Qué
duda cabe de que el mundo se ha ralentizado y bastante tenemos con
combatir la pandemia del Covid19. Hay quien se dedica a poner palos
en la rueda; son los patriotas de siempre. Y hay quien, a pesar de
todo, trata de hacer aportaciones útiles que, si de verdad nos
creemos ese bien intencionado mantra de que después del desastre
cambiaremos a mejor, habría que tener muy en cuenta desde ya.
El pasado 30 de marzo más de 150 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, enviaron una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación demandando medidas para que, dentro del estado de alarma actual, se proteja a la pequeña producción agroalimentaria y los canales cortos de comercialización.
Tras
una respuesta
poco clara y más
bien evasiva
y ante la falta de medidas concretas, cerca de 600 organizaciones y
colectivos de todo el Estado han registrado una nueva carta a los
ministerios de Sanidad y Consumo este 8 de abril. En ella se solicita
formalmente que se “dicten las instrucciones pertinentes a las
comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones
para los mercados no sedentarios de proximidad”, entre otros
sectores.
Esta
segunda carta es el siguiente paso en el marco de la campaña
#SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas,
sindicatos, productoras y productores locales, plataformas,
cooperativas y grupos de investigación que exige medidas concretas
para la protección de la economía local y el sector agroalimentario
de pequeña escala.
Las
organizaciones denuncian los costes inasumibles a los que productoras
y productores locales tienen que hacer frente por el cierre
generalizado de los mercados alimentarios. Esto se debe a la
interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos
locales y autonómicos están haciendo de las prohibiciones
decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del Covid19.
Esta
situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además
de estar incrementando el desperdicio alimentario por la
imposibilidad de dar salida a sus productos, y lo que es más grave,
que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más
sanos frente a los procesados.
Las
organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e
higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que
los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de
comercialización puedan seguir siendo garantes de seguridad
alimentaria durante esta crisis.
Los
canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de
bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y
abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de
alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser
superiores a las de cualquier supermercado. En concreto, las
organizaciones citan la regulación que hizo de la venta directa de
alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos
a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que
han hecho la Consejería de Medio Rural en Galicia y la Consejería
de Agricultura en Cataluña.
Asimismo,
de cara a mitigar el enorme impacto económico que está provocando
esta crisis en las economías agrarias y rurales, entre otros motivos
por la inactividad del sector hostelero y el descenso de las
exportaciones, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones.
Deben apostar por las producciones locales, las de origen extensivo y
las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer
hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores
escolares o bancos de alimentos; y se deben impulsar medidas fiscales
como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.
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