de la semana pasada y en sede parlamentaria Wert mostró su “disponibilidad
al diálogo con los dirigentes universitarios” y dijo no tener "ningún
problema" en introducir sus propuestas de mejora en el Real Decreto. Así es que el ministro, salvo rarezas de
última hora, estará en la reunión de mañana y ha ofrecido (ayer mismo durante
una visita a un colegio en Valladolid) un debate "sincero, abierto y
honesto" a los rectores para evitar los efectos "no deseados" y
las "implicaciones negativas" estimadas por la comunidad
universitaria.
Pero ¿qué hay tras tan exquisita esgrima verbal? Lo que hay
tras el Real Decreto y otras medidas en relación a la Universidad española es
el control gubernamental y/o de las
administraciones autonómicas prácticamente absoluto de la universidad pública
en perjuicio de la tradicional autonomía universitaria; la legitimación de la
presencia de empresas privadas en la propia formación más allá de la mera colaboración;
y la exclusión de hecho de la educación de las clases medias-bajas y trabajadoras,
en razón de la insoportable subida de las tasas de matrícula.
Algunos ejemplos:
La sumisión de las universidades a la Ley de Estabilidad
Presupuestaria significará de hecho que las CCAA decidirán directamente sobre las nuevas
contrataciones y renovaciones de contratos del profesorado, sobre la consolidación
o cambios en cuestiones estrictamente académicas como es la gestión de
categorías de profesores titulares doctores, ayudantes contratados, etc; los
rectorados también perderán el control práctico de la organización lectiva
global, del mecanismo de traslados…
En lo que respecta a la presencia de la empresa privada en
la universidad pública, hasta ahora se entendía como deseable (lo es, naturalmente) el
establecimiento de alianzas estratégicas para desarrollar programas y proyectos.
Ahora lo que se consagra es la posibilidad de desarrollar conjuntamente las enseñanzas
mismas que, se orienta en el Decreto, han de conducir a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial. En apariencia es un cambio puramente de
matiz pero, en la práctica vuelve a ser un ataque a la autonomía universitaria.
Pero sin duda lo más grave es el incremento de las tasas y
ello por dos razones, porque esa modificación significa de hecho un cambio de
modelo en la enseñanza pública y porque, en la práctica va a implicar la inadmisión (cuando no la expulsión)
al sistema de quienes no puedan costearse los estudios; además, con un feo
resabio que podría llegar a calificarse de xenófobo.
Pensemos que la educación pública, como otros servicios
esenciales, ya se paga con los impuestos en su mayor parte. De ahí que hasta
ahora un crédito en grado costara al estudiante en primera matrícula 14,05%
(lo cual representaba un 15% del coste real de la enseñanza) Con la aplicación de las
nuevas normas, pasará a costar 23,4 euros, es decir, el 25% del coste real. En
segunda y tercera matrícula el coste asumido por el estudiante puede llegar
hasta el 75% (¡93,6 euros por crédito!) Será discutible como todo, pero a mí me
parece que estamos pasando de la educación como derecho a la educación como
servicio.
La discriminación económica llega a grados verdaderamente
preocupantes si consideramos, por ejemplo, los másters. Se dirá que eso es natural cuando
la enseñanza no es de grado. Pero es que afecta incluso a aquellos estudios que
resultan imprescindibles para el ejercicio profesional. El Máster de Formación
de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato pasa de tener
un coste de matrícula de 1.553 euros a 2.489. Pero hay más: imaginemos que un
estudiante extranjero quiere hacer en España un post grado en Estudios
Hispánicos; sus 60 créditos cuestan en este momento 1.534 euros, pero a nuestro
estudiante le va a salir la broma por 10.022 euros el curso que viene solo por el hecho
de llamarse Aixa, Smith, Rodrigues o Ngonga.
De modo que los Rectores y el ministro Wert se saludarán
mañana como gentes educadas que son, tomarán un refrigerio como personas finas
y provectas, nadie se levantará de la silla precipitadamente. Y ya veremos qué
pasa cuando lleguen a los “efectos no deseados” y a las “implicaciones
negativas” La presidenta de la CRUE,
Adelaida de la Calle dijo hace bien poco que no están en contra de la
austeridad pero sí de que se “esté olvidando el valor social de la universidad” En realidad poco van a poder hacer los
rectores ante la apisonadora que en este ámbito conduce Wert pero, si fuera necesario, esta vez deberían
dar un puñetazo encima de la mesa; se lo agradecerían profesores, alumnos y
observadores entre los que me cuento.
